Nuevo desahucio en Madrid con amplio operativo policial

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La policía ha desahuciado a mediodía de hoy a una familia en Alto de Extremadura, en Madrid, utilizando un amplio operativo con ocho furgones de las fuerzas antidisturbios de la Policía Municipal de Madrid, a pesar de la presencia de medio centenar de militantes stop desahucios convocados por la Asamblea de Vivienda de Latina. En esta ocasión se trata de Charo, su pareja y sus dos hijos de 5 y 8 años, que fueron a su vez desalojados hace un lustro de su vivienda familiar en el poblado de Puerta de Hierro. Desde entonces, esta familia ha estado acogida por distintos parientes, trasladándose de casa en casa sin dejar de buscar alternativas y en espera de una vivienda social que nunca llega.

Ante dicha situación, esta unidad familiar decidió ocupar una vivienda vacía cuyos antiguos propietarios abandonaron por miedo a ser desahuciados al no poder hacer frente a la hipoteca, contratada con Bankia, una ejecución hipotecaria cuya orden ha llegado ahora, a pesar de que los antiguos inquilinos ya no se encuentran en España.

Desde hace meses la familia de Charo ha intentado ponerse en contacto con Bankia, solicitando que se regularice su situación mediante un contrato de alquiler social. Sin embargo, la entidad no sólo no ha querido negociar sino que en la última visita de la familia a la sucursal bancaria donde está contratada la hipoteca los responsables de la misma llamaron a la policía, episodio que finalizó con varias escenas de tensión.

La Asamblea de Vivienda de Latina reclama a Bankia que ofrezca el piso en régimen de alquiler social. “Si hemos rescatado a Bankia, sus casas deben ponerse al servicio de la sociedad, en forma de parque de vivienda social en régimen de alquiler”, afirman desde el colectivo, que recuerda que “son ya miles las familias que, ante la falta de recursos económicos y de respuestas reales a la emergencia habitacional desde las instituciones, han tenido que ocupar viviendas vacias”.

En las últimas semanas se han vivido en Madrid varios tensos desahucios en los que las administraciones han utilizado amplios dispositivos policiales y fuerzas antidisturbios, en lo que parece un recrudecimiento del trato a este tipo de convocatorias por parte de jueces, Delegación de Gobierno y Ayuntamiento.

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