Alrededor de 200 estudiantes, familiares y amigos han arropado a los acusados a las puertas del juzgado y en una manifestación celebrada durante la sesión
El juicio, que se reanudará el 1 de diciembre, no ha quedado visto para sentencia puesto que faltan las declaraciones de dos testigos de la defensa
Los jóvenes han declarado que no quisieron impedir la salida del expresidente, Ignacio Diego, y que los escoltas les «empujaron y agredieron»
El juicio contra los acusados de #PreguntarNoEsDelito se ha celebrado este miércoles marcado por las muestras de apoyo que han recibido por parte de familiares, amigos y estudiantes que se han concentrado a las puertas del juzgado desde primera hora de la mañana.
El juicio no ha quedado visto para sentencia en esta sesión -que ha durado más de cinco horas- puesto que faltaban las declaraciones de una periodista y de un perito, testigos fundamentales para los letrados de la defensa, por lo que se retomará el próximo 1 de diciembre.
Los jóvenes han manifestado ante la jueza que no quisieron impedir la salida del entonces presidente de Cantabria, Ignacio Diego (PP), tras el acto celebrado en la Universidad de Cantabria. «Los escoltas salieron a empujones y me dieron un puñetazo», ha subrayado uno de ellos.
En primer lugar, han recalcado que no se les permitió entrar al evento organizado para realizar preguntas al expresidente «sin ninguna explicación» , hecho que desencadenó su «indignación», por tratarse de un acto público. Como consecuencia de ello, tal y como han asegurado, decidieron acudir a la salida trasera de la universidad -por donde habían visto que iba a salir Ignacio Diego- para cuestionarle «qué clase de acto público era ese».
Una vez allí, los seis jóvenes a los que se les ha tomado declaración han hecho hincapié en que se trató de «una protesta pacífica». Han asegurado que la pancarta no estaba delante del coche del presidente y que pudo salir del recinto y acudir al mismo «con normalidad». «Si hubiésemos querido bloquear su salida nos hubiésemos puesto delante de la puerta, tenían seis o siete metros para pasar», ha argumentado uno de los acusados.
Al mismo tiempo, todo ello apoyándose en los vídeos aportados por las defensas y aceptados como prueba por la jueza, han negado rotundamente que impidieran que el vehículo arrancase situando la pancarta en el parabrisas del mismo, tal y como han señalado los escoltas. Han relatado que, fruto de los «empujones» de la seguridad, quisieron cruzar al otro lado de la calle con la pancarta y que cuando pasaron frente al coche, este arrancó y tuvieron que soltarla para que no les atropellara.
Ignacio Diego durante su declaración en el juicio | RUBÉN ALONSO
Por otro lado, los seis jóvenes han incidido en que «en ningún momento» opusieron resistencia y han denunciado dos puñetazos propinados por parte de los escoltas, siendo el acusado Marcos Martínez víctima de uno de ellos en su cabeza, el cual lo ha calificado de «bastante fuerte». Asimismo, han negado, tal y como afirman el fiscal y los escoltas, que se organizasen previamente, que insultaran a los policías y que golpearan los coches y trataran de entrar en ellos.
Por su parte, los tres policías interrogados como testigos han señalado que no hubo «ninguna agresión», que hubo «empujones por ambas partes» y que recibieron «amenazas e insultos». «Su actitud fue hostil», han recalcado, a pesar de que los vídeos desmienten su versión. Uno de ellos ha calificado la «resistencia» de los jóvenes como de «oposición pasiva», concretamente cuando, tal y como se observa en el vídeo, empujan a uno de los acusados, Diego San Gabriel, cuando disponía sus manos en alto.
Ninguno ha podido identificar a los acusados como autores de las patadas que se denuncian. «Todos gritaban, todos empujaban y todos escupían», ha llegado a decir el jefe de los escoltas, desatando la indignación y las reacciones de desaprobación de la sala, con su consecuente llamada de atención por parte de la jueza.
«No entiendo qué hacían allí»
El expresidente, Ignacio Diego, ha declarado en calidad de testigo que algunas personas tenían una actitud «agresiva, algunos de ellos muy salida de tono» y que fue una situación «violenta». «Los escoltas tienen solo la función de protegerme y no se dedicaron a otra cosa», ha subrayado cuestionado por las supuestas agresiones de su seguridad.
Asimismo, ha explicado que en el vídeo sonríe porque es una persona «muy feliz» y que «procura serlo». No obstante, ha expuesto su desconcierto ante lo sucedido. «No entiendo qué hacían allí, por qué querían llegar al coche y para qué», ha resaltado.
Por otro lado, no ha sabido concretar si la pancarta llegó a tocar la cristalera o cayó sobre el capó. También ha afirmado que los jóvenes «estuvieron a escasos centímetros» del lateral del coche. «No creo que lo llegaran a tocar», ha puntualizado el expresidente. En todo caso, ha asegurado que fue «un incidente al que no quiso dar mayor importancia».
Por su parte, Arsenio de la Vega, el entonces jefe de gabinete del expresidente, ha relatado que ese día se reforzó la seguridad porque tenían conocimiento por las redes sociales de la convocatoria de un escrache con motivo de la presencia de Ignacio Diego en la Universidad.
«Hay un momento en el que tengo miedo, esa gente con esa agresividad no sé a dónde puede llegar», ha declarado, llegando a decir que «hay gente que le quiere parar -al coche- a costa de que sea atropellado».
El Ministerio fiscal, única parte que ejerce la acusación, considera que los acusados son autores de un delito de coacciones y de una falta contra el orden público por falta de respeto y consideración a la autoridad, por los que pide para cada uno de ellos multas de 4.400 euros.
Y a uno de ellos le considera, además, autor de un delito de daños en el vehículo de reacción policial en el que se subió Ignacio Diego a la salida del acto, y le pide un año de cárcel, multa de 3.600 euros e indemnización de 740 euros a la empresa de renting propietaria del mismo.
Desde que ocurrieron los hechos, el 17 de febrero de 2013, se han sucedido constantes muestras de apoyo por parte de colegios, institutos y plataformas sociales y educativas, quienes han convocado huelgas en defensa de #PreguntarNoEsDelito. «Es una injusticia desde el primer minuto que nos sentaron, desde la primera acusación que era falsa», denunció Mario Pardo, uno de los imputados a este medio.