Los trabajadores municipales hacen el trabajo por el que se paga a Cofely España S.A

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Operación Púnica

Cofely España, la empresa que concertó el pago de un soborno de 240.000 euros con el concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Móstoles, Alejandro Utrilla, para que se le adjudicase un contrato de 72 millones de euros, no está cumpliendo con sus obligaciones y la única medida que toma el equipo de gobierno es que las asuma el personal municipal.

 

En octubre de 2014 la Guardia Civil irrumpía en el Ayuntamiento de Móstoles en una operación que se saldaba con la detención del entonces concejal de Medio Ambiente, Alejandro Utrilla Palombi, mano derecha del alcalde y ahora candidato del PP Daniel Ortiz.

Esta operación, ordenada por el juez Velasco de la Audiencia Nacional, se sustentaba en las grabaciones efectuadas por la Unidad de Delitos Fiscales de la Policía (UDEF), que prueban que el concejal mostoleño había concertado el pago de un soborno de 240.000 euros a cambio de la adjudicación de un contrato multimillonario a la multinacional francesa Cofely España, adjudicación que se materializó pese a que Alejandro Utrilla no tenía responsabilidad directa en la contratación, dependiendo ésta del concejal de Infraestructuras y Mantenimiento, David Sánchez Rey y de la concejala de Administración Pública, Vanesa Martínez.

A las pruebas de corrupción en torno a este contrato se suman graves incumplimientos del mismo por parte de Cofely España. Durante el invierno la práctica totalidad de colegios del municipio han sufrido graves incidencias con la calefacción tras sustituir esta empresa las calderas, hasta el punto de que durante noviembre 34 colegios permanecieron sin calefacción  y en el resto de centros la temperatura era sumamente baja, situación que se mantuvo hasta febrero en 8 colegios.

Las quejas recibidas de la comunidad educativa han obligado al equipo de gobierno de Daniel Ortiz a tener que imponer una sanción de 50.000 euros a Cofely España, cantidad que supone tan sólo el 1% de lo que esta empresa factura anualmente al Ayuntamiento de Móstoles. Con esta ínfima sanción la corporación municipal sortea tener que rescindir el contrato por incumplimiento grave del mismo, algo a lo que el Alcalde se comprometió en noviembre del año pasado, en el momento álgido de la operación judicial contra la corrupción en Móstoles.

Este no es el único incumplimiento que se está consintiendo a esta empresa.

El contrato suscrito con Cofely además del suministro energético y de agua, incluye el mantenimiento integral y a todo riesgo de los edificios municipales y centros educativos de Móstoles.

La interpretación sobre qué es mantenimiento integral y qué no lo es se está permitiendo que la haga de modo unilateral la empresa contratada que, en pos del mayor beneficio económico posible, rechaza todos los partes de mantenimiento que le llegan. Sustituir luminarias fundidas, arreglar grifos, reparar cuadros eléctricos, preparar instalaciones para que pasen las inspecciones obligatorias y un largo etcétera de operaciones de mantenimiento están siendo realizadas por personal municipal pese a que el municipio está pagando más de cinco millones de euros anuales por este servicio. Hay que recordar que Daniel Ortiz publicitó este contrato como de  “coste cero” para el municipio, ya que todos los trabajos para reducir los consumos en los edificios municipales serían realizados por la empresa, que obtendría su beneficio a largo plazo gracias a la reducción del gasto eléctrico y de agua, así como de un mantenimiento constante que optimizase los consumos.

Resulta que el “coste cero” no es tal, ya que la empresa se está negando a  ejecutar los trabajos de mantenimiento argumentando que se trata de “sustituciones” o “modificación de instalaciones”… La concejalía de Infraestructuras y Mantenimiento en lugar de exigir el cumplimiento de lo pactado ha optado  por que estos trabajos sean realizados por el personal municipal, que, además, están obligados a emplear materiales suministrados exclusivamente por Cofely al precio que esta empresa considera oportuno.

La permisividad que está demostrando el gobierno del Partido Popular hacia la principal empresa de la trama de corrupción destapada durante la Operación Púnica contrasta con el comunicado hecho público por el gobierno municipal el pasado mes de noviembre, en el que afirmaba que  “los esfuerzos se centran en garantizar el riguroso cumplimiento del contrato” y que “el Ayuntamiento resolverá el contrato a la empresa Cofely si existen incumplimientos graves en la prestación de servicios…”

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