La nueva Ley de Seguridad Ciudadana entró en vigor el 1 de julio del 2015. Lo hizo con gran contestación social y criticada por, decían sus detractores, vulnerar derechos como el de intimidad y el de libertad personal. La creación de un Registro Central de Infracciones contra la Seguridad Ciudadana, el valor probatorio de las declaraciones de los agentes de la autoridad, las identificaciones y cacheos preventivos o el castigo por grabar a agentes policiales fueron algunas de las medidas más denunciadas de una norma que, incluso, recibió el rechazo de diferentes asociaciones de jueces.
Tras un año y medio de vida de la popularmente conocida como ‘ley mordaza’, el Ministerio del Interior ha hecho el primer balance de la norma -a partir de los datos procedentes de los expedientes tramitados en las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno- y La Rioja es una de las regiones en la que con más intensidad se aplica: no sólo es la comunidad en la que más sanciones se han impuesto por cada 10.000 habitantes (145), sino que en la comparativa autonómica ocupa una posición ‘privilegiada’ en las infracciones de las tres áreas de la ley: seguridad ciudadana -en donde las 18,22 actas por cada 10.000 habitantes sitúan a La Rioja como la región más sancionadora-, drogas (111 expedientes, la segunda cifra más alta del país) y armas y explosivos (15,52 actas, la mayor cifra de todas las comunidades).
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Las cifras absolutas publicadas por Interior dicen que en los 18 primeros meses de vigencia se tramitaron en La Rioja 4.578 expedientes (145,33 por cada 10.000 habitantes) con sanciones por un importe total de 1.627.757 euros. Sólo Canarias -140,37 expedientes por 10.000 habitantes- se acerca a La Rioja. Por detrás quedan Cantabria (122), Andalucía (103) y Aragón (102). En el extremo contrario -y obviando País Vasco y Cataluña al no estar incluidos los datos de las policías autonómicas- están Murcia (19,56), Navarra (26,82) y Asturias (33,35).
Tenencia y consumo de droga
Por el número de expedientes tramitados, la infracción más habitual fue el consumo o tenencia de drogas en lugares públicos. Entre julio del 2015 y diciembre del 2016, se levantaron 3.500 actas de las que se derivaron sanciones por un total de 1.155.775 euros. Por detrás y a gran distancia, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado impulsaron 447 expedientes (163.931 euros) por portar, exhibir o usar armas prohibidas.
Las faltas de respeto y consideración a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad dieron lugar a 253 actas de sanción mientras que la desobediencia o la resistencia a la autoridad y la negativa a identificar apuntalaron 179 expedientes. La quinta infracción más habitual fue por desórdenes públicos (97 sanciones).
Otras sanciones son más minoritarias. Por ejemplo, en el 2016 se expedientó a una persona por ‘actos de exhibición obscena’ (400 euros); a otra por trasladar a un tercero a comprar droga (602 euros); a 14 por plantar marihuana (1.088 euros de media); y a 4 más por disfrazarse de policía o servicios de emergencia y causar confusión (300 euros de media).