El pasado mes de abril Cristina Cifuentes abandonaba el puesto que había ocupado durante casi cuatro años al frente de Delegación de Gobierno en Madrid para volcarse en la candidatura por la Comunidad de Madrid. Figura controvertida, desde que asumió el cargo en enero de 2012 reconocía con orgullo que bajo su mandato «se han producido más de 11.300 manifestaciones y solamente en 15 ocasiones la Policía ha tenido que intervenir», para terminar la valoración de estos años de gestión con una frase rotunda: «La actuación policial ha sido proporcional durante mi mandato«. Las intervenciones de las que la actual candidata habla son las realizadas por las UIP, olvidando otras más silenciosas como son las identificaciones masivas a manifestantes.
Desde 2011 hasta el cese de la ya exdelegada, la Comisión Legal de Sol ha tenido constancia de más de 1.179 personas sancionadas por parte de la Delegación de Gobierno en Madrid, aunque las cifras totales son considerablemente mayores. En este tiempo, este colectivo se ha hecho cargo de un total de 491 procedimientos sancionadores que suponen una recaudación total para las arcas estatales de 174.257 euros.
De estos 491 procedimientos, el 42% se han ganado, un 23% de los sancionados han abandonado el procedimiento y el resto continúan pendientes. Y lo que es más contundente: únicamente un 6% de los expedientes sancionadores iniciados por la Delegación de Gobierno en Madrid que se han recurrido se han perdido.
Ahondando en las cifras de los procedimientos administrativos ganados destaca un dato: 61 procedimientos terminaron en instancias Contencioso-administrativas y 55 de los mismos finalizaron con sentencias favorables a las personas sancionadas. Es más, en 13 de estos procedimientos judiciales se declaró que hubo vulneración de derechos fundamentales en el procedimiento administrativo y en algunos de ellos se evidenció que se había producido una vulneración del derecho de reunión por parte de la Delegación de Gobierno (todo nuestro repositorio de Sentencias estimatorias contra sanciones en este enlace)
La campaña de este colectivo por denunciar los abusos que desde el inicio de la gestión de Cifuentes se han venido repitiendo no termina aquí: detenciones ilegales e indiscriminadas, ilegalidades en las prácticas de los funcionarios de Policía en comisarías, obstrucción del trabajo de las letradas y, la más habitual, la falta de identificación de los policías en el desarrollo de sus funciones.
En este sentido, esta Comisión ha interpuesto hasta cuatro denuncias, adjuntando más de doscientas fotografías donde se podía apreciar el no uso por parte de los agentes de policía del número identificativo a pesar de ser obligatorio, según establece el art.18 RD 1484/1987. Cristina Cifuentes declaraba a este respecto que los funcionarios «llevan la identificación debajo del chaleco para evitar denuncias falsas».
En enero del 2014 se denunció públicamente la habitual práctica, en especial por parte del Grupo XXI de la Brigada de la Información, de realizar los interrogatorios en presencia de miembros de policía encapuchados cuando el detenido lo había sido en un contexto de movilización social. Esta denuncia se interpuso también ante el Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) junto con la Asociación Libre de Abogados (ALA). Ante la negativa de la delegada de Gobierno de que estas prácticas fueran reiteradas, fue la defensora del Pueblo la que tomó la palabra diciendo «que se impartan las instrucciones oportunas para que los agentes encargados dentro de las dependencias policiales no oculten su rostro por estimarse dicho uso desproporcionado y contrario al derecho de defensa y de asistencia letrada reconocidos constitucionalmente».
Las prácticas ilegales en comisarias abarcan también los malos tratos. El ejemplo más notorio sucedió tras las detenciones en la manifestación del 25 de septiembre del 2012. De los 35 detenidos ese día, 26 denunciaron a funcionarios de policía por malos tratos en comisaría.
Por último, en estos casi cuatro años de mandato se han producido gran cantidad de detenciones en contextos como manifestaciones, concentraciones y desahucios, algunas de las cuales hemos asistido. Exceptuando los casos de acusaciones más graves, la tónica general es que la policía alegue como motivo de detención lo que llamamos «el pack del detenido»: delito de desobediencia, resistencia y atentado contra la autoridad. A día de hoy, la mayoría de estos procedimientos se han resuelto favorablemente para las detenidas, lo que evidencia aún mas el intento de la Delegación de Gobierno de Madrid por desmovilizar y criminalizar la protesta social a través de prácticas represivas ilegales y, desde luego, ilegítimas.