El Poder Judicial investiga a Alaya por su actuación en el ‘caso Betis’

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El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha abierto una investigación a la juez Mercedes Alaya a raíz de una queja presentada por el ex consejero delegado del Betis Manuel Ruiz de Lopera que salpica al marido de la magistrada, el auditor Jorge Castro. La queja cuestiona la discrecionalidad en la designación de los administradores judiciales del Betis, club, que lleva intervenido por Alaya desde 2010.

Ese año, Alaya embargó de forma cautelar a Lopera las acciones que tenía en el Betis (el paquete mayoritario) al entender que se había beneficiado de la gestión del equipo. Desde entonces, la juez ha designado a cinco administradores judiciales para controlar el patrimonio del club. El anterior, el abogado José Antonio Bosch, dimitió por irregularidades en su gestión y el actual es Francisco Estepa, donde se concentra la queja de Lopera, que entiende que hay un trato de favor de la magistrada a una persona próxima a su marido. El Poder Judicial ha abierto una información previa y ha pedido a la juez un informe para que aclare el nombramiento, según fuentes del órgano de gobierno de los jueces.

Estepa, que es abogado, y el marido de Alaya, máximo responsable en Andalucía de la empresa auditora BDO, son administradores concursales y coincidieron en el concurso de acreedores de Laboratorios Pérez Giménez, empresa asentada en Córdoba. En varios recursos, la defensa de Lopera planteó dudas sobre la designación de Estepa como administrador judicial del Betis por sus vínculos con Jorge Castro, sin obtener respuesta de la juez. Finalmente, esta respondió en un auto el pasado 23 de octubre. En esa resolución, la magistrada sostenía que la relación entre su marido y el administrador judicial del Betis estaba basada en “bulos periodísticos”. Y añadía que la única relación era la “normal coincidencia” de que ambos “desarrollan su actividad profesional como administradores concursales, como otros miles de profesionales”.

El próspero negocio del auditor

Mercedes Alaya y su marido Jorge Castro protagonizan por segunda vez un incidente en el que confluyen sus carreras como magistrada y auditor. En 2010 la juez fue recusada porque su marido había auditado las cuentas de la empresa municipal Mercasevilla (origen del caso ERE) hasta 2002, y ello podía viciar la imparcialidad que debe regir la actuación de todo juez. A la recusación planteada por una defensa se le unió la fiscalía, que vio un “evidente conflicto” y consideraba “innegable” la relación del marido de la magistrada con la investigación iniciada por delito societario por Alaya, que remontó la investigación justo hasta 2003, un año antes de que su marido dejara de ser auditor de Mercasevilla. La Audiencia de Sevilla, sin embargo, consideró que no había conflicto de intereses.

Castro es el principal responsable de la multinacional BDO en Andalucía desde 2010. En 2012 se alzó con la administración concursal más jugosa concedida en Andalucía: el grupo de empresas del constructor Luis Portillo. Fuentes del sector estiman que los honorarios por este concurso superan los dos millones de euros, aunque Castro rebaja la cifra a 1,5 millones después de que finalice la actual fase de liquidación. El juez de lo Mercantil 1, Eduardo Gómez, escogió a BDO como administradora concursal de este complejo concurso.

Castro auditó Mercasevilla durante siete años (1995-2002), y tras su experiencia en la firma KPMG, abandonó la multinacional junto a su exsocio José María Silva, para crear juntos Engloba Auditores. Desde entonces, ambos ganaron numerosos concursos para auditorías externas de la Junta de Andalucía, la misma Administración que su esposa ha situado en la diana de sus investigaciones de manera recurrente, hasta llegar a investigar a todas las consejerías del Ejecutivo autónomo.

Castro puso fin a su etapa en Engloba Auditores al fichar por BDO, quinta auditora en Andalucía por facturación y que gestiona 40 concursos en diferentes provincias andaluzas.

Sin embargo, esta relación va más allá de la mera coincidencia en una de las pocas profesiones que ha ido al alza en los últimos años por la multiplicación de los concursos de acreedores como consecuencia de la crisis. Estepa y Castro, además de coincidir como administradores concursales en Laboratorios Pérez Giménez, tuvieron una relación de abogado-cliente tras una querella que se presentó contra ellos por la gestión que hicieron en la empresa cordobesa. Estepa se defendió a sí mismo y fue el abogado de Castro en el procedimiento que se abrió por esta querella, que finalmente fue archivada.

En su queja ante el Poder Judicial, Lopera subraya que la defensa de Castro por Estepa desmiente el auto de la juez. El exmandatario bético sostiene que las afirmaciones que Alaya hizo en esa resolución son “falsas” y ponen manifiesto el “anormal funcionamiento” de su juzgado.

Además de esa relación de abogado-cliente, hay otro dato que corrobora este vínculo: Castro y Estepa comparten despacho profesional en Sevilla. Según consta en el Boletín Oficial del Estado del pasado 25 de junio, Estepa (abogado de Córdoba) tiene su despacho en Sevilla en la sede de BDO dirigida por Castro. De hecho, comparten el número de fax, aunque el teléfono que facilita Estepa como contacto es de Córdoba. “Eso es lo más común entre los administradores concursales cuando estás en todas las provincias”, alega Estepa sobre el hecho de compartir oficina con Castro mientras Alaya le designaba administrador judicial. “Mi única relación con Jorge Castro es a través de Pérez Giménez. No sé dónde vive ni me interesa. No lo considero amigo, tenemos una relación profesional”, añade. Castro coincide en señalar que prestar sus oficinas al letrado “es una práctica habitual entre abogados a efectos de notificaciones”. El auditor admite que departe con él cada 15 días sobre Pérez Giménez: “Hablo con Paco cada dos semanas, muy poquito. Y del Betis cero, porque sabe que soy bético y a mí me duele el Betis”.

Además de en el club sevillano, Alaya también nombró a Estepa administrador judicial de la firma Fitonovo, epicentro del caso Madeja, sobre el pago de comisiones a políticos y funcionarios a cambio de contratos públicos.

El anterior administrador judicial del Betis nombrado por Alaya, el abogado José Antonio Bosch, dimitió por irregularidades en su gestión.Tras llegar al cargo, el bufete de Bosch hizo negocios con proveedores del club. Mientras, un juez investiga a dos de los tres administradores concursales del Betis por fraude fiscal al facturar sus honorarios a través de una sociedad cuando debían haber tributado como personas físicas.

Fuentes del Consejo del Poder Judicial señalaron que el promotor de la acción disciplinaria, Antonio Jesús Fonseca-Herrero, ha solicitado a Alaya un informe sobre la designación de Estepa. Tras recibir el informe, el instructor decidirá si archiva la información previa o abre expediente, que sería elevado a la comisión disciplinaria del Poder Judicial.

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