Javier León se esconde tras los técnicos en el juicio por desobediencia que puede ser su punto y final político

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El alcalde, en un momento de su declaración en el juicio. Foto: Nacho Gallego / EFE

El alcalde, en un momento de su declaración en el juicio. Foto: Nacho Gallego / EFE

Nervioso, ha llegado a asegurar que no sabía ni que su mujer había pedido la nulidad del proceso / La Fiscalía dice que es un caso de “la retórica al servicio del incumplimiento” y la acusación que “el cumplimiento final no evita la desobediencia”

últimoCero.Valladolid:: Lunes, 27 de Abril de 2015 ::

27 años después de atender un parto, el alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva, se ha presentado hoy ante la juez para responder por un presunto delito de desobediencia como un ginecólogo que, pese a llevar varias décadas en política, sólo hace lo que le mandan los técnicos municipales.

Esta ha sido la estrategia de defensa utilizada por Javier León durante la vista oral del juicio que, en caso de traducirse en condena, será su tumba política y dejará huérfano de candidato a la alcaldía la lista presentada por el PP para las elecciones del próximo 24 de mayo.

Visiblemente nervioso e, incluso desafiante ante las preguntas del abogado de la acusación particular, Carlos Castro, ejercida por la Federación de Asociaciones de Vecinos ‘Antonio Machado’ (la juez llegó a conminarle para que se dirigiera a él “con educación” y acabó recriminando los gestos de la bancada donde hicieron piña los concejales y aspirantes del PP que le arroparon ), León de la Riva, se ha vuelto a esconder tras las supuestas decisiones adoptadas por los técnicos municipales para explicar el “injustificable retraso” en dar cumplimiento a una sentencia de 2008 que obligaba a devolver la legalidad al inmueble de la Plaza de Zorrilla donde él mismo reside y en el que, cuando ya se encontraba en trámites de compra de su vivienda, autorizó con su firma la transformación de antiguas carboneras en dos áticos, a la postre ilegales y que finalmente acabaron siendo reducidos a escombros… cinco años después.

El supuesto “desconocimiento” tras el que se ha refugiado el todavía alcalde de Valladolid para defender su inocencia ha sido el hilo conductor de las 5 horas que ha durado la vista. Hasta el punto en que ha llegado a asegurar que no se enteró de que su propia esposa (“sólo lo supe a posteriori”, dijo) llegó a solicitar al tribunal la nulidad de todas las actuaciones.

El alcalde responde a las preguntas de la fiscal. Foto: Nacho Gallego / EFE

“Todo estaba delegado en Cristina Vidal (concejala de Urbanismo a la que la juez ha negado la posibilidad de declarar como testigo en la vista)”; “Sólo seguí los consejos del secretario, del vicesecretario y de los servicios jurídicos de la Ayuntamiento. Firmo cualquier documento que me pasan”; “La inejecutabilidad de la sentencia solicitada la decidió la asesoría jurídica sin consultarme”; “Nadie me advirtió de la necesidad de comunicar al Tribunal la delegación de funciones en Vidal” o “¡No me podía poner el casco y la piqueta y subir a la terraza!” han sido sólo algunas de las frases exculpatorias que ha pronunciado el alcalde durante el interrogatorio.

Un interrogatorio de hora y media en el que Fiscalía y Acusación han puesto de manifiesto varias contradicciones. El alcalde que delega todo en los criterios de sus técnicos y que se ausentó de las Juntas de Gobierno en las que se trató este tema siguiendo sus recomendaciones, fue, sin embargo, el que firmó varios decretos, como el de la concesión de la licencias que se declararon ilegales o, ya en el tramo final de este caso, los de cese de uso de las oficinas que deberían haber sido viviendas o el desalojo de los áticos declarados ilegales.

Javier León también confesó que no le llamó la atención que el Ayuntamiento “se autoconcediera una licencia” para la ejecución de las obras que se declararon ilegales o que su concejala de Urbanismo le propusiera para solventar el problema al mismo arquitecto que había ocasionado el desaguisado (Luis Álvarez Aller, imputado en el caso PGOU) y tampoco por qué no fue hasta dos años después de dictada la sentencia cuando firmó el decreto de desalojo de los áticos que había que derruir.

“Mi intención siempre ha sido dar cumplimiento a la sentencia” ha reiterado en numerosas ocasiones el acusado, que ha hecho uso del derecho a pronunciar la última palabra del juicio: “¿Qué ganaba yo con no se ejecutara la sentencia en tiempo y forma?”.

Testigos

La defensa de Javier León, llevada por el letrado José María Tejerina, ha solicitado la comparecencia de cuatro testigos, aunque finalmente sólo han declarado tres al rechazarse el testimonio de la concejal de Urbanismo, Cristina Vidal.

