A estas alturas el PP ha demostrado sobradamente que es una organización criminal, cuyo objetivo principal es la apropiación indebida de forma masiva de las finanzas públicas y de los recursos públicos en general, y ello a través de todas las vías posibles, incluyendo las ilegales.
Cientos y cientos de dirigentes del PP, incluyendo sus cúpulas en varias comunidades autónomas -Madrid, Murcia, País Valenciano, Castilla y León…- además de, por supuesto, su dirección estatal, o están condenados o imputados por gravísimos delitos contemplados en el Código Penal.
No parece que tuviera que haber duda alguna por parte de la Fiscalía Anticorrupción o de la Fiscalía General del Estado para que se abriera una causa general contra el Partido Popular. Pero ya se encarga el Gobierno de que estas responsabilidades institucionales sean ocupadas por personas de su “plena confianza” para que tal cosa no ocurra.
En los últimas semanas, la situación política va configurando un escenario del máximo interés, desde el punto de vista de la lucha democrática. El proceso soberanista-republicano catalán se va perfilando de forma precisa en sus contenidos y en su cronograma. Con la definición dela pregunta (¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de República?) y de la fecha de la consulta el 1 de octubre, se han dado pasos de gran importancia.
Frente a esto, el Gobierno solo opone, al menos de forma explícita y directa, la vía represiva hasta donde haga falta.
No nos cabe duda de que esas amenazas las llevarán adelante. Pero obviamente el coste de esa vía represiva será tan fuerte que supondrá igualmente el final del Régimen del 78.
Desde otros espacios del Sistema se está intentado articular una tercera vía, que pasaría en lo fundamental por crear la expectativa de una reforma constitucional en clave federalista, así como el desalojo de Mariano Rajoy del Gobierno, ya sea a través de una nueva moción de censura o precipitando nuevas elecciones. En esta operación está el PSOE y una parte, al menos, de Podemos; pero la materialización de esta operación política es francamente dificil. El margen de tiempo es muy limitado y el acuerdo entre los dos actores principales para llevarla adelante tampoco parece fácil.
Para el movimiento comunero del siglo XXI la agudización de ese conflicto antagónico entre el proceso soberanista-republicano catalán y el Régimen monárquico postfranquista del 78, es una gran oportunidad para impulsar la conciencia nacional-republicana en nuestro Pueblo y contribuir de forma decisiva a la derrota del Régimen del 78 en los próximos años.
La agudización de la represión sobre los movimientos sociales alternativos, que nunca ha dejado de sufrir el movimiento rupturista, es un ejemplo de como el Régimen prepara su propia defensa. De poco le servirá su represión. Ésta hará mas fuerte nuestro movimiento y nuestra lucha.
Izquierda Castellana
Castilla a 21 de junio de 2017