La Plataforma por la Libertad de Isma denuncia “detenciones aleatorias”

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Concentración en Colón de solidaridad Miguel e Isma, encarcelados tras las Marchas de la Dignidad. / Dani Gago / DISO Press

Ismael pasó más de dos meses en prisión preventiva después de ser detenido por supuestas agresiones a la policía durante las Marchas de la Dignidad del 22 de marzo de 2014. No fue detenido el día de las masiva manifestación que llenó las calles de Madrid, sino dos semanas después, en la llamada Operación Puma, en la que fueron detenidas otras diez personas.

El pasado 3 de febrero, Isma volvió a ser detenido en el distrito madrileño de Chamberí, mientras paseaba con su compañera sentimental. “Nos encontramos ante un claro caso de abuso de poder y de autoritarismo por parte de los cuerpos de represión del Estado Español”, afirma el joven a Diagonal.

La Plataforma por la Libertad de Isma denunció el pasado 5 de febrero un supuesto caso de abuso policial contra Ismael. Según esta organización, el joven fue nuevamente detenido “sin alegar motivos” la noche del 3 de febrero en un “control rutinario aleatorio”. En el comunicado oficial también denuncian el uso de los teléfonos móviles personales de los miembros de los cuerpos de seguridad del Estado para fotografiar los documentos de identidad de Isma y su pareja, y el hecho de que al implicado le fuera denegada la opción de notificar a su abogado de confianza la detención “ya que no pudo facilitarles el número de teléfono y según los agentes, con el nombre y los apellidos no es suficiente”.

“Primero pasaron a nuestro lado en coche muy despacio mientras nos observaban fijamente, y luego continuaron su marcha para detenerse unos metros más adelante e interceptarnos”; explica Isma. Una vez fuera del vehículo, los miembros del CNP procedieron a solicitar a la pareja que se identificara argumentando un supuesto “control rutinario aleatorio”. Asegura que en el momento en el que ambos les facilitaron sus documentos de identidad, “los policías fotografiaron estos documentos con sus teléfonos móviles”. Ertlanz Ibarrondo, abogado del joven, afirma que “evidentemente el uso de terminales particulares, en este caso para realizar fotografías de carnets de identidad por parte de la policía en el ejercicio de sus funciones no está recogido en ninguna ley y, por lo tanto, se encuentra completamente fuera de la misma”.

Una vez ambos jóvenes habían entregado su documentación, éstos procedieron a solicitar los números de identificación de los miembros del CNP que les habían abordado. “La situación fue bastante tensa en todo momento y, aunque ellos no ayudaban con su actitud, conseguimos sus números de identificación sin tener que fotografiarles”, afirma Ismael, quein señala que el trato que recibieron por parte de la policía fue “insoportable”, y que empeoró bastante cuando conocieron su detención en la Operación Puma 70. “Nos dijeron varias veces que íbamos a dormir calentitos ese día e incluso llegaron a encararse conmigo, casi forzando un enfrentamiento directo con ellos”, afirma.

Ismael y su compañera solicitaron que les devolvieran sus identificaciones para poder continuar su camino, a lo que la policía respondió, según los testimonios de los jóvenes, arrojando al suelo el DNI de Isma mientras se subían en su vehículo para marcharse. Cuando Isma recogió su carnet, “se bajaron otra vez, se dirigieron directamente hacia mí acusándome de haber escupido al coche y me pusieron contra la pared con las piernas abiertas un buen rato mientras me daban patadas con la excusa de que las abriera aún más”. “Sabía que me iban a detener, y que no había hecho nada para que lo hicieran”, asegura.

Los miembros del CNP detuvieron a Ismael y lo trasladaron a las dependencias policiales de Chamberí, dejando en libertad a su compañera. Según el propio joven, una vez que estaba en los calabozos le preguntaron si deseaba comunicar a alguna persona su detención, a lo que Isma respondió de manera afirmativa. “Aporté el nombre y los apellidos de mi abogado y la policía me aseguró que esos datos no eran suficientes para localizarle, y que si no me sabía su número de teléfono se me asignaría un abogado de oficio como a todo el mundo”, asegura. Ibarrondo confirma que, “en teoría, con el nombre y los apellidos es suficiente”. El abogado señala que portar muchos más datos sobre tu letrado de confianza podría ser considerado incluso como un indicio de que ibas a proceder a cometer algún tipo de acto delictivo. Finalmente se le asignó un abogado de oficio, que le atendió al siguiente día a las 9h y le confirmó que le iban a poner en libertad.

Ismael asegura que el objetivo de la detención fue provocarle y criminalizar a la juventud más combativa. Su abogado afirma que esta vulneración de derechos ya ha sido denunciada y que se encuentran a la espera de conocer el auto que especifique los delitos o faltas por las que fue detenido el joven madrileño la noche del 3 de febrero. Aunque advierte que será un procedimiento muy complicado dado que “la realidad del día a día es que las denuncias interpuestas por este tipo de hechos tienen muy pocos visos de vencer en un procedimiento o tan siquiera de que se tramite”. Asegura que “hoy por hoy es muy difícil que un juzgado siga adelante con una instrucción dando credibilidad a lo que manifieste un ciudadano frente a lo que hayan manifestado unos agentes de la autoridad”.

 

Querella criminal contra Cristina Cifuentes y los mandos policiales del 22M
Marchas por la Dignidad, junto a numerosas organizaciones, colectivos sociales y sindicatos, presentaron el pasado 13 de febrero una querella criminal contra la delegada del Gobierno de Madrid, Cristina Cifuentes, y los responsables del operativo policial del 22M ante los sucesos acaecidos el 22 de marzo de 2014 en la capital. En el texto sostienen que los disturbios de aquella movilización, por los que fue detenido posteriormente Ismael, fueron ocasionados por “infiltrados policiales orquestados por los mandos policiales”, y no por los participantes de la movilización. Afirman que la intervención policial se dirigió directamente contra los manifestantes y no “contra el grupo provocador”, y aclaran que todo fue “un montaje para relacionarles con la violencia”.
La querella recalca que ese 22 de marzo “se cargó contra miles de manifestantes cuando estos se encontraban concentrados en Colón escuchando el manifiesto que estaban leyendo los organizadores de la marcha, cuando el horario comunicado no había finalizado. Se cargó contra los manifestantes pacíficos con la excusa de que un pequeño grupo no identificado y de menos de 50 personas estaba generando un incidente. Se cargó de forma expansiva disolviendo de facto la manifestación pese a los requerimientos de los organizadores, provocando un peligro real sobre la integridad de miles de personas”.

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