Los especialistas señalan que las mujeres con discapacidad son más vulnerables de sufrir maltrato: dependen más de los agresores y apenas denuncian.
En 2013, cinco de las 54 víctimas mortales por violencia de género tenían alguna discapacidad reconocida; y en 2012, fueron siete mujeres de 52.
Los abusos sexuales que sufren las mujeres con discapacidad intelectual apenas llegan a los juzgados: solo un 37%, según un informe de la Fundación Pardo-Valcarce.
Juana Caneiro, de 25 años y con discapacidad intelectual, observaba situaciones de violencia que mujeres de su entorno sufrían a manos de hombres. La mayoría no detectaba los abusos o no sabía salir de ellos, así que decidió implicarse para ayudarlas. En 2013, cinco de las 54 mujeres víctimas mortales de violencia de género tenían alguna discapacidad reconocida. Las especialistas indican que suponen la punta de un iceberg de proporciones desconocidas. Las víctimas de violencia de género con alguna discapacidad reproducen con mayor frecuencia dos problemas habituales que esconden este tipo de maltrato: la dependencia del agresor y el escaso número de denuncias.
«A nosotras también nos puede pasar», dice Juana. Enfocar el problema y que sean las propias mujeres las que levanten la voz y reividiquen su lugar en la lucha contra la violencia de género es el objetivo del programa No me Dañes, de la delegación madrileña de la Federación de Organizaciones en favor de Personas con Discapacidad Intelectual (FEAPS). Juana es formadora en los talleres del programa y enseña a sus compañeras a identificar los distintos tipos de violencia. En las dinámicas de grupo las mujeres comienzan a identificar experiencias que han sufrido. «Esto me ha pasado a mí, te dicen», cuenta.
Durante muchos años, el colectivo no ha sido tenido en cuenta como sujeto víctima. Un estudio de 2011 publicado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad señala los prejuicios hacia la discapacidad como parte responsable de la invisibilidad de las víctimas. La negación de la sexualidad de las mujeres con discapacidad y los conflictos de su personalidad adulta son algunos de los factores que han mantenido el maltrato en la sombra. «Desde diferentes instancias se asegura que éste es un fenómeno que no se quiere ver, que se niega, que atemoriza por terrible», recoge el informe.
Medir a cuántas mujeres toca este problema es por el momento imposible. El número de víctimas mortales con alguna discapacidad reconocida solo aparece en las estadísticas anuales de la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género desde 2012, una exigencia que llevaban años reclamando varias organizaciones sociales. Ese año fueron siete de las 52 mujeres asesinadas, un 13,46%. En 2013, cinco de las 54 víctimas, el 9,26%.
Antes de un desenlace fatal, las denuncias son una herramienta que (aunque de manera insuficiente) ayuda a analizar la incidencia de la violencia. La advertencia de las asociaciones de mujeres de que las acciones judiciales no reflejan la magnitud total del maltrato es en estas ocasiones aún más pronunciada. Cuando el agresor es también el cuidador, algo frecuente en los casos que llegan a las especialistas, cuesta más señalarlo: «Si dependen de esa persona para su día a día y tienen dificultades para vivir de manera autónoma, la denuncia es más complicada», explica Laura Galindo, psicóloga y coordinadora del programa No me dañes.
La actitud sobreprotectora del entorno también merma la iniciativa de las mujeres para denunciar. «Si les han repetido mucho ‘tú no puedes’, ‘tú no puedes’, o se las ha derivado a tareas domésticas y no han recibido una formación ni han trabajado, es más difícil que sean autónomas», afirma Marta Valencia, presidenta de la Comisión de Mujer del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).
La discapacidad intelectual es, en opinión de Galindo, «la más susceptible de sufrir violencia». «A veces, la persona no es consciente de que lo que le está sucediendo es objeto de denuncia. Están acostumbradas a ese maltrato», explica. Aquí las acciones judiciales, que presentan las víctimas directas en la mayoría de las ocasiones (más del 60%, en 2013), dependen del entorno y, por tanto, a veces del propio agresor.
