Recurrido el archivo de la causa por el Juzgado de Instrucción nº 6 de Móstoles
Los promotores de la rehabilitación de la Vía Verde en Móstoles, miembros a su vez de la Plataforma por la Vía Verde del Suroeste, realizarán una concentración frente al Ayuntamiento de Móstoles el día 22 de enero, durante la celebración del Pleno, en el que tienen solicitada una intervención para exigir la entrega de los documentos requeridos por el juez.
- Recurrido el archivo que el Juzgado de Instrucción nº 6 de Móstoles realizó de la denuncia presentada en su día por el partido de Los Verdes contra el Ayuntamiento de Móstoles por las irregularidades cometidas en las obras de rehabilitación de la Vía Verde en el municipio.
- Mientras, por un lado, el juzgado archiva la causa, por otro, requiere al Ayuntamiento, «bajo apercibimiento de incurrir en desobediencia a la autoridad», la entrega del informe del técnico municipal pendiente de entrega desde hace más de año y medio.
- El ex-concejal Alejandro Utrilla Palombí, imputado por la trama púnica, era el responsable del área de medio ambiente cuando se licitó y ejecutó la obra de rehabilitación de la Vía Verde.
- El Ayuntamiento de Móstoles modificó el proyecto, eliminando partidas del mismo, después de adjudicadas las obras a PACSA. Posteriormente intentó cuadrar la cifra de licitación con sobrecostes en otras partidas ejecutadas del proyecto.
“Algo huele a podrido en el proceso que se está siguiendo para esclarecer el destino de los 906.000 € que el Gobierno de la Nnación le concedió al Ayuntamiento de Móstoles para la realización de la Vía Verde” -denuncia Santiago Fernández, del grupo promotor de esta senda natural.
En efecto, según ellos, sus esfuerzos para esclarecer los hechos tropezaron, ya desde un principio, con la negativa del entonces alcalde, el hoy Senador Esteban Parro, a permitirles consultar las certificaciones de las obras, cuya fotocopia solo consiguieron varios meses después, justo a raíz de la denuncia que presentaron ante la Fiscalía Anticorrupción.
Estudiada la denuncia, la Fiscalía halló indicios de malversación de fondos públicos, por lo que dio traslado del caso al Juzgado de Instrucción Nº 6 de Móstoles, que decidió pedir el informe de un perito judicial al Colegio de Ingenieros de Caminos y otro a la UDEF (Unidad para la delincuencia económica y financiera, de la Policía Nacional).
Mientras tanto, el Ayuntamiento ejerció su defensa mediante unas Alegaciones, a las que adjuntaba la correspondiente documentación, cuya copia, incurriendo en una clara obstrucción de la acción de la justicia, se les viene negando a los denunciantes desde el 20 de junio de 2013, hace más de año y medio, pese a ser preceptivo y a habérselo así requerido el juez en reiteradas ocasiones, la última de ellas el pasado mes de diciembre, bajo apercibimiento de desobediencia a la autoridad.
«Esta parece ser la forma en que nuestros políticos colaboran con la Justicia y practican la transparencia de la que se llenan la boca, y la» tolerancia cero» contra la corrupción.» -en palabras de nuestro comunicante.
Pero las cosas en el Juzgado de Instrucción Nº 6 de Móstoles no han resultado, de momento, más clarificadoras, toda vez que el juez mantiene el archivo provisional de la causa, atendiendo exclusivamente a un informe de la UDEF, según el cual, no se apreciaban prácticas delictivas.
Este informe, y el consiguiente sobreseimiento por parte del juez, resultan tanto más desconcertantes, por cuanto no contemplan más razones que las alegadas por el Ayuntamiento, sin tomar en consideración hechos tan escandalosos como el cobro por duplicado de importantes partidas, por no citar más que un ejemplo de las múltiples y graves irregularidades destapadas por la acusación y avaladas por Informes técnicos visados por el Colegio de Ingenieros de Caminos.
Pero, con estar todo ello tan fuera de lo justo y razonable, lo que resulta aun más contradictorio, incongruente e inadmisible -según manifiestan los denunciantes-, es que, a la hora de adoptar una decisión tan grave como la del sobreseimiento provisional de la causa, no aparezca ni tan siquiera la más mínima mención al Informe pericial instado por el propio juzgado, y cuyos rotundos pronunciamientos confirman y amplían las denuncias formuladas en su día por Los Verdes. No es ocioso consignar aquí que el costo de este informe ha ascendido a 7.260 €: «demasiado dinero, a la vista de la nula consideración que se le ha concedido en el juzgado y en la Fiscalía» -añade el Sr. Fernández.
Los denunciantes confían en que la Audiencia Provincial, ante la que tienen interpuesto un Recurso de Apelación, resuelva levantar el que consideran un injusto archivo de la causa, que les priva del derecho de poder demostrar ante los tribunales lo que, a todas luces, ha sido una manifiesta e intolerable desviación de dinero público por parte del anterior gobierno municipal del Sr. Parro.
En el proyecto de obra que salió a concurso, y probablemente en la adjudicación, estuvo implicado el defenestrado concejal de Medio Ambiente Alejandro Utrilla Palombí, actualmente imputado en la denominada Operación Púnica y, por tanto, cualquier proyecto de dudosa adjudicación o ejecución de obra en el que estuviera implicado debe ser especialmente fiscalizado. En el presente caso, las dudas razonables sobre ejecución y adjudicación constan en prensa desde enero de 2012, probablemente mucho antes de que se tuviera cualquier evidencia de lo que posteriormente fuera la Operación Púnica.
Colectivos sociales y políticos de Móstoles han convocado una concentración para el jueves 22 de enero, a las 18:00 h en la Plaza de España, coincidiendo con la celebración del Pleno Municipal, en el que se formularán dos preguntas sobre cuál ha sido el destino de estos 906.000 euros.