La muerte no es ajena a Honduras

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La muerte no es ajena a Honduras. Las cotas de violencia son brutales. Los medios amarillistas reproducen las imágenes como un mantra que mantenga el estado de miedo. Los carros blindados inundan las calles de las metrópolis mientras la mayoría de la gente carece de agua o luz y sobrevive a base de frijoles y latas de metal.

“El Ejército dispone de una lista con 18 luchadores por los derechos humanos, y yo ocupo uno de los primeros lugares. Quiero vivir, hay muchas cosas que todavía quiero hacer en este mundo. Tomo precauciones, pero al final soy vulnerable, en un país donde existe la impunidad. Cuando quieran matarme, lo harán”.

(Berta Cáceres, 2013)

Los ríos están manchados de sangre, plásticos y basura. Las talas de árboles en las grandes ciudades priman frente al laberinto de cables de luz que apagan los espacios. Todo puede ser desechable en Honduras.

El 28 de junio de 2009 la población se despertó con el golpe de estado de Manuel Zelaya tras el intento de cuarta urna para una consulta sobre la constitución. A día de hoy pocos hablan de este golpe de estado apoyado por EEUU, siendo Presidente en el momento Barack Obama y Hillary Clinton Secretaria de Estado, sin utilizar eufemismos como “crisis política”.

Quizás este no fue el primer caso, pero si una metáfora contundente que golpeó la realidad del país. Su posición geopolítica como puerta entre el sur y el norte de América, sumado a una economía que sienta las bases en remesas de droga y migrantes no sólo nos avisa de la importancia del país para los intereses externos, sino que pone de relieve la vulnerabilidad de derechos e identidades de la población frente a las decisiones de las grandes transnacionales y potencias extranjeras.

Durante el gobierno de facto posterior al golpe se aprueba el decreto 233 que deroga los anteriores decretos que prohibían proyectos hidroeléctricos en áreas protegidas y se aprueba la Ley General de Aguas que otorga concesiones sobre los recursos hídricos así como la nueva ley de minería que permite la minería a cielo abierto, prohibida en 2006, la ley de inteligencia, la ley de intervención pública/privada y se refuerzan las bases militares estadounidenses en el país.

El capitalismo verde inunda con represas, megaproyectos mineros, hidroeléctricos y eólicos las tierras indígenas de los pueblos lenca, garífuna, miskitos, tolupanes, chortí, pech, etc disfrazando los proyectos de muerte tras un velo de responsabilidad social.

Mientras tanto, la población rural vende sus pedazos de tierra por precios irrisorios para mudarse a casas improvisadas sin luz ni agua que inundan las llamadas lomas de la pobreza de las cabezas departamentales de la República.

Responder es siempre una opción complicada cuando los casos de feminicidios aumentan día tras día y los nombres de periodistas y activistas asesinados pueblan la prensa del país con explicaciones que pocas veces resuelven el misterio y tildan de culpables a los hurtos con violencia. Un país militarizado en el que el Presidente Juan Orlando Hernández (JOH) se plantea eliminar el cuerpo de policía nacional, allá dónde la impunidad se vertebra por sus departamentos en el que sólo el 3,7% de los homicidios resultan en condenas según un estudio de la ONG Alianza Paz y Justicia (APJ, estudio realizado entre 2010 y 2013)

En este marco, las organizaciones civiles e indigenistas luchan por los derechos negados; el COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras) es uno de ellos que fundado en 1993 declara en defensa del medio ambiente y el rescate de la cultura Lenca, de posición anti-patriarcal, anti-imperialista, anti-capitalista y anti-racista.

El río Gualcarque, situado en la cordillera de Puca Opalaca entre los departamentos de Santa Bárbara e Intibucá es considerado un río sagrado desde la cosmovisión del pueblo lenca en el que viven los espíritus de niñas que lo custodian, un elemento fundamental para las comunidades rurales e indígenas que pueblan sus alrededores y el legado del cacique Lempira, quien luchó contra los colonizadores españoles en el siglo XVI.