Violencia específica
Las mujeres con discapacidad sufren el maltrato psicólogico, físico y sexual que padecen el resto de víctimas. «Por el hecho de ser mujeres», destaca Marta Valenca. Cuando las compañeras de Juana se sueltan con las dinámicas de grupo organizadas por Feaps, poco a poco se abre la caja de pandora. «Te dicen que han ido por la calle y un hombre las ha empezado a perseguir, o que reciben mensajes de whatsapp en donde las amenazan con difundir fotos suyas», relata.
«A veces hay maltrato específico que sufren las mujeres con discapacidad por tener esa discapacidad», señala Laura Galindo. La violencia en centros residenciales en los que en ocasiones residen las mujeres es un ejemplo de ello: «Hay poco lugar a la intimidad en estos lugares. El cuerpo de la mujeres es más accesible, de dominio público para el personal del centro. Luchamos porque estas personas tengan más privacidad».
El CERMI ha presentando varias recomendaciones para la revisión de la Ley Integral contra la Violencia de Género de 2010 que había anunciado la exministra Ana Mato. Entre ellas, ampliar la definición de violencia de género en los casos de mujeres con discapacidad no sólo a la ejercida por parejas o exparejas sino también a otros posibles cuidadores. «Porque aunque algunas comunidades autónomas lo recogen, las mujeres no pueden acceder a los recursos a nivel estatal», apunta Marta Valencia.
La accesibilidad es otro punto débil de la red de protección contra el maltrato. Marta Valencia reclama el apoyo de intérpretes para personas con discapacidad auditiva o del habla en las comisarías y en otros recursos como las casas de acogida. Laura Galindo suma la necesidad de formación de los agentes y del personal de los juzgados con los que entran en contacto las mujeres con discapacidad intelectual: «Si les hacen las preguntas con un tono rígido y de manera insistente, por ejemplo, la persona tiende a responder lo que se espera de ella. Ahí puede haber cambios de versión, pero no significa que la víctima esté mintiendo. Hay que enseñar de qué modo hacer las preguntas».
Otro tipo de maltrato específico por ser mujeres y por tener discapacidad, según el CERMI, es la esterilización forzosa y el aborto coercitivo. «Tiene que haber una formación e información de todas las mujeres», insta Valencia.
El comité exige un mayor esfuerzo en el estudio del maltrato sufrido por estas mujeres, con más indicadores estadísticos. El Ministerio ha incluido ya algunas preguntas sobre el tema, en las encuestas sobre la percepción social de la violencia machista. En la de 2012, el 80% de las mujeres con discapacidad encuestadas afirmaron que se consideraban más vulnerables de sufrir maltrato.
Los abusos sexuales no llegan a los tribunales
Los abusos sexuales en la violencia de género apenas llegan a los juzgados. Suponen un 0,7% del total de los delitos instruidos en 2013, según las cifras del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Es el tipo de violencia más frecuente que sufren las víctimas con discapacidad intelectual que acuden a la Fundación Carmen Pardo-Valcarce, pero solo un 37% de los casos acaban en una denuncia.
María Recio, directora de la Unidad de Atención a Víctimas con Discapacidad Intelectual (UAVDI) de la organización, destacó en la presentación del balance de la unidad «la poca confianza que tiene el colectivo, sus familiares y profesionales en el sistema de justicia a la hora de abordar estos casos». «Es especialmente alarmante que atendiendo a la edad de la víctima, sólo un 20% de los casos de abuso sexual a menores con discapacidad intelectual son denunciados», apuntó este jueves. A medida que asciende la edad de las víctimas aumenta el número de denuncias.
De nuevo, los agresores suelen ser personas conocidas, en un 99% de los casos. El 30% corresponden a abusos sexuales intrafamiliares. La cercanía de los agresores y la vulnerabilidad de las víctimas determina quién da la voz de alarma sobre los abusos: el 73% de los casos que llegan a la UAVDI vienen derivados de los servicios de atención directa a personas con discapacidad, Servicios Sociales y Centros de Salud. En otro 19% es la familia la que acude a la unidad y, por último, un 2% de las víctimas acuden por ellas mismas a pedir ayuda.