Condenada la Junta por cesión ilegal de trabajadores

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Antonio Silván, exconsejero de Fomento y Medio Ambiente.

Antonio Silván, exconsejero de Fomento y Medio Ambiente.

La demandante ha sido declarada trabajadora indefinida del ente público

últimoCero.Valladolid.:: Viernes, 05 de Junio de 2015 ::

El Juzgado de lo Social número 3 de León ha declarado la existencia de la cesión ilegal de trabajadores que confirma otro escándalo de corrupción vinculado a las tramas de ‘administración b’ en la Junta de Castilla y León. El citado juzgado ha estimado  integramente la demanda presentada por una trabajadora contra la Junta de Castilla y León, Consejería de Fomento y Medio Ambiente, Tecnologia y Servicios Agrarios SA, Sociedad Pública de Medio Ambiente de Castilla y León SA. El fallo, además, declara que “la actora debe ser considerada trabajadora indefinida de la Junta”.

La trabajadora, que presta servicios en el Servicio territorial de Medio Ambiente de León (Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta) como ingeniero técnico forestal desde el 3 de enero de 2008, fue contratada en prácticas el 3 de julio de 2007 por Tecnología y Servicios Agrarios SA (TRAGSATEC SA), seguido de un contrato temporal por obra o servicio determinado suscrito el 3 de enero de 2008. Al año siguiente suscribió con la misma empresa un segundo contrato (1 de octubre de 2009)  y otro idéntico el 14 marzo de 2012.

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente acordó el 11 de diciembre de 2012 encomendar la ejecución del Servicio para la Realización de Controles y otras fases de la tramitación de ayudas, en relación con el medio natural, contempladas en los programas de Desarrollo Rural de Castilla y León para el periodo 2007-203 a la entidad pública TRAGSATEC SA por un importe de 1.764.792,00 euros.

La Consejería efectuó a la citada entidad pública hasta tres encargos para realizar las funciones objeto del contrato de la trabajadora, que desde el inicio de su relación trabajó de lunes a viernes en jornada completa en el Servicio Territorial de Medio Ambiente. La trabajadora realizó idénticas labores que los demás trabajadores laborales de la misma categoría dependientes y contratados por la Junta, según consta en los Hechos Probados de la sentencia del Juzgado de lo Social número 3 de León, que en los Fundamentos de Derecho analiza varios artículos del Estatuto de los Trabajadores, Código Penal, Constitución, Declaración Universal de los Derechos Humanos, Carta Social Europea…

El juez -Juan-Gabriel Álvarez Rodríguez-  sostiene que la empresa pública que contrata a la trabajadora es “una mera intermediaria de su verdadera relación laboral, limitándose a poner a disposición de la Junta trabajadores que prestan servicios para esta”.

“Lo anterior”, añade la sentencia, “es más grave teniendo en cuenta que TRAGSATEC SA es, asimismo, una empresa pública que, sin ser una empresa de trabajo temporal, cede de forma ilegal mano de obra, propiciando la discriminación entre unos trabajadores y otros que realizan exactamente las mismas tareas y prestan, dentro del mismo ámbito de organización y control, los mismos servicios y obstaculizando, además, el derecho fundamental de acceso al empleo público de todos los ciudadanos, art.23.2. CE en relación con el art. 103 del texto constitucional”.

De los hechos probados, continúa el fallo, puede deducirse la existencia de “una infracción laboral muy grave por parte de los codemandados, o en su caso un ilícito penal, una vez firme la sentencia se dará cuenta de la misma a la Inspección de Trabajo para que previa investigación de los hechos y de las situaciones laborales vigentes, levante las oportunas actas de infracción, en su caso, realice los requerimiento oportunos y, caso de desobediencia de los mismos, formule denuncia por tales hechos, conforme a lo establecido en el art. 314 del Código Penal”.

El proceder de la Junta, que ha dado pie a una sentencia contra la que se puede interponer recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, “va a costar a los contribuyentes varios miles de cientos de euros”, según la Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU), que adjunta la instrucción de la Secretaria General de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, que viene a reconocer la ilegalidad de estas prácticas.

“Reconocimiento que nuestra opinión, de la Plataforma en Defensa de lo Público, es autoinculpatoria de varios delitos penales como prevaricación, malversación de caudales públicos, negociación prohibida a funcionarios, tráfico ilegal de mano de obra, discriminación en el empleo público, etc.”, según PLADEPU.

El PSOE estudia acudir con este caso a la vía penal.

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