Ignorando el Convenio 169 de la OIT (ratificado en Honduras en 1995), y haciendo uso de las concesiones otorgadas durante el gobierno de facto de Porfirio Lobo entre los años 2010 y 2013 se crea el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca para la construcción de represas en territorio indígena. Dicho proyecto estaría financiado por el Banco Interamericano de Integración Económica (BCIE) a través de la empresa hondureña DESA, la trasnacional estatal china Synohidro y la alemana Voith Hidro apoyada con fondos del Banco Mundial a través de la corporación financiera internacional.

Sin embargo ante este caso de agresión trasnacional, invasión y usurpación, el 1 de abril de 2013 la población indígena de la zona se enfrenta a la amenaza del proyecto hidroeléctrico y en un ejercicio de autonomía logran echar a la trasnacional Synohidro. Desde entonces la zona ocupada por DESA se militariza hostigando y reprimiendo a la comunidad a través de sicarios, ejército y policía.

 

 

Poco después bancos internacionales como FMO de Holanda y el FinnFund de Finlandia se suman al proyecto hidroeléctrico vulnerando los derechos de la población aledaña y reproduciendo en el río la realidad nacional de dominación. Agresiones contra los derechos humanos, violencia contra las mujeres, hostigamiento contra actores políticos, sociales y culturales que se defienden y luchan por sus derechos y consideran la tierra y los ríos su cuerpo e identidad, violados por un sistema opresor.

En todos estos años de lucha muchas activistas han sido asesinadas, y los insultos vejaciones y agresiones son continuas día a día. En la noche del 2 al 3 de marzo Berta Cáceres, coordinadora del COPIHN es asesinada en su domicilio mientras que el defensor de los Derechos Humanos Gustavo Castro es herido de gravedad y dado por muerto. A partir de ahí los hechos se amontonan y el caos sólo se rige con una premisa, “Berta no murió. Se multiplicó” como cántico que une a la población y los movimientos de base de Honduras y el extranjero.

En este clima de denuncia, las organizaciones indígenas señalan a DESA como actor intelectual del asesinato, mientras que desde las investigaciones del gobierno se intenta forzar el señalamiento de uno de los compañeros del COPIHN. Todo convulso, todo en llamas, y aun así, ante el silencio institucional hondureño, asesinan a otro miembro del COPIHN. En las semanas posteriores, el gobierno hondureño niega la salida del país del único testigo del asesinato y las peticiones por parte del COPINH al gobierno hondureño son claras. Peticiones sin respuesta.

“Exigimos una respuesta clara en este caso y por eso demandamos que el gobierno hondureño habilite la entrada de un comisión internacional e independiente para que lleve a cabo una investigación que realmente de con los autores materiales e intelectuales del asesinato de nuestra compañera.

Nosotras las mujeres indígenas Lencas, organizadas en el COPINH, exigimos el cierre inmediato y definitivo del proyecto hidroeléctrico ¨Agua Zarca¨ de la empresa Desarrollos Energéticos SA (DESA) por ser responsable de tantas muertes, amenazas e insultos a la comunidad de Río Blanco y al pueblo Lenca.” (Tegucigalpa, 7 de abril de 2016)

 

Según el informe ¿Cuántos más? por la ONG Global Witness, en 2014 ya eran 111 los activistas ambientalistas asesinados desde 2002. ¿Cuántos más defensores de los derechos humanos insultados, amenazados, violentados y asesinados? El proyecto Agua Zarca es solo uno de todos los proyectos velados bajo la capa del capitalismo verde.

Si bien a día de hoy las acciones de repulsa, movilizaciones y declaraciones en apoyo de la lucha de la población indígena se han multiplicado por todo el país y en el extranjero, ¿qué ocurrirá cuando se deje de hablar de Honduras y Berta Cáceres?

 

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