Inés del Hierro, arquitecta interina adscrita a la gerencia de urbanismo, que ha dejado claro a preguntas de la defensa que “nunca” ha recibido “indicaciones, instrucciones ni susurros ni nada” del alcalde, ha intentado, como “encargada de la supervisión de las obras”, poner de manifiesto las dificultades técnicas que entrañaba la ejecución de la sentencia. Sin embargo, en su testimonio, trufado de interrupciones de la juez del caso (Evelia Marcos) requiriéndola que no tutease al abogado de la acusación, ha acabado reconociendo que “las obras se podrían haber desarrollado en una sola fase y no en dos” y que “los problemas de interpretación de los planos (para devolver la legalidad al edificio) sólo surgieron a partir de 2012”, cuatro años después de que la sentencia a cumplir fuera firme. Del Hierro, al abandonar la sala, ha saludado a varios de los concejales del equipo de Gobierno que ocupaban las primeras filas de los asientos reservados al público.

En primer término, el alcalde. Al fondo, concejales del equipo de Gobierno que han abandonado hoy sus tareas para acompañar al alcalde en el juicio junto a miembros de la candidatura del PP. Foto: Nacho Gallego / EFE

También ha comparecido como testigo el perito Luis Alfonso Basterra, quien ha reconocido que tuvo que desplegar “una labor casi detectivesca” para buscar los planos y fotocopias que determinaran cuál era la fisonomía del edificio en 1947, fecha de su construcción, pese a que el fallo a cumplir sólo hacía referencia a que se debían demoler las últimas obras realizadas. “Al final el edificio no ha podido ser replicado como estaba en el 47”, ha apuntado para acabar reconociendo que “no ha habido motivos para que algunas partes de la obras (terraza) no se hubieran realizado en 4 años”.

El último de los testigos de la defensa fue el ya ex miembro de la asesoría jurídica del Ayuntamiento, Luis Lavín Deza (jubilado desde el pasado mes de enero). Con un más que evidente temblor de piernas, contestó a las preguntas de la fiscal del caso (Ana Valle) y el abogado de la acusación referidas a un escrito presentado al Tribunal en el que se solicitaba la declaración de imposibilidad de cumplimiento de la sentencia. Su objetivo, confesó que era “subsanar lo ilegal sin destruir lo legal” antes de asegurar que “sobre este tema nunca habló con el alcalde”.

“Yo doy el cauce procesal para que se ejecute y se de por cumplida la sentencia con un proyecto que presenta el Ayuntamiento”, dijo, reconociendo que no revisó ese proyecto  por no ser de su competencia informar proyectos técnicos.

Para la Fiscalía, precisamente esa actuación supone “pretender dar por ejecutada la sentencia como quería el Ayuntamiento y no como había ordenado la sala”, sostuvo en sus demoledoras conclusiones finales en las que mantuvo su petición de 15 meses de inhabilitación para Javier León de la Riva (24 meses la acusación particular).

La representante del ministerio público enumeró las distintas fases del procedimiento y calificó como “voluntad obstructiva para que se ejecutara la sentencia” los oídos sordos que hizo el alcalde durante 5 años a los múltiples requerimientos (varios de ellos personalísimos) para que se ejecutara la sentencia. Puso de manifiesto la contradicción entre el supuesto “interés por cumplir la sentencia” del alcalde y su evidente “interés personal” (dueño de una vivienda en el inmueble, el recurso presentado por su mujer…), su “abierta negativa a acatar el fallo” y, sobre el origen de este caso, que “no se abstuvo (como sí hizo en momentos posteriores) a la hora de conceder la licencia de las obras (declaradas ilegales) pese a que ya estaba en trámites de compra de su casa”.

“El alcalde sabía que se estaba inejecutando la sentencia. Cuando se lo tomaron en serio, las obras se hicieron en unos meses. No es un retraso, sino una voluntad instructiva”, dijo la Fiscal, que calificó la forma de obrar del primer edil como “la retórica al servicio del incumplimiento”.

En la misma línea fueron las conclusiones de la acusación, que dejó claro que “el cumplimiento final de la ejecución de la sentencia no evita la desobediencia”, ya que se tardó 5 años y fueron necesarios 6 requerimientos para que e diera por cumplida.

“El alcalde no es tan torpe como para dictar un decreto o decir que no quiere que se ejecute la sentencia, pero está claro que el desobediente ha sido él”, concluyó el letrado Carlos Castro.

La defensa del alcalde, que consiguió aportar a la causa nueva documentación en un pen drive (las acusaciones se oposieron y vieron en ello un intento de aplazar la celebración del juicio) hizo hincapié  en su “voluntad de cumplir la sentencia”, subrayó las supuestas “dificultades técnicas” para proceder a su ejecución y acabó calificando como “juicio político” la vista contra el alcalde que ha tenido que celebrase después de que el juez instructor decidiera archivar el caso y la Audiencia Provincial lo reabriera por entender que existían indicios más que sobrados de la intención de desobedecer, entendida ésta “como negativa u oposición voluntaria, tenaz, contumaz y rebelde, obstinada y recalcitrante de acatar el mandato judicial, que revela el propósito de desconocer deliberadamente la decisión de la autoridad judicial”.

La causa contra Javier León ya está vista para sentencia y su futuro político, en manos de la juez Evelia Marcos.

 

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