La promotora pagará las obras del edificio Caja Duero cuyo retraso sienta en el banquillo al alcalde por desobediente

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Edificio de Caja Duero donde reside el alcalde y se hicieron las obras ilegales. Foto: últimoCero

Edificio de Caja Duero donde reside el alcalde y se hicieron las obras ilegales. Foto: últimoCero

El TSJ estima el recurso del Ayuntamiento frente a Edificasa, empresa encargada de restaurar la legalidad en el edificio donde reside el alcalde

La empresa Edificasa, que se encargó de ejecutar los trabajos para devolver a la legalidad el edificio donde reside el alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva, deberá hacerse cargo del coste de las obras al haber sido estimado el TSJ el recurso presentado por el Ayuntamiento contra una sentencia anterior que fijaba que la promotora debía sufragar el 75% y el 25% restante el Ayuntamiento.

Este fallo, ha sido publicitado hoy por el Ayuntamiento a través de un comunicado de prensa en el que no se menciona que el alcalde de la ciudad, Javier León de la Riva, tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados el próximo 27 de abril (a un mes de las elecciones) para responder de un delito de desobediencia a los tribunales de Justicia precisamente por haber retrasado deliberadamente esas obras de restauración de la legalidad en el inmueble donde él mismo tiene una vivienda en propiedad, a pesar de haber recibido requerimientos judiciales expresos.

Por el contrario, en el comunicado municipal difundido, se recuerda (incluso con subrayados) que: “El recurso presentado por la Mercantil EDIFICASA se interpuso contra la resolución del  Ayuntamiento de Valladolid por el que se requirió a EDIFICASA como promotor de las obras de rehabilitación del inmueble  sito en Plaza Zorrilla con vuelta a las calles Santiago y María de Molina (EDIFICIO CAJA DUERO), para que procediera a la restauración de la legalidad de dicho edificio en el plazo de tres meses, con la advertencia de que transcurrido dicho plazo  sin cumplir lo exigido, el Ayuntamiento adoptará las medidas necesarias para la reposición de los bienes afectados a su estado anterior a costa del responsable”. (SIC)

Tras apuntar lo trascendente del fallo, esto es, que “conforme a la normativa urbanística el procedimiento de restauración de la legalidad en el caso de la anulación de una licencia, no requiere que, previamente, se haya declarado en el procedimiento de infracción urbanística  la responsabilidad del promotor de la obra, pues su responsabilidad en esa restauración deriva de su condición de promotor”, el comunicado oficial concluye con un inhabitual párrafo en negrita: “La obligación por lo tanto de restaurar la legalidad del edificio es íntegramente del promotor, tal y como señala la sala del TSJ CyL conforme había exigido el Ayuntamiento”. (SIC)

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