Más de siete horas ha durado el primer Pleno municipal ordinario del nuevo año, en el que se ha anunciado la revisión de la ‘Ordenanza Antivandálica’ y aprobado una petición de derogación de la ‘Ley Mordaza’, con el voto en contra del PP, que ha montado un show con la contratación de los servicios que hicieron posible la apertura de los comedores escolares en verano de 2015 y se ha puesto en evidencia con una pregunta de la concejala Mercedes Cantalapiedra sobre el uso de los coches oficiales.
Los grupos municipales de Valladolid Toma la Palabra y el PSOE han presentado una moción en la que piden al recién elegido Congreso de los Diputados la inmediata retirada de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana (más conocida como “Ley Mordaza”) así como de la Ley de Reforma del Código Penal, por considerar que la Ley Mordaza incluye preceptos que restringen derechos y libertades fundamentales. Las críticas a la modificación del Código Penal se centran por pasar a sancionar como infracciones administrativas conductas antes consideradas como faltas, «lo cual lleva consigo la pérdida de garantías judiciales y la posibilidad real del aumento de la arbitrariedad gubernamental a la hora de sancionar», estiman PSOE y VTLP.
Una cámara de televisión enfoca a la bancada popular durante el pleno. Foto: Gaspar Francés
«Muchas de las novedades incluidas», añaden los dos grupos municipales, «tienen dudoso encaje en el marco constitucional, como las ‘devoluciones en caliente’ de personas inmigrantes, la ‘prisión permanente revisable’ o los ‘delitos por solidaridad con personas que administrativamente no tienen los documentos en regla’, ya que contradicen principios como el de la función de reinserción social de las penas, el principio de igualdad o el principio de intervención mínima del derecho penal, así como distintos tratados internacionales en materia de asilo y refugio suscritos por España y vigentes en la actualidad. La discrecionalidad de la Ley legaliza la criminalización y persecución de las movilizaciones y crea un instrumento gubernamental para sancionar y desincentivar el ejercicio de derechos democráticos básicos como la libertad de expresión y de manifestación».
El Ayuntamiento dará ejemplo revisando su normativa para evitar que limite los derechos y libertades en Valladolid. «La Ordenanza de Protección de la Convivencia Ciudadana y Prevención de Conductas Antisociales, también conocida como ‘Ordenanza Antivandálica’ u ‘Ordenanza Antisocial’, introdujo fuertes restricciones de derechos, algunas de las cuales fueron anuladas por el Tribunal Superior de Justicia. No obstante, aún hay muchos aspectos vigentes en la norma que deben ser revisados», estiman PSOE y VTLP, por lo que la moción que presentaron ambos grupos incluye «el acuerdo de apertura de un proceso de participación ciudadana para su modificación que permita restablecer una relación de confianza y tolerancia hacia la ciudadanía».
Pedro Herrero por los socialistas y María Sánchez por VTLP han sido los encargados de la presentación de la moción titulada «Por los derechos y libertades civiles», que para el representante del PP, García Carvajal, estaba «desubicada y adolecía de falta de seriedad». Para el concejal del PP la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana merece el calificativo de «ley de vital importancia para los ciudadanos».
Herrero respondió que «lo que es poco serio es hacer leyes de forma autista, amparándose en mayorías absolutas y aprobarlas de forma unilateral». Sánchez recordó a García Carvajal que según él, en el Pleno se puede hablar de la libertad de expresión en Venezuela pero que hacerlo de la libertad de expresión en España «está de más».
La portavoz de Sí se Puede, Charo Chávez, en una de sus intervenciones. Foto: Gaspar Francés
Rosario Chávez, portavoz del Grupo Sí se Puede Valladolid, que apoyó la moción, comentó que tras la última huelga general se produjo un endurecimiento de las leyes con el objetivo de generar miedo y criminalizar la protesta social. En su intervención mencionó las denuncias contra tres activista del 15 M -Sergio de la Torre, Jorge Castrillón y Daniel García-. «¿Se acuerda, señor Martínez Bermejo?», dijo dirigiéndose al hoy concejal del PP y exsubdelegado del Gobierno en Castilla y León.
Pilar Vicente, de Ciudadanos, intentó que se limitara la petición de derogación de la ‘Ley Mordaza’ a los artículos que afectan a la libertad y a los derechos fundamentales, por entender que contenía artículos positivos, mientras que su excompañero de partido, Jesús Presencio, se limitó a decir que se trataba de una moción «compleja».
