Ciudad Sostenible recurre el cierre del caso Piensos CIA para impedir que se “santifiquen los pelotazos urbanísticos”

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Demolición controlada de la antigua fábrica de Piensos CIA. Foto: Cacho

Demolición controlada de la antigua fábrica de Piensos CIA. Foto: Cacho

Mientras el Ayuntamiento se conforma, el colectivo ciudadano intentará llegar al Supremo para que las constructoras que dieron un pelotazo de 13 millones compensen a la ciudad

Valladolid

El caso Piensos CIA, o lo que es lo mismo, la historia de un pelotazo urbanístico de 13 millones de euros que el TSJ ha zanjado, por ahora, con un auto en el que da por ejecutada la sentencia sin que las empresas constructoras beneficiadas de la operación hayan compensado a la ciudad por haber construido 423 viviendas donde sólo estaban permitidas 160, va a seguir coleando.

A pesar de que el alcalde de la ciudad, Javier León de la Riva, considera que tras este pronunciamiento judicial el caso ya está cerrado, no lo entiende así la Asociación Cultural Ciudad Sostenible que ha anunciando su intención de recurrir hasta el Tribunal Supremo para que no se “santifiquen los pelotazos urbanísticos”, asegura la presidenta del colectivo, Susana Ordóñez.

Ciudad Sostenible apoyará parte de su recurso (primero de súplica ante el TSJ) en el voto particular emitido por la presidenta de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Ana Martínez Olalla que, en contra del criterio sostenido por sus compañeros de sala, entendió que “la ejecución de la sentencia de que se trata no se agota con la publicación de la misma en el correspondiente Boletín oficial, sino que comporta que no puedan dictarse actos de aplicación a su amparo con los que se materialice ese aprovechamiento urbanístico proscrito por la sentencia y que, de haberse dictado y ejecutado, que es lo que ha sucedido en el presente caso, se proceda a la restauración de la legalidad urbanística”.

Y es que en este caso, llama la atención que ninguna de las partes afectadas hubiera entendido, como lo hace el tribunal, que la sentencia estuviera ejecutada. Y prueba de ello es que tanto el denunciante (el concejal socialista Ángel Velasco), como los denunciados (las constructoras San José Desarrollos Inmobiliarios S.A., Metrovacesa S.A. y Edificasa 2000 S.A.) y el propio Ayuntamiento, dieron su visto bueno a un convenio para compensar a la ciudad por el exceso de edificabilidad consumado, poniendo de manifiesto que el ‘pelotazo’ no les podía salir gratis a las empresas beneficiadas. Un convenio que ha sido rechazo por la sala que se ha encargado de pronunciarse sobre la ejecución de la sentencia original.

En sintonía con la Asociación Cultural Ciudad Sostenible, el Grupo Municipal de Izquierda Unida ha hecho público hoy un comunicado en el que asegura que “no puede admitir la actitud indolente, perezosa y conformista del alcalde y la concejala de Urbanismo ante el auto de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que da por ejecutada la sentencia de Ebro – Piensos Cia (donde se construyeron 263 viviendas ilegales)”. IU entiende que el Ayuntamiento “renuncia de esa forma a obtener las cesiones y compensaciones legalmente establecidas, y lanza un mensaje a quienes incumplan la legalidad urbanística (da igual, finalmente los hechos consumados, por ilícitos que sean, pueden acabar impunes) y a quienes la cumplan (¿para qué?)”.

IU afirma que ante hechos de esa magnitud “el Ayuntamiento no puede quedarse cruzado de brazos”. “Ha de recurrir urgentemente, apoyándose en el voto particular de la presidenta de la Sala, e intentar por todos los medios restablecer la legalidad y garantizar que se compense a la comunidad por los aprovechamientos excesivos obtenidos (ilegales de todo punto). No cabe admitir que la sentencia esté consumada simplemente con una publicación oficial, sin que se haya garantizado que el uso del suelo realizado, con sus correspondientes cargas urbanísticas, obedezca al interés general”.

IU reclama al Ayuntamiento que vaya a casación, recurriendo ante el Tribunal Supremo, “ahora que están en juego intereses públicos y el restablecimiento de la legalidad”. “No deja de sorprender esa pasividad anunciada por el alcalde en este caso cuando el Ayuntamiento recurre en casación numerosas sentencias para defender intereses particulares (las sentencias que anulan áreas homogéneas de suelo urbanizable, por ejemplo). ¿No advierte el alcalde la imagen que ofrece en un caso en que la Sala le acusó de tener interés personal en el asunto, y que debió abstenerse y no lo hizo?”, se pregunta el grupo de la oposición municipal.

Por otra parte, ante la solicitud de reunión que IU planteó a la Concejala, en cumplimiento del compromiso que adquirió en el Pleno municipal del pasado 30 de julio de 2014, “nada se sabe”. “Ya se sabe cuál es el ritmo de funcionamiento de esa Concejalía: se pasarán los plazos para recurrir y seguirá sin convocarse la reunión. Concretamente la concejala dijo en el Pleno: ‘Si el juez no homologa ese acuerdo [como ha sucedido] vamos a sentarnos todos para establecer unos criterios y exigir lo que tengamos que exigir’. ¿A qué esperamos?”, es ahora el interrogante que trata de despejar IU.

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