¿Demo-qué? El TC declara inconstitucional que la voz del pueblo catalán se exprese democráticamente en las urnas

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El Tribunal Constitucional (TC) ha anulado, por ser contraria a la Constitución, la consulta soberanista celebrada en Cataluña el pasado 9 de noviembre de 2014 y también la ley en la que se basó la propia convocatoria, en una decisión adoptada por unanimidad de sus magistrados, porque, según dice en su resolución, se trataba de un referéndum de los reservados por la Constitución para el Estado.

El fallo ha sido propuesto por los magistrados José Antonio Xiol y Pedro González Trevijano y ha tenido en ambos casos el acuerdo del resto de los miembros del tribunal, según fuentes del Tribunal Constitucional.

El TC recuerda que los referéndum son competencia exclusiva del Estado, por lo que anula la norma; a continuación, anula el decreto que convoca la celebración del 9N porque considera que ésta era una de las llamadas consultas populares que consisten en realidad en un referéndum.

En concreto, el fallo de este miércoles anula el artículo 3 de la citada norma, que define las características de las consultas, y el 16, que establece el seguimiento de las mismas.

Además anula la convocatoria inicial para el 9N, aunque no se refiere expresamente al llamado “proceso participativo” que finalmente tuvo lugar en Cataluña el 9 de noviembre de 2014.

Pleno extraordinario

Los magistrados del tribunal de garantías se han reunido este miércoles en un pleno extraordinario que ha durado menos de una hora para acordar los fundamentos jurídicos en los que se basan las dos sentencias que le dan la razón al Gobierno central, que recurrió las medidas acordadas por la Generalitat catalana.

Al aceptar a trámite los recursos del Gobierno, el TC suspendió cautelarmente por cinco meses la norma recurrida y el decreto de convocatoria. Ese plazo se cumplía en estas fechas, razón por la que los magistrados se han reunido para tomar una decisión definitiva.

La suspensión cautelar, que la ley prevé que se ponga en marcha de manera automática cuando se admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad del Gobierno si así lo pide el Ejecutivo, tiene una vigencia de cinco meses, de modo que se cumplía en estas fechas el límite a partir del cual el TC hubiera debido prolongarla o retirarla; en lugar de eso, ha optado por una resolución definitiva que cierra el procedimiento.

Agencias

REACCIONES:

CUP: “Democrática insubordinación”

En declaraciones a los periodistas en los pasillos del Parlament, ha reaccionado así al fallo del Alto Tribunal, que este martes ha acordado por unanimidad declarar inconstitucionales dos preceptos de la Ley catalana de Consultas y considerar inconstitucional y nulo de pleno derecho el acuerdo de convocatoria de la consulta del 9N.

Fernández ha esgrimido que es “obvio que la intención del nacionalismo de Estado es secuestrar y decomisar el ‘derecho a decidir’, y ha añadido que ese es un discurso del pasado completamente fracasado.

“Las urnas han llegado para quedarse y ningún tribunal estará por encima de la libre voluntad de nuestro pueblo”, ha apuntado, y ha llamado a dejar atrás sentencias propias del pasado y centrarse en construir un nuevo futuro y una nueva Constitución para Cataluña.

Por ello, ha expresado su “absoluta, tranquila, pacífica y democrática insubordinación ante el TC”, a quien ha negado cualquier legitimidad para posicionarse sobre aspectos relacionados con el 9N.

ICV: “No pueden anular la movilización popular”

El portavoz de ICV en el Congreso de los Diputados, Joan Coscubiela, ha afirmado este miércoles que el Tribunal Constitucional (TC) podrá anular la Ley de Consultas catalana pero “nunca” podrá anular la “movilización ciudadana” que se produjo en Cataluña el pasado 9 de noviembre durante la celebración del llamado “proceso participativo” impulsado por el Gobierno de Artur Mas.

Además, Coscubiela ha indicado que con la sentencia del TC “se confirma que este es un problema político que solo tiene solución política”. Por tanto, “quienes quieran encontrar esa solución echando mano de los tribunales o del Tribunal Constitucional se equivocan”, ha declarado a los periodistas en los pasillos del Congreso.

En este sentido, el portavoz de ICV ha pedido a quienes tienen responsabilidades en el Estado –mencionando concretamente al Gobierno, al presidente Mariano Rajoy, al PP y al PSOE– que entiendan que “a la democracia no se le puede poner puertas”. A su juicio, el derecho a decidir es defendido de forma “absolutamente mayoritaria” por los ciudadanos catalanes y “más pronto o más tarde va a encontrar su cauce para poder desarrollarse”.

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