Bruselas expedienta a España por vulnerar el derecho a la información de los detenidos

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La Comisión Europea abre un expediente a España por superar el plazo para trasponer una Directiva Europea que garantiza la información en procesos judiciales.

La información pertenece a una respuesta de la institución europea a la eurodiputada de Izquierda Plural Marina Albiol.

Albiol envió una carta a la comisaria de Justicia de la Unión Europea en la que se refería al juicio a ‘Alfon’, “que fue encarcelado sin juicio y sin que hubiera informe policial”.

 

Bruselas expedienta a España por vulnerar el derecho a la información en causas penales

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La Comisión Europea ha iniciado un procedimiento de infracción contra España por excederse en el plazo que dio Bruselas para implantar la Directiva 2012/13/UE, sobre el derecho a la información de los encausados en procesos penales. La norma forma parte de tres directiva s europeas que tienen por objetivo “garantizar el derecho a un juicio justo”, recuerda la comisaria de Justicia de la Unión Europea, Vera Jourová, a una pregunta emitida por la eurodiputada de Izquierda Plural Marina Albiol.

La comisaria Vera Jourová da cuenta del procedimiento abierto por la Comisión Europea contra España, comunicado por escrito, en el que se exige al país una respuesta por no habler aplicado  la directiva en los tiempos establecidos por la ley, que fijaba como límite el 2 de junio de 2014. “España ha comunicado a la Comisión que se está llevando a cabo la reforma legislativa, pero aún no ha finalizado”, apunta Jourová.

La eurodiputada de IU Marina Albiol había preguntado expresamente a la comisaria si la institución iba a tomar alguna medida contra España por no respetar los plazos de aplicación de la norma.

Si el procedimiento, “en curso”, no concluye con una “solución satisfactoria”, la comisaria apunta que el caso podrá llevarse ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, “que tiene competencia para determinar si un Estado miembro ha incumplido alguna de las obligaciones que le incumben en virtud de los Tratados”.

La directiva exige, entre otras cuestiones, que los detenidos reciban información en todo momento de los delitos que se les imputan, además de sus derechos procesales, como el derecho a tener un abogado, a recibir asistencia letrada gratuita y a permanecer en silencio.

La norma exige a los Estados miembros que garanticen “que la persona acusada o sospechosa o su abogado tengan acceso al menos a la totalidad de las pruebas materiales en posesión de las autoridades competentes a favor o en contra de dicha persona, para salvaguardar la equidad del proceso y preparar la defensa”, salvo en aquellos casos en los que sea necesario evitarlo para defender un “interés público importante”. En estas excepciones, debe ser la justicia la que adopta la decisión.

Crítica a una criminalización de las protestas

La pregunta parlamentaria de Albiol va acompañada de una carta para solicitar una reunión con Vera Jourová en la que la eurodiputada critica “un aumento sin precedentes de la criminalización de la protesta social”, que en su opinión cumplen con el “único objetivo” de “la merma de la legitimidad de las luchas para mejorar las condiciondes de vida de la población”.

El esrito recuerda varios casos, entre los que destaca el caso de Alfonso Fernández (‘Alfon’), —condenado a cuatro años de cárcel— “que fue encarcelado sin juicio y sin que hubiera un informe policial durante los 56 días en régimen de FIES, a pesar de que inicialmente no se declaró riesgo de fuga”. Sobre el proceso judicial de ‘Alfon’, la carta denuncia “la irregularidad de que las pruebas aportadas estuvieron todo el tiempo bajo custodia de la brigada que le detuvo, por lo que existe una fuerte sospecha de manipulación” y remite a la valoración de varias asociaciones de abogados que consideran que en su caso se ha incumplido la mencionada Directiva 2012/13/UE.

Albiol también informa de los casos de Katiana Vicens, secretaria general del sindicato Comisiones Obreras en las Islas Baleares, condenada por participar en un piquete informativo durante otra huelga y a  los ocho trabajadores de Airbus en Getafe, “que se enfrentan en total a 64 años de cárcel por, igualmente, ejercitar su derecho a huelga”.

 

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