Plaza Mayor de Almazán.
El juzgado de instrucción número 1 de Almazán (Soria) ha ordenado reabrir una causa por el asesinato de 10 hombres el 14 de agosto de 1936. Es la única causa abierta en España por crímenes cometidos durante la Guerra Civil. La juez atiende así la demanda de la asociación Recuerdo y Dignidad, que representa a las familias de las víctimas, y que pidió ayuda a la justicia en julio de 2013, cuando exhumó de una fosa común los restos de seis de los diez fusilados.
La causa fue inicialmente sobreseída «por no resultar conocido el autor de los hechos», pero la magistrada ha decidido reactivar la investigación después de que la propia asociación sugiriera al juzgado la posibilidad de localizar documentación que pudiera arrojar luz sobre los autores del crimen. En su auto, la juez ordena librar un oficio a la Guardia Civil de Almazán para que remita al juzgado «las hojas de servicio de la Guardia Civil de Almazán, Barcones, San Esteban de Gormaz y Burgo de Osma los días 13 y 14 de agosto de 1936», así como las «posibles órdenes de ejecución o similares». También reclama la magistrada que «se investiguen las órdenes de puesta a disposición de Guardia Civil y Falange dadas por el comandante militar» y que «se averigüe si fueron únicas o sistemáticas». Por último, ordena que se libre un oficio a la subdelegación del Gobierno en Soria «a fin de que se investigue e informe al juzgado de la documentación del Gobierno civil relativa al crimen, ya que dependía del propio gobernador Rafael Sevillano».
Fue precisamente el antropólogo forense Francisco Etxeberria, que ha trabajado en la identificación de los restos de Cervantes, quien dirigió en julio de 2013 los trabajos de exhumación de las víctimas de este crimen cometido el 14 de agosto de 1936. Así, fueron recuperados los restos de seis vecinos de San Esteban de Gormaz: Juan Ballano Pérez, un agricultor de 31 años; Juan Pablo Rica, concejal de cultura, de 54; Bernabé Esteban, jornalero, de 37; Mariano González, ferroviario, de 35; Cándido Muyo, agricultor, de 25; y Máximo Redondo, guardabarreras, de 37 años. Los otros cuatro fusilados, todos vecinos de Soria y miembros de la CNT, no fueron localizados en esa fosa.
El abogado de los familiares de las víctimas, Eduardo Ranz, considera el auto de la juez «un ejercicio de justicia» que espera «se contagie» a otros juzgados donde los descendientes de otros fusilados de la Guerra Civil han presentado demandas similares. Esta es la única causa abierta en España por los crímenes del franquismo. En Argentina, la juez María Servini de Cubría mantiene abierta una causa por genocidio tras recibir las denuncias de muchos de los familiares que acudieron a la justicia de Buenos Aires después de que el juez Baltasar Garzón fuera suspendido por atender sus demandas y abrir una investigación en la Audiencia Nacional. El Tribunal Supremo cerró con una sentencia de marzo de 2012 la vía para que estas ejecuciones pudieran ser investigadas como delitos contra la humanidad al considerar que ya habían prescrito. España ha denegado asimismo la extradición de una veintena de excargos franquistas solicitada por la juez argentina alegando que estaban amparados por la ley de amnistía de 1978.