Un juzgado da la razón a Doris Benegas en un recurso por protección de los Derechos Fundamentales de la Persona

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La abogada Doris Benegas. Foto: Gaspar Francés

La abogada Doris Benegas. Foto: Gaspar Francés

En un procedimiento por sanción por convocar una movilización de Rodea el Congreso

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Un auto del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Valladolid ha dado la razón a la abogada Doris Benegas al reconocer que el procedimiento para la Protección de los Derechos Fundamentales de la Persona es el correcto en un recurso contra la sanción de 1.500 euros impuesta a la letrada por la Delegación del Gobierno en Madrid.

La resolución de ‘infracción grave‘, que confirmó la Delegación de Gobierno en Madrid el 8 de julio de 2014 fue impuesta a Doris Benegas por ejercer de portavoz de la Coordinadora 25S en una rueda de prensa celebrada el 12 de diciembre de 2013 para convocar una movilización -sin comunicación previa a la autoridad gubernativa– de Rodea el Congreso señalada para dos días después -14 de diciembre de 2013-, y que fue recurrida por entender que se vulneraban los Derechos Fundamentales de la Persona.

El abogado del Estado alegó la ‘inadmisibilidad e inadecuación’ del procedimiento planteado. El auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Valladolid, de 11 de febrero de 2015, desestima esta pretensión y acuerda: ‘Continuar el cauce procedimental por los trámites del procedimiento de protección de los derechos fundamentales de la persona’.

En relación con el primer planteamiento, el auto señala que ‘en cualquier caso, debió de alegarse antes de contestar a la demanda’, y respecto a lo inadecuado del procedimiento -‘planteado fuera de plazo y del trámite procesal previsto para ello’-, se estima lo expuesto por la abogada Benegas que alegó: ‘La vulneración de una sería de derechos fundamentales como la tutela judicial efectiva, la presunción de inocencia, el ejercicio legítimo del derecho de reunión, libertad de expresión e información, principio de no arbitrariedad y no discriminación, respecto de los cuales, existe una vinculación argumental y de prueba suficiente que no permite excluir prima facie o de forma palmaria que alguno de estos derechos fundamentales no se haya visto afectado por la resolución recurrida, lo que unido a que el recurso ha sido interpuesto en plazo (el computo de los plazos procesales aplicable al caso se realiza excluyendo los inhábiles y el mes de agosto), conduce a declarar que procede continuar por el cauce procesal del procedimiento de protección de los derechos fundamentales’.

Infome de la OSCE

Doris Benegas ha esgrimido en su defensa un informe de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), en el que se acusa al Gobierno de España de perseguir el derecho de manifestación, con independencia de que hubieran sido comunicadas a la autoridad gubernativa.

El informe fue elaborado por observadores de la OSCE con las conclusiones de su visita a Madrid y ser testigos de varias protestas que acabaron con sanciones a participantes y organizadores. Para la OSCE este proceder es una interferencia en el derecho de manifestación.

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