La consejera de Fomento y la ministra de Agricultura ofrecen versiones dispares sobre la existencia del trasvase tras el encuentro entre ambas.
El Gobierno castellano-manchego destaca la falta de “empatía” del Ministerio con el río Tajo, mientras que García Tejerina se aferra a haber aplicado la normativa “con rigor”.
Con la sombra de un nuevo trasvase planeando sobre los embalses de la cabecera del Tajo, el encuentro que han mantenido la consejera de Fomento, Elena de la Cruz, y la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha servido para poco: ni se han despejado las dudas ni hay acuerdo sobre la existencia del trasvase Tajo-Segura, el caballo de batalla de ambas administraciones. Tras el encuentro, la Junta ha informado de su solicitud para formar parte de la Comisión de Explotación de esta infraestructura así como de un ‘plan B’ para el río, con la negativa del Ministerio.
Es el principal motivo que ha llevado a la consejera a destacar la “falta de empatía” de la ministra hacia la “realidad” del río Tajo, hacia Castilla-La Mancha y hacia «todas las personas» que sufren la situación de los embalses de cabecera. «El Ministerio se ampara en una maraña de datos para justificar el entramado de leyes que regulan el trasvase y nos dejan si agua año tras año en la cabecera y el transcurso del río», explica Elena de la Cruz.
Un ‘no’ por respuesta ha obtenido también la Junta a la petición de que se modifiquen las leyes para que cesen los trasvases. Tejerina “se ha vuelto a amparar” en los datos y en los 400 hectómetros cúbicos de reserva, de los que la consejera ha dicho que no se cumplen porque se sigue trasvasando bajo ese umbral. Por ello, y teniendo en cuenta que este es un Gobierno «que se está marchando» y que dentro de poco «estará en funciones», ha esperado que de las urnas el próximo 20 de diciembre salga un Ejecutivo que «realmente quiera dialogar» en esta materia.
Desde el otro lado, el Ministerio ha respondido a estas declaraciones destacando los beneficios para los ciudadanos de esta región de las actuaciones en materia hídrica acometidas por el Gobierno de España, frente a las críticas de la consejera castellano-manchega. Explica que el actual Ejecutivo promovió una ley para regular el trasvase Tajo-Segura -la de Evaluación Ambiental de 2013-, que garantiza “con el máximo rango normativo las necesidades de la cuenca cedente y eleva la reserva mínima existente en los embalses de la cabecera».
Explica el Ministerio que esta ley, que partió de “un acuerdo entre las cinco comunidades autónomas de las cuencas cedentes y receptoras del trasvase”, eleva la reserva mínima en los embalses de cabecera, de forma gradual, hasta los 400 hectómetros cúbicos. No especifica que ese umbral fue rebajado hasta los 302 hectómetros el pasado mes de agosto conforme a una nueva interpretación.
En cuanto a futuros trasvases, el Ministerio remarca que siempre ha aplicado la normativa vigente «con el máximo rigor, y teniendo en cuenta la garantía de agua para el abastecimiento en los próximos meses». También defiende el ajuste presupuestario acometido para llevar a cabo «obras necesarias en Castilla-La Mancha, y las diversas actuaciones prioritarias ligadas a la planificación hidrológica que está completando este Gobierno, imprescindible para atender las necesidades de suministro y calidad de las aguas de nuestras cuencas».