La realidad desmiente el discurso oficial sobre la violencia machista

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La caída presupuestaria acumulada o el número de mujeres asesinadas tras no ser evaluadas como casos de riesgo desmontan las tesis del Gobierno sobre el esfuerzo por proteger a las víctimas.

“Hay una gran normalización del control a través de la redes sociales”, analiza una técnica de atención a las mujeres para explicar la repetición de casos en generaciones jóvenes.

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Dos mujeres han muerto el pasado fin de semana a manos de sus exparejas, y el tema de la violencia machista vuelve a los titulares de los periódicos y a las mesas de tertulia de los medios de comunicación. Y aunque las cifras son ya de por sí contundentes –48 muertas en lo que va de año, 40 niños huérfanos– vuelven a oírse argumentos que no sólo no reflejan las dimensiones de este problema sino que confunden con afirmaciones que son evidentemente falsas.

No hay recortes en la lucha contra la violencia machista

El Gobierno se ha encargado de destacar estas semanas que ha hecho un gran esfuerzo presupuestario para mantener el dinero que destina a la lucha contra la violencia machista. Y es cierto que en las cuentas de 2015 el Ministerio de Hacienda ha concedido al presupuesto en igualdad y contra la violencia de género algo más de dinero que el año anterior. Pero al mirar con un poco de distancia, los 44 millones que suman ambos programas son un 27,5% menos de lo que se disponía en 2011. En total, se han perdido por el camino 16,9 millones de euros.

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El Gobierno destina específicamente a la prevención de la violencia de género 1,5 millones más que en las cuentas de 2014, un 6,7% más. Sin embargo, el presupuesto general de 23,7 millones está bastante por debajo de los 30,3 con el que se atendía este tema en 2011. En estos cuatro años se ha perdido con los recortes un 21,7%.

El dinero concreto que transfiere el Gobierno a acciones específicas contra la violencia machista ha caído en 2,2 millones. Las inversiones asociadas a este campo han pasado de 11,4 a 8,8 millones de euros, un retroceso del 22% entre 2011 y 2015. Ya en 2013 el Ejecutivo envió un informe de situación a la Organización de las Naciones Unidas en el que omitía los recortes presupuestarios en el combate de la violencia machista.

El sistema garantiza la protección de las mujeres que denuncian

Una de las realidades que evidencian las estadísticas es que el nivel de protección de las mujeres que se atreven a denunciar a sus agresores es más que deficiente. En 14 de los 15 casos mortales en los que las víctimas habían interpuesto una denuncia la Policía no halló indicios de peligro en su situación. Tenían, de hecho, una valoración de “riesgo bajo o no apreciado”.

No denunciar impide a las víctimas acceder al sistema de protección que la ley dispone para ellas: órdenes de alejamiento, vigilancia policial o pulseras antimaltrato. Aunque hacerlo tampoco les garantiza que finalmente lo consigan. En 2010, el año con más mujeres asesinadas, un 85% de las víctimas no tenían ninguna orden de protección –o no estaban en vigor–. Ese porcentaje alcanza el 93,3% en lo que va de año.

Las mujeres denuncian poco y por eso no se las puede ayudar

“No podemos ayudarlas si no denuncian. No podemos ayudarlas, no podemos apostar, y no digo el Gobierno, digo toda la sociedad, si esas mujeres no denuncian”. Esta fue una de las frases más polémicas pronunciadas por la ya exministra Ana Mato. Lo hizo en 2012, y aunque entonces se convirtió en el foco de las críticas, su discurso no difiere demasiado del de la responsable del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial. Ángeles Carmona aseguró en una entrevista con eldiario.es: “No podemos proteger a quien siente que no tiene por qué ser protegido. Todos deben denunciar. Debemos romper ese silencio cómplice”.

La realidad es que en un contexto de bajadas más o menos constante del número de denuncias –que se asociaban entre otros factores a una mayor dependencia económica de las mujeres a causa de la crisis–, los últimos datos apuntan a un repunte. La cifra ha aumentado en todas las provincias respecto al segundo trimestre de 2013, y en la mitad de ellas el porcentaje se ha duplicado.

Alrededor de un 60-70% de las denuncias son interpuestas por la propia víctima. En la mayoría de los casos, tras una intervención policial. Lo que no ha avanzado mucho es el apoyo del entorno, si tenemos en cuenta el número de denuncias que provienen de ese ámbito.

El machismo es propio de generaciones anteriores

Las actitudes machistas, en contra de lo que se dice en muchas ocasiones, no es algo que se corresponda exclusivamente con generaciones anteriores. De hecho los especialistas destacan cada vez más la incidencia del machismo entre los jóvenes, y detectan un gran número de casos de maltrato incluso entre adolescentes. “Hay una gran normalización del control a través de la redes sociales”. Estos mecanismos “permiten saber qué hace una persona en cada momento” y son “un arma muy potente en manos de un maltratador”, explica a eldiario.es Julia Yagüe, profesional de un servicio municipal de emergencia para la atención de víctimas de violencia de género.

Los últimos estudios no pueden ser más alarmantes. Un informe del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) planteado a estudiantes de 3º y 4º ESO revela que  uno de cada cuatro adolescentes cree que la mujer debe estar “en su casa con su familia” . El 10% de los jóvenes andaluces cree que es el hombre el que debe tomar las decisiones importantes en la pareja, el 20% cree que la mujer es más débil y el 50% sostiene que la mujer aguanta la violencia de género.

Esto ha llevado al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a lanzar campañas específicas para este colectivo. Sin embargo, sí es verdad que el colectivo que menos denuncia el maltrato es precisamente el que se encuentra más lejos de las jóvenes: el de las mujeres mayores.

La mayoría son denuncias falsas

Aunque desde el escándalo protagonizado por el diputado de UPyD Toni Cantó, que dijo en 2013 que la mayoría de las denuncias de maltrato machista eran falsas, el discurso sobre las mujeres que llevan a sus exparejas a los tribunales con acusaciones ficticias para beneficiarse en los procesos de separación y divorcio ha amainado, pero ni mucho menos desaparecido.

En ciertos medios de comunicación y en las redes sociales circula el cálculo de que el 80% de las denuncias por violencia de género resultan falsas, y que el objetivo último de éstas es quedarse con el uso del domicilio conyugal, obtener la custodia de los hijos e hijas, y recibir la pensión alimenticia correspondiente.

La cifra no puede ser más falsa. Según los últimos datos del fiscal general del Estado, las denuncias falsas en materia de violencia de género son un 0,010% del total. “Aunque representan un porcentaje ínfimo, hacen muchísimo daño, porque una vez que hay un caso se acude a esa excusa”, apunta Marta Fresnillo, abogada y coordinadora del área jurídica de la asociación Mujeres Unidas contra el Maltrato (MUM). Esto pesa sobre las mujeres que se atreven a acusar a sus maltratadores, porque cae sobre ellas el peso de la sospecha. Y el proceso judicial les lleva a sentirse cuestionadas y a contar decenas de veces sus vivencias.

El cálculo que lleva a la afirmación de que las denuncias falsas llegan al 80% es muy tramposo, como explica este post de Agenda Pública. Lo que hacen es sumar una serie de porcentajes correspondientes a situaciones que nada tienen que ver con acusaciones en falso: sentencias no condenatorias (cerca del 30%), los sobreseimientos que se producen, la retirada de denuncias por parte de las mujeres, la negativa a declarar contra sus parejas en el juicio… y cualquier situación que no termine en condena.

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