El fiscal exculpa a la infanta Cristina y solicita 19 años y medio de cárcel para Iñaki Urdangarin

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Pedro Horrach solicita 3,5 millones de euros de multa por el desvío de fondos públicos mediante varios presuntos delitos de corrupción, fraude fiscal y blanqueo.

Para Diego Torres, socio del duque de Palma, el fiscal solicita 16 años y medio de prisión.

El ex president del Govern balear, Jaume Matas, se enfrenta a una petición de pena de 11 años.

Consulta los documentos del fiscal con las peticiones de penas para los implicados.

 

 

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Iñaki Urdangarin y su abogado, en una imagen de archivo

El fiscal Anticorrupción Pedro Horrach pide una condena de 19 años y 6 meses de prisión para Iñaki Urdangarin por el caso Nóos y que pague 3,5 millones de euros de multa por el desvío de fondos públicos mediante varios presuntos delitos de corrupción, fraude fiscal y blanqueo.

En el escrito de calificación de 576 páginas que ha entregado hoy al juez José Castro, el fiscal solicita que se juzgue por el caso Nóos a catorce personas, empezando por los dos principales socios del Instituto Nóos, Urdangarin y Diego Torres; la esposa del segundo, Ana María Tejeiro, responsable de personal de la entidad, y un hermano de ésta, Marco Antonio Tejeiro, que fue contable.

Para Urdangarin 6 años de cárcel por malversación en concurso medial con delitos continuados de prevaricación y falsedad en documentos público y mercantil; 2 por fraude a la administración; 3,5 por estafa en concurso con falsedad; 6 por delitos contra Hacienda y 2 por blanqueo.

En su escrito, Anticorrupción reclama asimismo que la infanta Cristina haga frente, junto a su marido, a una fianza de responsabilidad civil de 587.413 euros. También la mujer de Torres, Ana María Tejeiro, deberá responder, en su caso con el pago de 1.144.240 euros, de las cantidades supuestamente defraudadas por su cónyuge.

En el caso de la hermana del rey Felipe VI,  Anticorrupción considera que no existen sobre ella indicios de haber cometido delito alguno, si bien sostiene que ésta habría obtenido un beneficio o aprovechamiento ilícito de los fondos supuestamente defraudados por Urdangarin en el seno del anterior entramado societario, y más en concreto a través de una de las mercantiles ‘pantalla’ que integraban el conglomerado empresarial: Aizoon.

El Fiscal también solicita para el antiguo socio del duque de Palma, Diego Torres, 16 años y medio por urdir y liderar, junto a Urdangarin, una trama empresarial con la que lograron acceder de forma “directa e inmediata” a los fondos manejados por las Administraciones, eludir los requisitos exigidos por las normativas de contratación pública y desviar así hasta 6,2 millones de euros de las arcas de Baleares, Comunidad Valenciana y Madrid.

6,2 millones de euros en fianzas y 8,7 en multas

No son las únicas cantidades de dinero que reclama el fiscal Pedro Horrach, puesto que tanto Urdangarin como Torres y el resto de inculpados -excluidas Cristina de Borbón y Tejeiro- deberán hacer frente a una solicitud de 6,2 millones de euros en responsabilidades civiles a raíz de los fondos presuntamente defraudados en Baleares (2,6 millones de euros), Comunidad Valenciana (3,5 millones) y Madrid (114.000 euros).

Las multas que el representante de la acusación pública reclama para todos los acusados ascienden, por su parte, a 8.759.974 euros, de los que 3,5 millones corresponden al duque de Palma.

En concreto, Horrach atribuye a Urdangarin un delito continuado de malversación en concurso con otro de prevaricación, falsedad en documento oficial y falsedad en documento mercantil (seis años de prisión); estafa (tres años y medio); fraude a la administración (dos años); dos delitos fiscales (seis años), y un último de blanqueo de capitales (dos años). Los mismos que a Torres, si bien sobre éste pesa un solo delito fiscal (tres años).

Once años de cárcel para Matas

Entre las más elevadas peticiones de condena se encuentra también la del expresidente del Govern Jaume Matas, quien se enfrenta a una solicitud de 11 años de cárcel por un delito de malversación en concurso con prevaricación y falsedad (ocho años de prisión) y otro de fraude (tres años).

Mientras tanto, la Fiscalía reclama dos años de cárcel para la mujer de Torres por un delito de blanqueo de capitales; otros dos años para el hermano de ésta y excontable del Instituto Nóos, Marco Antonio Tejeiro; dos más para el exdirector general de Deportes del Govern balear, José Luis ‘Pepote’ Ballester; ocho para el exgerente de la fundación pública Illesport Gonzalo Bernal; un año y nueve meses para el exgerente del Instituto Balear de Turismo (Ibatur) Juan Carlos Alía, y otros cuatro para el exasesor jurídico de esta empresa Miquel Àngel Bonet.

