Varios partidos políticos se han comprometido hoy por escrito a derogar o reformar de forma íntegra la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, más conocida como ‘ley mordaza’, en caso de que lleguen al Gobierno. Las formaciones firmantes son Izquierda Unida, Amaiur, Esquerra Republicana, Equo-Compromís, BNG y PNV. Se espera que en próximas fechas PSOE y CiU se adhieran a este acuerdo.
En un acto organizado por la plataforma No Somos Delito en El Ateneo de Madrid, representantes de estas formaciones han acordado tumbar la ley en el primer período de sesiones de las asambleas legislativas de la próxima legislatura si llegan a tener funciones de Gobierno.
Los firmantes han querido visibilizar que el Partido Popular «está solo» en todo lo concerniente a la ‘ley mordaza’. Fuentes de la citada plataforma apuntan a que, por el momento, UPyD es el único partido del arco parlamentario que no ha mostrado interés en adoptar este compromiso por escrito.
«La ‘ley mordaza’ empieza a ser derogada antes de ser aprobada», ha declarado un portavoz de No Somos Delito en el discurso de apertura del acto. Esta asociación llama a la movilización y la desobediencia para «parar la ola de represión» y terminar con la «estrategia del miedo» con la que el Partido Popular pretende «frenar el empoderamiento de la ciudadanía».
Para Xabier Mikel Errekondo, diputado de Amaiur, la Ley de Seguridad Ciudadana tiene como objetivo proteger el «neoliberalismo imperante» y dar carta blanca al poder policial para «agredir a aquellos a los que debería defender». Además, ha llamado la atención sobre el hecho de que no se haya contado con la participación de la ciudadanía para elaborar una ley que supuestamente está hecha para protegerla. A su modo de ver, esto evidencia el carácter antidemocrático de la norma.
El diputado de PNV, Emilio Logarri, ha señalado que la ley mejora el sentido represivo de la Ley Corcuera. “Es meritorio superar a una ley a la que se le conoce popularmente por ‘patada en la puerta'», aseveró con ironía. También ha llamado la atención sobre la recuperación de un concepto franquista como el de ‘orden público’, que se eleva a un rango normativo superior al de derecho fundamental a pesar de que la constitución no lo recoge tomo tal.
Joan Tardá (ERC): «El estado social de derecho está en jaque mate”
«El estado social de derecho está en jaque mate», así se ha expresado el diputado de ERC Joan Tardà. «La democracia post franquista amenaza a todos los pueblos y todas la naciones del Estado», ha apuntado el parlamentario, que denuncia que estas leyes no son sino el acompañamiento que necesitan las políticas neoliberales de «desguace del estado de derecho» para imponerse.
Por su parte, Rafa Mayoral de Podemos ha coincidido en apuntar que esta ley «nace muerta» y ha llamado a la desobediencia ante lo que pretende ser «el cerrojo que cierra la puerta que separa a los ciudadanos de sus derechos». Sin embargo, Mayoral ha querido desmarcarse del mensaje catastrofista y ha indicado que «las leyes ilegales son ineficaces».
Rafa Mayoral (Podemos): «No podemos pedir permiso para ser libres»
«Tenemos alegría y confianza en nuestro pueblo, por eso sabemos que esta ley caerá», ha asegurado. Finalmente, Mayoral ha celebrado el compromiso adquirido por los partidos firmantes. «Es necesario que las fuerzas políticas nos pongamos al servicio de nuestro pueblo, que aprendamos a mandar obedeciendo. No podemos pedir permiso para ser libres», ha concluido.
Ricardo Sixto, diputado de Izquierda Unida, ha señalado que ya existían otros compromisos previos de derogación. El parlamentario ha apuntado que esta ley nace en las concentraciones como las de ‘Rodea el Congreso’ ya que es la respuesta de un «régimen totalmente asustado» que quiere quitar la voz a aquellos que protestan por los ataques a sus derechos fundamentales.
El ultimo partido en tomar la palabra ha sido Equo-Compromís a través de Ramón Linaza. «Sabemos que el concepto orden público se refiere a la defensa del orden establecido y de los privilegios de la oligarquía financiera que nos gobierna y no de la ciudadanía», ha declarado. Para Ramón Linaza, como representante de la ecología política, adherirse a este acuerdo también forma parte del objetivo de dejar a las generaciones venideras un planeta habitable.
En un comunicado, BNG ha llamado también a la movilización y ha asegurado que Rajoy, al que han calificado como «fiel alumno aventajado de las políticas antisociales de la troika», tendrá que enfrentarse a la protesta más sonora que pueda recordar.
La sociedad civil, sin mordaza
Al acto han acudido también representantes de agrupaciones de la sociedad civil como GreenPeace, PAH, Avaaz, SOSRacismo o Coca Cola en lucha entre otros. Las asociaciones han coincidido en apuntar que su lugar seguirá estando en las plazas y en las calles y que la nueva ley no les detendrá.
Especialmente emotiva fue la intervención de Elena Ortega, miembro de Madres contra la represión y madre de ‘Alfon’, recientemente condenado a cuatro años de cárcel. «Estamos muy orgullosas de los jóvenes comprometidos con el tiempo que les ha tocado venir. Nuestros jóvenes son perseguidos, apaleados y torturados por un régimen casi dictatorial», declaró ortega.
Polémica con el PSOE
El encuentro no estuvo exento de polémica. En principio estaba previsto que el acto tuviera lugar en el Congreso. Sin embargo, la cita se canceló después de que el PSOE, ausente en El Ateneo, alegara problemas de agenda.
Ricardo Sixto acusa a los socialistas de negar la entrada a No Somos Delito a la casa del pueblo. «Después de la foto de hoy [firma del acuerdo antiterrorista entre Sánchez y Rajoy], era difícil vender una foto contra el PP», asegura el diputado. Desde la plataforma mantienen que, a pesar del desplante de hoy, se reunirán con el PSOE durante este mes para que se adhiera al acuerdo.