Un nuevo informe de Hacienda señala “las ilegalidades cometidas por la Consejería de Economía” en el expediente de la Perla Negra

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Un nuevo informe del Ministerio de Hacienda, complementario de los tres ya emitidos en relación con el caso Perla Negra en el que se investigan los sobrecostes pagados en la adquisición del edificio de Arroyo de la Encomienda conocido como la Perla Negra, señala que “en los informes emitidos tanto por la Interventora Delegada de la Consejería como por el Interventor General se ponen de manifiesto las ilegalidades cometidas en la tramitación de este expediente por la Consejería de Economía” que entonces dirigía el ya fallecido Tomás Villanueva.

Además, en el informe al que ha tenido acceso últimoCero, se concluye que “la justificación y motivación del alquiler de este edificio en concreto y no otro, es vaga e insuficiente con la documentación obrante en expediente”, donde no constan “los informes de control financiero” preceptivos.

Este nuevo informe, fechado el pasado 15 de noviembre, es complementario a otros tres ya emitidos en agosto y diciembre de 2014 y en diciembre de 2015, en los que, con relación a este asunto, se recomendaba analizar los contratos de alquiler que vinculaban a los distintos servicios y organismos de la Junta de Castilla y León con la ADE. Uno de esos informes apuntó “la existencia de un contrato de alquiler entre la Junta y ADE Parques, de fecha de 30 de diciembre de 2011, si bien la relación de arrendamiento existía desde la apertura del edificio de forma tácita; y se reiteraba la necesidad de solicitar el expediente de alquiler de la Consejería de Economía y Empleo”.

El resultado del trabajo desplegado ahora por el funcionario del Ministerio de Hacienda que firma el informe pone de manifiesto que dependencias de la Consejería de Economía y Empleo se mudaron a la Perla Negra “a finales de 2009”, mientras que “la relación contractual de arrendamiento comenzó en enero de 2010”.

Sin embargo, “el contrato de alquiler no se firmó hasta el 30 de diciembre de 2011”. El contrato se firmó por 10 años. “Por lo tanto, y aunque no estaba formalizado por escrito, ya antes de la firma de este contrato existía una relación contractual de arrendamiento entre las dos partes de forma tácita”, aunque “no se realiza ningún pago del alquiler con anterioridad a la firma del contrato, como se deduce de la documentación obrante en el expediente”.

Especialmente llamativos son todos los aspectos relacionados con la tramitación del expediente para pagar a la empresa Urban (promotora del inmueble) por las ocupaciones que se habían producido antes de la firma del contrato de alquiler, durante los años 2010 y 2011. El informe del Interventor General de fecha 17 de julio de 2012 concluye que “no se puede fraccionar en 10 años el pago de obligaciones que se reconozcan por importe de 1.945.491,21 euros derivadas del uso de edificio por unidades administrativas de la Consejería”.

Además, la Intervención delegada de la Consejería emitió un informe el 25 de julio de 2014 sobre el reconocimiento de obligaciones en el que se indica “expresamente” que “se ha adquirido un compromiso de gasto vulnerando el artículo 108 de la Ley 2/2006”.

Por si estos dos informes fueran poco, el 9 de septiembre de 2014, otro informe de la Intervención General de la Comunidad reconoce que “se han generado unas obligaciones de forma irregular”. Además, en este informe se señala que “se han generado estas obligaciones sin la existencia de un contrato de arrendamiento en vigor, incumpliendo lo dispuesto en los artículos 107 y siguientes de la Ley 11/2006, de 26 de octubre, de Patrimonio de la Comunidad de Castilla y León” y también se reconoce “un incumplimiento del artículo 257 de la Ley 2/2006 en cuyo apartado 2 delimita el ámbito de la función interventora, reconociendo que se ha contraído un gasto sin la preceptiva fiscalización previa”.

Pese a todos los informes en contra, el 25 de septiembre de 2014, el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera y el entonces consejero de Economía, Tomás Villanueva, acabaron firmando el acuerdo que permitía realizar esos pagos a la empresa de la Perla Negra, Urban, utilizando para ello un procedimiento extraordinario contemplado en la normativa autonómica que, según se señala por el redactor del informe del Ministerio de Hacienda “no tiene equivalente en la Ley estatal”.

El informe del ministerio también señala que “aunque en el expediente consta el contrato de alquiler, no se ha adjuntado la fiscalización del mismo y por tanto no se ha podido verificar su realización” y que “tampoco se han enviado las fases posteriores a la firma del contrato (reconocimiento de obligaciones, propuestas de pago y pago”.

A la vista de este trabajo, el funcionario de Hacienda concluye que “en los informes emitidos tanto por la Interventora Delegada de la Consejería como por el Interventor General se ponen de manifiesto las ilegalidades cometidas en la tramitación de este expediente por la Consejería de Economía”, que “la justificación y motivación del alquiler de este edificio en concreto y no otro es vaga e insuficiente” y que “no constan en el expediente los informes de control financiero” que tendrían que haber realizado las mismas personas que formaron parte de la mesa de contratación en la que se decidió la compra del edificio.

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