‘Chato’ no tendrá que pagar 300 euros a Cristina Cifuentes por Rodear el Congreso

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Pancarta de la Coordinadora 25S en una manifestación contra la "Ley Mordaza"

Pancarta de la Coordinadora 25S en una manifestación contra la “Ley Mordaza”

Un juzgado le absuelve de la sanción impuesta por la Delegación del Gobierno por hechos de 4 de octubre de 2012

últimoCero.
Valladolid.:: Domingo, 08 de Febrero de 2015 ::

El activista social José Antonio de Torre Remiro (‘Chato’) no tendrá que pagar 300 euros, sanción impuesta por la Delegación del Gobierno en Madrid con motivo de Rondea el Congreso el 4 de octubre de 2012 por infracción del 26.h de la Ley Orgánica 1/1992 de Seguridad Ciudadana (desobedecer los mandatos de la autoridad o de sus agentes).

El vallisoletano ‘Chato’ impugnó la desestimación, por silencio administrativo, del recurso de alzada presentado a la Resolución de 9 de abril de 2013 dictada por la Delegación del Gobierno de Madrid por los hechos acaecidos el día 4 de octubre de 2012, cuando el vallisoletano, según un informe policial, fue identificado “cuando se disponía a cruzar el Paseo Recoletos, para desplegar en compañía de otro participante, una pancarta grande de color negro, mientras el tráfico rodado permanecía abierto a la circulación, quien al igual que el resto de los asistentes se le informó de forma verbal comprensible que la concentración en la que estaba participando, ya la que pretendía prestar su apoyo con el despliegue de la pancarta, al no haberse comunicado en tiempo y forma a la Delegación de Gobierno en Madrid, había incumplido con el deber de comunicación previa que debe realizarse ante cualquier reunión en la vía pública” , dice el cuarto Fundamento de Derecho de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Valladolid, cuya titular es Sara Villarreal Narganes.

En este Fundamento de Derecho se recoge el expediente administrativo con la denuncia del agente, “en la cual se reitera en varias ocasiones que el que suscribe informó a los asistentes de forma verbal y comprensible que dicha concentración de apoyo a los imputados por los hechos previos a la celebración del 25S, no contaba con la necesaria autorización emitida por la Delegación del Gobierno de Madrid (…)”

El sancionado fundamentó su recurso en los siguientes motivos: “1.-Que la resolución recurrida es nula, al haberse dictado prescindido del procedimiento legalmente establecido. 2.-Falta de motivación de la resolución recurrida, vulneración del principio de presunción de inocencia, así como del derecho fundamental de reunión”.

La jueza del Contencioso-Administrativo número 1 de Valladolid -la misma que desestimó el recurso por incautación por la policía de banderas republicanas el 1 de julio de 2014- señala que “no consta un mandato concreto dado por el agente y desobedecido por el recurrente, ni en el acta de denuncia ni en el informe de ratificación de la misma, requisitos necesarios para constituir el tipo administrativo infractor, en cuanto menoscabo al principio de autoridad y al respeto y consideración que merecen los agentes de la autoridad que se encuentran en el legítimo ejercicio de sus funciones, pues así como en la denuncia con relación a otros denunciados se indica expresamente que son requeridos por los agentes intervinientes para que abandonen la calzada, con indicación de haber desoído las instrucciones impartidas por los policías, negándose a abandonar la zona en la que se encontraban, dichas órdenes e instrucciones o dicha negación de las mismas no consta expresamente en el expediente administrativo con relación al recurrente, por lo que ante la ausencia de pruebas suficientes para dar por acreditados los hechos tipificados en el artículo 26.h) de la Ley 1/92, procede declarar la nulidad de la misma, ya que el contenido de la denuncia y su ratificación no permiten atribuir a los mismos y al resto de la prueba practicada la presunción de veracidad que suponga prueba de cargo suficiente y adecuada para sostener la sanción impuesta y dado que cualquier insuficiencia en el resultado de la pruebas practicadas, libremente valorado por el Juzgador, debe traducirse en un pronunciamiento absolutorio, en el presente caso procede estimar el motivo de impugnación alegado por la parte recurrente en su escrito de demanda, sin necesidad de analizar el resto d ellos motivos de impugnación contenidos en la demanda y declarar que la resolución recurrida no es ajustada a derecho, anulando la misma”.

Contra el fallo, de 4 de febrero de 2015, no cabe interponer recurso de apelación.

La letrada de ‘Chato’, Doris Benegas, ha calificado la sentencia de “una nueva victoria. Sí se puede; las sanciones hay que recurrirlas pues se pueden ganar”. Esta abogada asiste a varios personas del 15M de Valladolid sancionadas por manifestarse ante el Congreso con un total de 2.000 euros, sin que hasta la fecha hayan tenido que pagar un euro a la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes.

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