45.000 sillas vacías

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La subida de tasas expulsa a decenas de miles de estudiantes de las universidades.

Las reformas en la enseñanza pública ahondan en un modelo que endeuda a quienes quieren estudiar y precariza lo público.

“El primer año de carrera ya pasé por muchas dificultades para poder hacer frente a los gastos de la universidad. En el segundo pasábamos por mayores dificultades económicas y dependía completamente de la beca: si no me la concedían no podía seguir estudiando. Y no me la concedieron”. Lo cuenta Naroa, que tiene 21 años y hace casi dos tuvo que dejar el grado en Arte que cursaba en el campus de la UPV/EHU de Leioa por no poder hacer frente a los gastos de la enseñanza universitaria: una primera matrícula completa puede costar entre 1.700 y 2.500 euros, un gasto que se incrementa un 50% para segunda matrícula y un 100% en tercera. Los precios de la matrícula y la disminución de las becas que han impulsado sendos decretos impulsados por el ministro de Educación, José Ignacio Wert, han puesto contra las cuerdas a miles de estudiantes.

Lo reconocen los números oficiales: los datos del Ministerio de Edu­cación registran que entre 2012 y 2014 la universidad ha perdido a 45.000 estudiantes. La campaña #faltan45.000, puesta en marcha por un grupo heterogéneo de personas que participaban en diferentes movimientos estudiantiles, denuncia que se trata de estudiantes que se han ido “por no poder pagar”. Y no sólo eso: otros muchos miles optan por no matricularse del curso completo por motivos económicos. “Calcu­lamos que de un 15% a un 20% de la población universitaria española no se está matriculando o bien de un curso completo o bien de asignaturas en segundas o terceras matrículas, alargándose correspondientemente el número de años en la universidad”, apunta Enrique Maestu, licenciado en Ciencias Políticas, estudiante del grado en Filosofía y uno de los impulsores de la campaña.

El lujo de estudiar

Entre las comunidades en las que resulta más caro estudiar, explica Maestu, están Catalunya, con un precio por crédito que va desde 35,77 a 39,53 euros; Euskadi, con un precio de 25,5 a 35,5 euros por crédito, y Madrid, donde el crédito cuesta entre 27 y 33 euros. “Éstos son los precios de los créditos en primera matrícula, pero una matrícula puede llegar a costar hasta 10.000 euros porque el precio se dispara en segundas y terceras matrículas, que no necesariamente están asociadas a la vaguería del alumno o un rendimiento ineficiente: en las carreras de ciencias e ingenierías, las segundas matrículas están a la orden del día, porque en algunas asignaturas la tasa de aprobados no llega al 20%”.Para el Gobierno de Rajoy, “que falten 45.000 estudiantes no es un problema: es la solución”

Víctor, estudiante de cuarto de Filosofía en la UCM, ha pagado a duras penas su matrícula este año. Habla –como Maestu– de un proceso de “elitización” que va de la mano de la implantación del Plan Bolonia. “Para el Go­bierno de Rajoy, los consejos de Gobierno de las univer­sidades, la Aneca [Agen­cia Nacional de Eva­lua­ción de la Calidad y Acredi­tación] y el ministerio de Wert, que falten 45.000 estudiantes no es un problema: es la solución”, concluye este estudiante, integrante en su facultad del colectivo La Caverna. “No se trata de privatizar la universidad, sino de segregarla a dos niveles: los que tendrán capacidad de mandar y los que tendrán que obedecer; por ello, si expulsando 45.000 estudiantes pueden derivar su formación a las FP, donde la introducción al mercado laboral es mucho más efectiva, lo van a hacer sin miramientos”, asegura.

Es el camino que siguió Naroa: después de dejar el grado porque le había sido denegada la beca, empezó un grado superior en Marketing y Publicidad en Donosti. “Me encantaría retomar mi carrera, poder continuar con aquello para lo que siempre he estado preparándome, pero no creo que sea posible en un futuro cercano. Además, al no haber podido pagar la matrícula del segundo año he adquirido una deuda con la univer­sidad, con lo que primero tendría que saldarla para continuar”.

