La gestión clínica solo es urgente para los privatizadores

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Lo que es inexplicable es que el Ministro y el Foro de La Profesión se avengan a tamaña deslealtad e indican de manera fehaciente que los intereses que defienden no son los de la mayoría de los profesionales sanitarios sino los suyos propios, y que están interesados en cerrar este asunto sin debate para adelantarse a los resultados de las elecciones y poner a los nuevos gobiernos ante hechos consumados

Cuando la exministra Mato modifica el Estatuto Marco sin participación ni trasparencia, durante el verano de 2013, y abre el camino a la laboralización de los empleados públicos, pretendía eliminar el principal obstáculo de las empresas en el cumplimiento de su objetivo más ansiado, la gestión directa de los servicios asistenciales más rentables del SNS y de sus profesionales, mediante la implantación de unidades de gestión clínica con personalidad jurídica propia y autonomía de gestión.

Las empresas privadas ensayaron todo tipo de fórmulas para hacerse con la gestión de la asistencia sanitaria pública y todas ellas han resultado menos eficientes y de menor calidad que la atención prestada en el SNS, según múltiples informes de dentro y fuera de España.

Sin embargo, no hay duda de que la mercantilización de la sanidad supone un monumental negocio. La gestión privada permite implantar el cobro por actividad, incrementando la sobreutilización de fármacos y tecnologías, el control de la información del Sistema y un enorme ahorro en profesionales, mediante la centralización de servicios, la generalización de la telemedicina, el destajismo y la precarización laboral.

Esto explica la presión continuada del lobby sanitario privado para implantar la Gestión Clínica S.A. en el Sistema Sanitario Público. Lo que es inexplicable es que el Ministro Alonso y el Foro de La Profesión, es decir los representantes de los organismos que deberían defender el SNS y los derechos de los profesionales, se avengan a tamaña deslealtad e indica de manera fehaciente que los intereses que defienden no son los de la mayoría de los profesionales sanitarios sino los suyos propios (como lo demuestra el amplio rechazo a las unidades de gestión clínica, véase Galicia, Asturias o Castilla y León), y que están interesados en cerrar este asunto sin debate para adelantarse a los resultados de las elecciones autonómicas y generales y poner a los nuevos gobiernos ante hechos consumados.

Desde la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública rechazamos estos intentos privatizadores y pensamos que hay que avanzar en:

  1. Crear un clima de rechazo profesional y social en contra de estas Unidades de Gestión Clínica, informando y demostrando la pérdida de derechos y de calidad de la atención para la gran mayoría de ciudadanos y profesionales.
  2. Articular una alianza profesional lo más amplia posible, que aísle a los sectores qué han suscrito un acuerdo de apoyo, para rechazar esta Gestión Clínica que plantea el Gobierno, que fragmentará y privatizará el sistema sanitario público, y que no tiene nada que ver con la mejora de la integración y de la efectividad del sistema.
  3. Ampliar y reforzar la alianza social y profesional en defensa del sistema sanitario y de rechazo a estas medidas de desmantelamiento y privatización.
  4. Convocar medidas de movilización social y profesional que exijan la retirada de las Unidades de Gestión Clínica
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