Regalos, llamadas y correos prueban el conchabeo entre funcionarios y empresas en la adjudicación de la variante de Guardo

Comparte este artículo:
La funcionaria Belén González, camuflada, tras prestar declaración en el juzgado en enero de 2013. Foto: Carlos Arranz

La funcionaria Belén González, camuflada, tras prestar declaración en el juzgado en enero de 2013. Foto: Carlos Arranz

Instrucción 1 abre procedimiento abreviado contra dos empleados públicos y los administradores de Estudio de Ingeniería y Proyectos S.L. y Civil 4 S.L / Deja fuera al director general de Carreteras de la Junta, Luis Alberto Solís

últimoCero . Valladolid:: Miércoles, 29 de Abril de 2015 ::

El titular del juzgado de Instrucción 1 de Valladolid, José María Crespo, ha dictado un auto para abrir procedimiento abreviado contra dos funcionarios de la Junta de Castilla y León y los administradores de las empresas Estudio de Ingeniería y Proyectos S.L. y Civil 4 S.L. que se conchabaron para concertar la adjudicación de la obra de la variante de Guardo, según acreditan las numerosas llamadas, correos y regalos que se cruzaron entre ellos.

El juez deja al margen de este procedimiento a otros cargos de la Junta, como el hasta ahora imputado director general de Carreteras, Luis Alberto Solís, “pues a pesar de la constancia de algún enlace con los mismos no ha sido acreditado su directo conocimiento y participación en los hechos”.

En un auto demoledor que ha sido facilitado a los medios por el Gabinete de Prensa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, el juez entiende que los hechos que se imputan pudieran ser constitutivos de presuntos delitos de prevaricación, cohecho y negociaciones prohibidas a funcionarios.

El juez señala textualmente que “de lo actuado aparece cómo en la adjudicación de contrato público conocido como variante de Guardo se produjo una actuación conjunta dirigida directamente a la consecución de la adjudicación a Estudio de Ingeniería y Proyectos S.L. (EIPSA)-Civil 4, S.L. (UTE), con la participación directa de José Antonio Llombart (EIPSA), Belén González González , Jesús Martín Almeida (funcionarios de la Junta) y Diego Benito Dols (Civil 4). En síntesis consistió en preparar el pliego de condiciones con carácter previo y conformado por los implicados de modo que la adjudicación se asegurase para quienes resultaron beneficiados por la misma, mediante comunicación directa y fluida entre los implicados, todo ello además con la entrega de varios regalos y presentes a los funcionarios y cargos implicados”.

Según explica el juez “a pesar de la apariencia formal de corrección del procedimiento administrativo, la tramitación formalmente correcta fue aprovechada para realizar la adjudicación previamente conformada”.

En el auto se indica que “de esta forma el Pliego se adaptó a lo que le interesa a cada uno de ellos. Se acordó también la solvencia y experiencia que conviene exigir e incluso los puntos con los que se valora cada apartado en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. Destacar que se exige que el Ingeniero Principal del contrato, como condición imprescindible, tenga una experiencia en ese tipo de obras de al menos 25 años, condición esta que cumplía José Antonio Llombart, cuando normalmente se suelen requerir entre 3 y 5 años”.

“Durante el periodo de redacción de los Pliegos de Cláusulas Administrativas y Prescripciones Técnicas se produjeron 17 llamadas telefónicas entre los implicados. No consta el número de llamadas habidas entre los funcionarios y las otras 23 empresas que se presentaron, durante el mismo periodo. No consta motivo distinto respecto de los implicados para el volumen de llamadas habidas, con las coincidencias señaladas”, hace constar el juez en su auto.

Del escrutinio de llamadas y cruce de correos electrónicos, además, se deduce que la técnica facultativa de la obra Belén González González recibió varios regalos por parte de las empresas que en UTE se quedaron con la obra. Sin embargo, no fue la única: “Existen otras personas vinculadas a la Junta de Castilla y León que figuran anotadas como inicialmente destinatarias de regalo de ‘Navidad’ por parte de la empresa Civil 4, SL, entre los que figura el llamado Jesús Martín Almeida, si bien no costa ningún objeto/regalo asociado al mismo”.

Como datos de la relación estrecha entre los implicados, destaca lo sucedido tras la adjudicación del proyecto, indica el juez instructor, que destaca que “unos dos meses después de serle adjudicado el Contrato de Dirección Facultativa sobre las obras relativas a la construcción de la Variante de Guardo (mayo 2.011), se suscribe contrato de Industriales entre José Antonio Llombart (EIPSA) y un representante de la UTE Sacyr-Río Vena (propiedad de Miguel Méndez Pozo), por la que el primero de ellos es contratado para trabajos de consultoría y apoyo a la redacción del proyecto modificado, fijando unos honorarios por tal labor de 120.000 euros”.

“Si bien el que suscribe el contrato para trabajos de consultoría y apoyo a la redacción del proyecto modificado, es J. A. Llombart por parte de EIPSA, en solitario, existen correos internos entre este y Diego Benito Dols, en los que se cruzan datos para facturarse internamente entre si un porcentaje de las cantidades percibidas de la UTE SACYR-Río Vena, de lo que se desprende que también participa en dichos trabajos de consultoría”.

En el apartado de fundamentos de derecho, el juez hace mención a las dificultades encontradas para determinar las presuntas responsabilidades “dada la existencia de una apariencia externa formal correcta en el procedimiento administrativo”.

“En cuanto a los regalos, es cierto que consta que se enviaron más regalos a más funcionarios. La posible percepción de regalos por elevado número de funcionarios y cargos en la Dirección General de Carreteras podrá ser investigada en su caso por el Ministerio Fiscal. Pero el dato de que muchos funcionarios reciban regalos de empresas que concursan y sobre las que han de decidir o informar no oculta la realidad de que en este procedimiento así ha ocurrido”, concluye el juez.

Este caso fue destapado por la Unidad de Delitos Económicos y Financieros de Madrid y vio la luz después de que la funcionara Belén González González fuera detenida el 21 de junio de 2012 en su despacho de la propia sede de la Consejería de Fomento, en Valladolid.

Noticias Relacionadas

El director general de Carreteras confía en haber aclarado en 45 minutos la sospechosa adjudicación de la variante de Guardo

El director general de Carreteras de la Junta declará como imputado por la variante de Guardo

El administrador de una de las adjudicatarias declara como imputado por el caso de la variante de Guardo

Declara la funcionaria de Fomento imputada por irregularidades en la adjudicación de la variante de Guardo

Comparte este artículo: