‘The Economist’ apunta al «amiguismo» de los políticos como la causa de la crisis en España

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«Los españoles están acostumbrados a que sus representantes públicos se llenen los bolsillos haciendo negocios a través de la Administración«. Es la primera frase del duro editorial de ‘The Economist‘ sobre el daño que el amiguismo y la corrupción política hacen a la economía española.

El semanario empieza citando la ‘trama eólica’, por la que la consultora jurídica de Federico Trillo está siendo investigada por su presunta vinculación con una trama corrupta especializada en la concesión de parques eólicos en Castilla y León. Consultora que ingreso más de 4,5 millones de euros mientras el ex ministro de Defensa estaba en su escaño.

A continuación saca a colación el caso de Rodrigo Rato, que en su opinión marcó «un pico en la desconfianza» de los españoles en sus políticos. «Él encarnaba el milagro económico español de principios de siglo», asegura. Un milagro fallido para ‘The Economist’ teniendo en cuenta que la tasa de desempleo supera el 23% y según el FMI la economía no regresará a los niveles previos a la crisis hasta el 2017.

Rodrigo Rato encarna el falso De acuerdo con el editorial, la corrupción y el amiguismo son los que están provocando el desdén de los españoles hacia los partidos tradicionales, PP y PSOE. Y es más, según un grupo de investigadores de la universidad libre de Bruselas es esa misma corrupción la causante del deterioro económico del país.

De 1995 a 2007, mientras la economía española crecía al 3,5% la productividad bajo al 0,7% anual. ¿Cómo se explica eso? «Descubrimos que las compañías menos productivas crecían mucho más que las buenas», explica Enrique Moral- Benito, uno del los autores. Y lo que es peor, estos investigadores demostraron que cuando estas empresas trabajaban para la administración pública «la productividad caía muchísimo más». Algo es extensible a otros sectores: «Los bancos prestaban más a las compañías que tenían contratas con la administración».

El editorial concluye que como consecuencia, el malestar popular con la corrucpión está castigando con fuerza al Partido Popular, que ve como «a pesar de haber creado 500.000 empleos el último año y estar creciendo al 2,9%» no para de perder apoyos y podría verse muy debilitado tras las elecciones del 24 de mayo «hasta el punto de tener que pedir un adelanto electoral para las generales si los resultados son muy malos».

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