En cuanto a los exaltos cargos de la Comunidad Valenciana, el Ministerio Público solicita ocho años para el exsecretario autonómico de Eventos de la Generalitat Luis Lobón; otros ocho para el exdirector general de Ciudad de las Artes y las Ciencias Jorge Vela, ocho más para laexdirectora de Gestión de esta entidad Elisa Maldonado, y seis años para el también exdirector general José Manuel Aguilar. Finalmente, reclama seis años y medio para la exconsejera delegada de la Fundación Madrid 16 Mercedes Coghen.

Las empresas del entramado

El fiscal subraya cómo para defraudar a las instituciones públicas tanto Urdangarin como Torres fijaban precios totalmente desproporcionados por los servicios que prestaban a la Administración y posteriormente simulaban trabajos ficticios a mercantiles del entramado. Fondos que acababan así en manos de empresas controladas por los dos imputados.

Se trata de Nóos Consultoría Estratégica, Aizoon, Virtual Strategies S.L., Shiriaimasu, Intuit Strategy Innovat y De Goes Center For Stakeholder Management, mercantiles de las que eran propietarios y administradores y que, junto al propio Instituto Nóos, han centrado el foco de atención de las investigaciones.

Los fondos que las Administraciones pagaron a Nóos

El fiscal Horrach detalla de forma pormenorizada cómo estas entidades se hicieron con los 1,2 millones de euros que costó el convenio para la celebración del primer Illes Balears Forum (2005); los 1,085 millones del segundo (2006); los 54.520 euros pagados a Nóos por el Govern balear para el seguimiento de la repercusión del equipo ciclista Illes Balears – Banesto; los 174.000 que pagó la fundación pública Illesport por la creación de la oficina del proyecto de este equipo deportivo; y los 116.566 del Ibatur por la elaboración de material promocional del Illes Balears.

Asimismo, despliega las supuestas irregularidades que rodearon al pago de 1.044.000 millones de euros públicos por cada una de las tres ediciones llevadas a cabo del evento Valencia Summit, y al de 382.000 euros que percibió Nóos por la celebración de unos Juegos Europeos que nunca tuvieron lugar. Finalmente, detalla en su escrito cómo el Instituto presidido por Urdangarin cobró 114.000 euros de la Fundación Madrid 16 para preparar la candidatura olímpica de la capital en 2016, trabajos que finalmente no se llevaron a cabo.

Horrach pide al juez que aplique la doctrina Botín a la infanta

El fiscal anticorrupción Pedro Horrach solicita, mediante un escrito presentado ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, que el juez José Castro aplique la doctrina Botín sobre la infanta Cristina y evite así que se siente en el banquillo de los acusados, amparándose para ello en lo que califica de “elementales razones de justicia e igualdad” con aquellos ciudadanos a quienes, por similares motivos, sí se les ha impedido ir a juicio.

Mediante un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, Horrach considera que “no es sostenible, por elementales razones de justicia, igualdad y seguridad jurídica que, en las mismas circunstancias procesales, un ciudadano sometido a los tribunales de Vizcaya no se exponga al juicio oral y, sometido a un juzgado o tribunal de Baleares, no sólo se le abra juicio oral sino que además pueda ser condenado”, asevera en relación a la duquesa de Palma.

Del mismo modo, pide que le sea aplicada la anterior doctrina a Ana María Tejeiro, mujer del exsocio de Iñaki Urdangarin, Diego Torres, en relación al delito fiscal que le imputa la Audiencia Provincial de Baleares. A diferencia de Cristina de Borbón, Tejeiro sí tendría que ir al banquillo puesto que la Fiscalía la acusa por otro delito, el de blanqueo de capitales.

En el auto por el que el pasado mes la Audiencia confirmó la imputación de la infanta por dos delitos fiscales y abrió la vía para que fuese juzgada, dio “libertad de criterio” al juez Castro para decidir si aplica o no sobre Doña Cristina la doctrina Botín, que impide juzgar a alguien si únicamente le acusa quien ejerce la acción popular -en este caso Manos Limpias-, y no la Fiscalía o el perjudicado por el delito cometido.

Sin embargo, en ese mismo auto, los jueces de la Audiencia de Palma señalaban que entre el caso de Emilio Botín y el de la infanta “existe un matiz” diferenciador. En este proceso, la Fiscalía y la acusación particular han acusado de delito fiscal a otros imputados, algo que no sucedió en el caso del banquero.

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