En Madrid tambien se dijo no a la Ley Mordaza

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Una manifestación convocada por la Plataforma #NOSOMOSDELITO en las redes sociales y apoyada por un grupo de más de 80 colectivos y movimientos sociales, como la PAH, STOP DESAHUCIOS, asambleas populares del 15-M, la Coordinadora de Barrios, las Mareas ciudadanas, la Coordinadora 25-S, Greenpeace o la Asociación Libre de Abogados, consigue reunir ayer alrededor de un millar de personas, al grito de «La voz del pueblo, no es ilegal» o «Libertad de expresión y de manifestación» entre otros, en una de las 30 movilizaciones ocurridas en todo el Estado.

 

La marcha dio comienzo a las 12 de la mañana en la plaza de Isabel II (Ópera) y transcurrió por las calles atestadas del centro de Madrid en un soleado sábado pre-navideño. De manera pacífica, pero muy ruidosa y reivindicativa, se llegó a la plaza de Callao por la calle Preciados, donde un cordón de policías antidisturbios les estaban esperando para prohibirles avanzar, sin permitir el paso de ninguna persona, ni a uno ni a otro lado, durante al menos media hora. Gran parte de la marcha permaneció sentada, con las manos en alto, al grito de «Basta ya de Estado policial» o «Que no somos delito».

Vista la negativa de la autoridad a permitirles continuar, los participantes de la protesta decidieron ejercer su derecho de manifestación recorriendo las calles aledañas, y por una de las aceras de la Gran Vía, rodeados por un numeroso grupo de furgones y agentes antidisturbios a pie, acabaron finalmente en la Puerta del Sol, donde procedieron a leer un manifiesto.

La Plataforma #NOSOMOSDELITO (contraria la reforma del Código Penal, la Ley de seguridad ciudadana y la Ley de seguridad privada) pide cambiar o retirar dicha reforma amparándose en el rechazo que provoca en el 82% de la población, según una encuesta realizada por Metroscopia el pasado 9 de Diciembre. La conocida como «Ley Mordaza», incluye, según los convocantes, «nuevos delitos que apuntan directamente hacia colectivos que no suponen un peligro para la ciudadanía, como activistas, inmigrantes y personas sin recursos y, sin embargo, no contempla el endurecimiento del castigo contra la corrupción ni contra otros delitos cometidos solo por quienes manejan grandes cantidades de dinero».

Según Alejandro Gámez, de la Asociación Libre de Abogados, «bajo una iniciativa en apariencia positiva como es promover la seguridad ciudadana, el Gobierno lo que realmente pretende es impedir de hecho y de derecho que los ciudadanos expresen públicamente su opinión. Estamos seguros de que si las miles de manifestaciones de estos años hubieran sido de apoyo y no de crítica, el Gobierno no habría reformado la Ley».

Esta reforma de ley aprobada en el Congreso, con el apoyo exclusivo del Partido Popular, y que está en el Senado a falta de su aprobación definitiva, supondrá multas de hasta 600 euros por participar en reuniones en espacios públicos, grabar a la policía durante el ejercicio de sus acciones, ocupar entidades bancarias o ejercer la venta ambulante. Hasta 30.000 euros por impedir un desahucio, desobediencia o resistencia a la autoridad, la negativa a disolver reuniones o manifestaciones, o manifestarse frente a las sedes oficiales del Congreso, el Senado y Parlamentos Autonómicos. Y hasta 600.000 por reunirse o manifestarse en infraestructuras de servicios públicos.

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