Vivienda pública en Móstoles ¿derecho o lucro?

Comparte este artículo:

En las últimas décadas el Ayuntamiento de Mostoles ha promovido, a través del Instituto Municipal del Suelo de Móstoles, algo más de 3000 viviendas públicas. La cifra, sin duda significativa, no se traduce sin embargo en una política real hacia quienes más lo necesitan. Teniendo en cuenta que en el municipio se han producido 2592 desahucios desde 2007 hasta noviembre de 2014 parece obvio que existe una necesidad urgente de vivienda pública para cientos de familias en la localidad, algo que el propio Ayuntamiento admite, incapaz de reubicar en “viviendas de emergencia” a las familias desahuciadas.

El estudio de las promociones ejecutadas por el IMSM desde su creación muestra una diversificación difícil de explicar en una institución cuya función es, a priori, garantizar el derecho constitucional de acceso a una vivienda, especialmente para los colectivos y personas que de menos recursos disponen; de esta manera, entre las promociones del IMSM figuran naves industriales, viviendas unifamiliares o locales comerciales. En los últimos años, no obstante, se percibe una tendencia focalizada hacia la construcción de vivienda pública de protección, sin embargo, muchos de los adjudicatarios de las últimas promociones resultan ser funcionaros y personas con ingresos que, pese a no superar el salario máximo establecido para acceder a VPP, distan mucho de quienes adolecen de una solución habitacional inmediata en el municipio.

Teniendo en cuenta estos aspectos, debemos remarcar que el Instituto Municipal del Suelo de Móstoles es, a efectos prácticos una institución de gestión privada que responde méramente a los intereses del gobierno municipal de turno, sin prestar especial atención a las necesidades reales de buena parte de los mostoleños; de esta manera, mientras el Ayuntamiento cede terrenos al IMSM para la promoción de vivienda pública, las promociones del Instituto guardan una relación directa con las elecciones municipales, algo que se percibe de manera clara en la siguiente gráfica, donde se recogen los datos de las adjudicaciones desde su creación en 1992, adquiriendo gran relevancia las pequeñas constructoras a partir de 2003, año en el que se produce un cambio de gobierno en el municipio, así como percibiéndose una parada en el número de adjudicaciones desde ese año hasta las siguientes elecciones, en 2007, cuando se adjudican 6 nuevas promociones de vivienda pública.

Analizando los datos, y teniendo en cuenta el número de desahucios en Móstoles a lo largo de los últimos años se evidencia una clara dejación por parte de las autoridades municipales en el campo de la vivienda, algo, no lo olvidemos, considerado un derecho fundamental por nuestra Carta Magna y que, en cambio, parece ponerse al servicio de ciertos intereses muy alejados de los de la mayoría de vecinos. La existencia de un Instituto Municipal del Suelo es una gran oportunidad para dar respuesta a la necesidad juvenil de emancipación, desahucios y alquileres sociales existente en la ciudad, no obstante, de no producirse un cambio radical en estas políticas, la exclusión habitacional continuará aumentando a un ritmo medio de 324 desahucios al año, o lo que es lo mismo, más de medio millar de personas, incluidos niños y ancianos, condenados a la exclusión social y la pobreza.

I. García Sanchez, O. Arranz Lara, M. Gómez Marín y A. López Parejo

{youtube}Y9YCIAaIOMg{/youtube}

Comparte este artículo: