Polideportivo El Soto ¿concesión o expolio?

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Privatización del pàtrimonio público.

Construcciones Ortiz S.A se ha embolsado un total de 28,3 millones de euros por la construcción del Palacio de los Deportes Andrés Torrejón, conocido popularmente como Polideportivo El Soto, pero no acaba ahí el beneficio de esta empresa: durante 30 años explotará 5.000 metros cuadrados del edificio para su único y exclusivo beneficio, a cambio de un cánon anual de 120.000 euros.

 

Esta empresa, fuertemente vinculada con el Partido Popular, es propiedad de Enrique Ortiz, imputado en el caso Brugal por fraude, cohecho y tráfico de influencias. También está imputado en la trama Gürtel por financiación ilegal al PP. Según la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), en el año 2008 donó 300.000 euros al PP para “gastos electorales”. En el año 2011 se hizo pública una de las conversaciones que la policía había grabado a este constructor, que se encontraba bajo investigación desde 2008. En esa conversación con otro empresario, Antonio Arias, Ortiz asegura que tiene que llorar más porque “soy la polla insaciable“. A lo que Antonio Arias responde: “Eso lo digo yo siempre. Enriquito es la polla insaciable“.

La “polla insaciable” parece que encontró en Móstoles otra administración dispuesta a satisfacer sus apetitos, ya que en el 29 de diciembre de 2009 se le adjudicaba, por parte del Instituto Municipal del Suelo de Móstoles (IMS), la construcción del pabellón deportivo Andrés Torrejón por un total de  31.343.963,23 millones de euros a los que se sumaron más de medio millón de euros por el estudio de seguridad preceptivo. La adjudicación “rebajaba” el precio de licitación(1) inicial – 32.116.725,28 euros – en 772.762,05 euros, rebaja que le valió para obtener este contrato.

La “bajada” de precio se compensó por el Instituto Municipal del Suelo con una concesión de derecho de superficie sobre 5.000 metros cuadrados del nuevo edificio por 35 años. Por esta concesión de explotación la constructora ingresará 7.000.000 de euros  en concepto de pago de “canon anticipado” a la recepción de la obra por parte del IMS más 120.000 euros anuales de canon. Esos 5.000 metros cuadrados, casualmente, son los más rentables de la instalación, ya que comprenden zonas de gimnasio, piscinas, cafetería, aparcamiento, etcétera, que serán explotados por Ortiz Sport Factory – filial de Construcciones Ortiz – participada en su accionariado por Body Factory S.L. – Efectivamente, en el año 2011 Construcciones Ortiz “adjudica” a Body Factory S.L. la explotación de su derecho de superficie a cambio de que esta última empresa invierta 5.8 millones de euros en la construcción de piscinas, zona de estética, gimnasios, cafetería, ludoteca y parking en el nuevo Palacio de los Deportes Andrés Torrejón.  El negocio se hace absolutamente redondo ya que Construcciones Ortiz S.A consigue con esta operación un precio sustancialmente superior al precio de licitación inicial sin haber cumplido el pliego de condiciones, que la obligaba a terminar la obra en un plazo máximo de 18 meses a contar desde diciembre de 2009.

Por su parte, Body Factory S.L. es una empresa también implicada en un supuesto caso de corrupción que está siendo investigado por la jueza Alaya en el Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz). Allí la empresa habría obtenido la concesión del Polideportivo El Calvario gracias a informes económicos fraudulentos. Lo más relevante de lo descubierto hasta ahora por la jueza Alaya, es que Body Factory S.L., está participada en un 49% de su capital por Fitonovo S.A, empresa clave en el pago de comisiones ilegales en Andalucía y que ha sido definida como una “organización criminal” por las fuerzas policiales que investigan la red de corrupción en Andalucía, especializada en el pago de sobornos, emisión de facturas falsas y blanqueo de dinero negro.

¿Cuánto le va a costar a Móstoles el Palacio de los Deportes Andrés Torrejón?

Al precio  por la construcción del nuevo pabellón, 31.343.963,23 millones de euros, hay que sumar los ingresos que el Ayuntamiento de Móstoles dejará de percibir durante los 35 años de vigencia de la concesión de explotación de las instalaciones. El cálculo más conservador que se puede hacer es poniendo en relación los ingresos de este polideportivo con el también privatizado Polideportivo Los Rosales, en el que el municipio ha dejado de ingresar 1,2 millones anuales en concepto de tasas deportivas. En el caso del Polideportivo Los Rosales las instalaciones privatizadas tienen una superficie considerablemente inferior a los 5.000 metros cuadrados que Construcciones Ortiz va a explotar en el Palacio Deportivo Andrés Torrejón, por lo que la pérdida de ingresos supondrá una cantidad superior. Calcular unos ingresos de 1,5-2 millones de euros anuales resulta en unas pérdidas de ingresos que oscilarían entre los 45 y los 60 millones de euros durante todo el periodo de concesión. Esta obra costará a los vecinos y vecinas de la localidad entre 74 millones – según la estimación más conservadora – o unos 88 millones según un cálculo más ajustado a la superficie “cedida”. En cualquier caso se trata de unas cifras desorbitadas para una obra que, recordemos, se tasó inicialmente en un precio máximo de 32 millones de euros.

La Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, en su informe de fiscalización de las cuentas municipales durante los ejercicios 2010 y 2011, advierte de que la obra llevaba un retraso acumulado – en el momento de fiscalización – afirmando que “La desviación de precios no puede calcularse todavía pero constan 5 Actas de precios contradictorios aprobadas y los informes de obra consultados permiten afirmar que se han introducido unidades de obra nuevas y cambios de materiales sin que se haya llegado a un acuerdo sobre el precio. Los incrementos en el precio y el plazo de la ejecución de las obras afectan al equilibrio económico de las prestaciones el IMS y el contratista. También afectan al IMS y al equilibrio del contrato de concesión.”

El precio final a pagar por el Palacio de los Deportes Andrés Torrejón aún es una incógnita que sin duda lastrará gravemente las cuentas municipales durante las próximas décadas.

 

 

(1).- El precio de licitación es el precio máximo en el que la Administración valora una construcción o prestación de servicio. Las empresas hacen sus ofertas a la baja con respecto a dicho precio, debiendo ser asumida por la Administración la oferta más ventajosa.

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