El Pleno aprobó también una moción presentada por Ciudadanos para la implantación de presupuestos participativos en el Ayuntamiento. Durante el debate se manifestaron las diferencias entre los distintos Grupos, que enmendaron el texto originario. En su discusión se registró un primer enfrentamiento del alcalde, Óscar Puente, con el concejal del PP, Alfredo Blanco, que intentó reproducir el debate de la aprobación de los presupuestos para 2016.
Afectados de Forum y Afinsa en la tribuna del público del salón de plenos. Foto: Gaspar Francés
El Grupo Municipal Sí se Puede Valladolid sacó adelante -con matizaciones- una moción sobre la implantación progresiva del software libre y el de Valladolid Toma la Palabra, otra para instar al Gobierno a buscar una solución para los ahorradores afectados por el caso de Fórum Filatélico SA, Afinsa Bienes Tangibles SA y Naturaleza Gespart SL, que todos apoyaron. David Solís Fernández, en nombre de los afectados, intervino al comienzo del debate para recordar que ya son casi diez años los transcurrido desde la intervención judicial a estas empresas y de la pérdida de sus ahorros a las 477.351 familias afectadas, en su mayoría gente ahorradora de condición humilde; en Valladolid son más de 10.000 los afectados.
El concejal Alberto Bustos (VTLP) expresó que el procedimiento de liquidación concursal sigue paralizado sin que se hayan instrumentado medidas extraordinarias que den una respuesta eficaz a las víctimas de unas actuaciones que aún siguen pendientes de actuación penal. La moción insta al Gobierno a «que valore detenidamente y, si lo estima procedente, acepte y lleve a cabo, la propuesta planteada por la Plataforma Solución Fórum-Afinsa, conformada por la Asociación de Consumidores ADICAE y por la Federación de Clientes de Afinsa y Fórum Filatélico, para buscar una solución a los afectados, consistente en que el Ministerio de Economía y Competitividad, a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), dirija a quienes ostentan la condición de consumidores y usuarios una oferta de adquisición de las cantidades reconocidas como crédito en los respectivos procedimientos concursales en curso».
Intervención de la portavoz de Ciudadanos, Pilar Vicente. Foto: Gaspar Francés
Ciudadanos introdujo una enmienda de adición a favor de la reestructuración de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y el PSOE otra para pedir a la Junta información con lo aprobado en las Cortes en junio de 2014.
El Grupo Municipal Popular-PP presentó una moción para promover la convocatoria de ayudas de retorno de talento 2016, registrándose una discusión sobre «quién era el padre de la criatura», ya que Sí se Puede había presentado en diciembre una moción sobre los jóvenes que se han tenido que ausentar del país. Martínez Bermejo tuvo palabras de reconocimiento para Rosario Chávez. Al final, la aprobación fue por unanimidad.
Suerte distinta tuvo la última moción del Pleno, también del PP para la creación de un fondo de contingencia para la consolidación de empresas en Valladolid, defendida por Jesús Enríquez, quien incidió en los 400.000 mil euros no ejecutados de una línea para contratación de desempleados. José Antonio Gato, concejal de Hacienda, contrapuso el 1.200.000 euros gastados, y los 4,4 millones de euros aprobados para 2016.
Enríquez, que defendió el carácter complementario de la moción, anunció que llevaría al Pleno otra moción «más concreta y diremos a los empresarios lo que ustedes piensan. Hacen partidismo hasta con los parados».
El portavoz del PSOE, Pedro Herrero, se dirige al concejal del PP, Borja García. Foto: Gaspar Francés
Show popular
Sin embargo, los momentos más tensos del Pleno llegarían con las ‘Conclusiones sobre el análisis de la contratación de los servicios del Programa Compartiendo en Verano’, asunto dictaminado por la Comisión Especial de Seguimiento, Vigilancia y Control de la Contratación. Jesús Presenció se limitó a decir: «Hay un informe; cedo la palabra». Su excompañera de Ciudadanos, Pilar Vicente, fue más allá al decir que está a favor del programa de apertura de los comedores en verano, pero que el fin no justifica nunca los medios y denunciar falta de transparencia de este contrato menor, inicialmente de 12.000 euros.
El alcalde hizo una primera intervención para anunciar que exigirá cuando se hable de vulneraciones legales que se concrete y no se siembre la duda.
Rosario Chávez felicitó a la concejalía de Educación por la iniciativa y criticó al PP por el «esperpento» que está montando con este asunto. «¿Cómo es posible tanto celo en este contrato y no en la revisión del PGOU, ‘caso Samaniego’, áticos de la casa del exalcalde, etc.?», se preguntó. La portavoz de Sí se Puede Valladolid admitió la posibilidad de que existiera precipitación en la puesta en marcha del programa y dijo estar a la espera de un informe jurídico solicitado.
Rosalba Fonteriz y María Sánchez, durante el pleno. Foto: Gaspar Francés
Rosalba Fonteriz, de VTLP, afirmó que la apertura de los comedores era un compromiso ético y que solo se dispuso de 17 días -del 13 de junio (toma de posesión) a 1 de julio (inicio)- para arrancar con el programa. «La premura y la necesidad a veces no permiten planificar a la perfección», dijo Fonteriz, para quien la actitud del PP se asemeja a una ‘vendetta’.
María Victoria Soto, concejala de Educación y responsable del programa, comenzó por denunciar al PP por «la colocación de palos en las ruedas, no haber aportado ni una prueba, no haber pedido informes…». Soto subrayó el carácter de contrato menor y la urgencia de buscar el dinero, antes de detallar los pasos dados, entre ellos, la petición de colaboración de «responsabilidad social» a Clece y a Aguas Valladolid.
Óscar Puente volvió a saltar ante los gestos que estaba realizando Carlos Fernández, que iba a intervenir por el PP, y que ostentosamente señalaba su reloj. El alcalde ofreció la posibilidad de que Soto cesara en sus aclaraciones para que hablara él. Fernández, tras pedir excusas por «el exceso gestual» anterior, dijo tener serias dudas en la tramitación del expediente. «La señora Soto inició solo la contratación del comedor en los colegios Pablo Picasso y Alonso Berruguete. El primer problema surge cuando hace falta además de la comida, dar el desayuno, el ocio sociocultural, el transporte… Ha habido una fragmentación del contrato. Tampoco ha habido una evaluación previa de las necesidades… y en lugar de los 12.000 euros iniciales se ha pasado a los 17.995 euros en la prestación alimentaria. Más los 2.400 del bono de transporte (Aguas de Valladolid), más la aportación de Clece. Hablamos de más de 20.000 euros», según Fernández, que denunció «obstruccionismo» y procedió a dar lectura a varios correos electrónicos de funcionarios, que están incorporados al expediente.
El alcalde reiteró en pedir que se dijera qué preceptos se habían infringido y rechazó la existencia de cualquier tipo de corrupción, «a no ser que nosotros nos hayamos comido la comida».
Rosario Chávez volvió a plantear sus dudas sobre el objetivo del PP y se mostró favorable a acudir al Consejo Consultivo de Castilla y León y a la Fiscalía, pero que antes necesitaba conocer el informe demandado. Fonteriz dijo sentirse abochornada y calificó de indignante la posición del PP.
Victoria Soto reconoció que pudo haber comida sin servir, entre otras cosas, por la falta de colaboración de la Junta en facilitar datos.
El alcalde impidió a Jesús Enríquez intervenir y le recordó que él era el presidente de la Comisión de Vigilancia de la Contratación y que era quien debía de haber intervenido en lugar de Carlos Fernández. Pero tanto Enríquez como Rosa Hernández (exconcejala de Asuintos Sociales) acabaron por hablar, «por alusiones».
Al final, por asentimiento, se acordó esperar al informe de los servicios jurídicos.
El alcalde, Óscar Puente, en el centro, en una de sus intervenciones. Foto: Gaspar Francés
Uso de los coches oficiales
Entre las preguntas formuladas, la última fue una de la exconcejala de Cultura, Mercedes Cantalapiedra, sobre el uso de los coches oficiales del Ayuntamiento. Cantalapiedra tiró de hemeroteca con declaraciones del alcalde sobre lo que pensaba durante la campaña electoral sobre el coche oficial.
«Desde que soy alcalde he cogido cinco veces el coche oficial, una de ellas para ir a Madrid, ya que salía más barato que ir tres personas en tren», respondió Óscar Puente antes de empezar a enumerar para que utilizaba el anterior equipo de gobierno los coches oficiales, que hoy están también al servicio de la oposición, dijo.
«Antes se utilizaba para llevar la prensa al domicilio particular de algún concejal. Para ir al aeropuerto para un viaje privado. Para ir del Ayuntamiento al Catastro, que está en Isabel la Católica número 9. Ahora no se pagan horas extras a los conductores, cuando antes se pagaban 100 horas, además de las 16 horas de libre disposición que tienen. Yo voy en mi coche al fútbol y sin dos escoltas. El coche oficial hoy no está aparcado delante de mi casa; antes lo estaba y en la parada de taxi… No entiendo su interés por levantar el faldón de nuestras vergüenzas para que se descubran las suyas«, manifestó Óscar Puente, que pidió a Cantalapiedra que trajeran al próximo Pleno el uso de los coches para abrir una comisión de investigación.