Las ocupaciones de viviendas se multiplican por cinco desde 2007

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Tres millones y medio de pisos vacíos, 600.000 procesos de ejecución hipotecaria iniciados y 400.000 desahucios… Según la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que ha conseguido realojar a 2.500 personas desde 2007, estas cifras son consecuencia de “una ley hipotecaria anacrónica e injusta, sumada a un inexistente parque de vivienda pública que ha dejado durante estos años a cientos de miles de familias en la más absoluta indefensión, con una deuda de por vida y en la calle”.

Las PAH catalanas entran a la sede central de Bankia de Barcelona para forzar una negociación. / La directa

 

Según la PAH estas cifras son consecuencia de la “una ley hipotecaria injusta, y un inexistente parque de vivienda pública»

Otro dato, proporcionado por el Ministerio Público, permite tomar la temperatura sobre el conflicto en torno a la vivienda: la de “ocupaciones en precario”, según la definición de la PAH. Según los datos de la Fiscalía, las diligencias abiertas por usurpación han experimentado un crecimiento sostenido desde 2007, año en el que se abrieron 4.096 casos de ocupación de viviendas. Una cifra que el año pasado había crecido hasta las 19.336 diligencias abiertas.

Ya lo alertaba en enero de este año la agencia inmobiliaria Idealista: los delitos de usurpación, codificados en el código penal como “utilización de inmuebles ajenas sin autorización o de forma violenta” era el delito que más había crecido en los años de crisis. En 2008, se habían producido 622 condenas por este motivo. En 2013, la cifra había crecido hasta las 1.669, según datos del INE.

Para la PAH, este aumento “refleja en la mayoría de los casos a personas que se encuentran sin alternativa habitacional, sin poder acceder al mercado de vivienda de alquiler y sin respuesta alguna por parte de la administración pública”. Se trata, según afirman desde esta organización de “familias que no han tenido otra opción que recuperar sus derechos y a las que, en lugar de ayudar, se condena a pasar por un proceso penal y muchas veces un nuevo desahucio y la exclusión total por parte de muchas administraciones”.

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