Estado de la vivienda en Móstoles

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Los datos de un estudio independiente avalan lo que ya todos temían: que el número de desahucios desde 2007 alcanza cifras epidémicas

 

Existe un número que define el estado de la vivienda en Móstoles: el 2.502. Es el número de desahucios hipotecarios que se han producido desde 2007. Este es número un número tan escandaloso que cuesta asimilar. Además, desde 2007 hasta la actualidad se han producido 2.940 ejecuciones hipotecarias en Móstoles.

Hablar de estas cifras (2.502 desahucios y 2.940 ejecuciones hipotecarias en una ciudad de aproximadamente 206.000 habitantes es una enormidad que evidencia qué tipo de política municipal y estatal están padeciendo sus ciudadanos y ciudadanas. Uno de los derechos fundamentales, el derecho a la vivienda, no se está garantizado, y si los mismos Poderes Públicos no garantizan los derechos fundamentales de los ciudadanos, la cosa pinta francamente mal.

Los siguientes datos que presentamos a continuación han sido obtenidos de una reciente investigación por estudiantes de Arquitectura de la URJC, campus de Fuenlabrada, que han estado asistiendo a varias asambleas sobre la vivienda organizadas por Stop Desahucios en el centro social okupado y autogestionado La Casika.

Procesos de ejecución hipotecaria sobre viviendas en España. Primera mitad de 2014

Analizando el informe del banco de España referente a hipotecas en el estado español  pueden sacarse importantes conclusiones:

  • Se han entregado 26.594 viviendas, de las cuales solo el 27% de ellas fueron daciones en pago (7.168).
  • En el 91,1% de los casos en los que se produjeron entregas judiciales de viviendas, las viviendas se encontraban vacías en el momento de la posesión.
  • En las entregas judiciales las fuerzas del orden intervinieron en 16 casos.
  • El 86,3% de las hipotecas que dieron lugar a entregas judiciales de viviendas ocupadas se concedió antes de Diciembre de 2007.

Comparando estos datos con lo sucedido en 2013 podemos observar una caída del 24,4% en el número de entrega de viviendas. Más grave es el descenso de las daciones en pago, un 36,5%. La reducción en las entregas judiciales es de 10,7%, distinguiendo dos casos: viviendas vacías (disminuyendo en un 12,8%) y viviendas ocupadas (aumentando en un 18%). También disminuyen en un 81,8% aquellos casos en los que han intervenido las fuerzas del orden.

¿Quién es el culpable?

Los derechos fundamentales de la Constitución Española no pueden ser infringidos ni ignorados, a menos que sea en beneficio del interés general. Nuestros derechos fundamentales están garantizados con leyes orgánicas (solo modificables  por mayorías absolutas) y reservas de ley. Dentro de la CE (Constitución Española), el artículo 47 establece que “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna […] Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias […]”.

Sin embargo, a pesar de ser un principio rector de los ciudadanos y ciudadanas españoles, encontramos que los sucesivos gobiernos interpretan que no es un derecho fundamental. La UE haya sancionado por dos veces a España por no considerar esto una situación de derecho fundamental y permitir que haya desahucios sin alternativas habitacionales para las familias, algo que se contrapone con el Derecho Internacional en el marco europeo. Siguiendo esta línea de interpretación del Derecho Constitucional, la Delegación de Gobierno acostumbra a enviar aproximadamente 50 agentes de la UIP (antidisturbios) en cada desahucio con el objetivo de no atender el artículo 47 de la Constitución como si fuese un derecho fundamental. Durante las pasadas legislaturas, bien sean del PSOE o bien del PP, se ha procedido de la misma manera: pasando por encima del espíritu de la Constitución, desoyendo el marco jurídico europeo y expulsando a las familias a la calle, tengan alternativa habitacional o no. Forzosamente se ha de concluir que el PP y el PSOE no son testigos de esta situación, no son participes, sino los principales causantes.

El pueblo que hace política

Ante semejante situación, no son pocos los vecinos y vecinas que decidieron agruparse y combatir este tipo de ilegalidades e infracciones de los derechos humanos. Desde la plataforma de Stop Desahucios se da apoyo (tanto legal como moral) a todas aquellas personas que están en riesgo de desahucios o que ya estén incluidos en procesos de ejecuciones hipotecarias. Se reúnen los lunes a las 18:00 en el CSOA La Casika (C/Montero 15. 28934. Móstoles).

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