Endeudarse para estudiar

Javier, estudiante extremeño, tuvo que abandonar el grado en Historia que empezó en la Universidad de Extremadura. Y no sólo eso: debe pagar una deuda de 1.800 euros, más 80 en intereses, que contrajo con la Junta de Extremadura. Su nota de selectividad no fue suficiente para aspirar a la beca del ministerio, por lo que solicitó una “beca-préstamo” de la Junta. Se trata de una ayuda económica para sufragar gastos derivados de los estudios, en este caso de vivienda. Pero “si tienes malas calificaciones, te piden que devuelvas ese dinero, da igual que no lo tengas”, dice Javier. Además, “le suman intereses de demora y lo pagas a plazos, es decir, es una especie de hipoteca que contraes con la Administración. Y en ésas me veo –continúa–, devolviendo una beca, y sin poder continuar mis estudios”. Pese a las dificultades, al final ha podido matricularse en Geo­grafía e Historia en la UNED.

“La UNED ha crecido un 26% en número de estudiantes en la última década. Mientras la media de las universidades presenciales es de 58 créditos matriculados, la de las no presenciales es de 32. No es aventurado afirmar que muchos de los que han abandonado sus estudios en las universidades presenciales han acudido a la UNED para poder compaginar estudio y trabajo”, razona Miguel Diáguez, estudiante de Dere­cho en la Universidad de Vigo y presidente de la Delegación de Estudian­tes de Ciencias Jurídicas de la UVigo, además de impulsor de #Faltan45000.

En la fórmula del préstamo, obviamente, no sólo han reparado las ­administraciones públicas. Maestu recuerda que durante el proceso de implantación del Plan Bolonia, una entidad bancaria promovió la creación de una beca-préstamo “con condiciones laxas que se endurecieron sustancialmente con el inicio de la crisis económica”. Esta fórmula, que en principio puede ser la puerta de acceso a los estudios universitarios, en la práctica es una forma de perpetuar una deuda. En el actual mercado de trabajo, recuerda Maestu, que deja fuera al 56% de los jóvenes, 1,2 millones de jóvenes han abandonado el país en los últimos dos años y ha habido una bajada de salarios generalizada, “la esperanza de encontrar un trabajo que permita comenzar a pagar una deuda por estudios es pequeña”.

Además, “la beca-préstamo actúa como disciplinador laboral: resulta imperativo buscar trabajo inmediatamente para empezar a hacer frente a los intereses de la deuda contraída. Estamos hablando de que las becas préstamo para un máster oscilan entre los 10.000 y los 30.000, considerables sumas que retrasan la posible autonomía del antiguo estudiante”, sostiene Maestu. Diáguez, sin embargo, cree que la fórmula del préstamo no ha calado entre el alumnado de las universidades públicas y pone el acento en un desembolso extra: el de los másteres habilitantes. Éstos “son la muestra de que Bolonia no es más que un proceso de mercantilización de la educación para sacarle beneficio. Lo explico con el caso de mi carrera, Derecho, que ha pasado de cinco años como licenciatura a cuatro como grado. Antes, licenciándote en Derecho podías colegiarte como abogado. Al pasar a grado, se razona que con cuatro años no es suficiente para poder colegiarse como abogado, cosa que nadie en su sano juicio negaría. Ahora bien, la trampa se encuentra en que mientras antes ese ‘quinto año’ costaba exactamente lo mismo que el primero, ahora ese quinto año –más medio, pues el máster colegiatorio de Abogacía son 90 créditos– se cobra a precio de máster. O, lo que es lo mismo, se nos incrementan los precios del propio grado y se dispara el precio del quinto año para sacar aún más tajada”. El de Derecho no es el único caso: 14 profesiones requieren un máster habilitante para ejercer.

¿Hay alternativas? Para quienes promueven la campaña #Fal­tan­45000, sí: una bajada de los precios de las matrículas a los estándares de 2011, un descenso del 30% de los precios de las segundas matrículas y de un 50% en las terceras, la posibilidad de pagar a plazos o tras la titulación, pago a través de un impuesto especial a lo largo de la vida, o bien pasar a un régimen de pago de las matrículas bajo un criterio de progresividad a través del IRPF para que quien mayor renta tenga pague proporcionalmente más. “Tenemos soluciones que pueden ser viables. Y se nos han ocurrido a un grupo de jóvenes de 21 años. Entendemos que si alguna de estas medidas de carácter social no se ha puesto en marcha es debido a una intención clara del ministerio por restringir y dificultar el acceso a la educación universitaria a un sector de la población”, aseguran.

Las reformas del ministro Wert

Becas

Un mínimo de un 6,5 de nota de selectividad para acceder a las becas generales y haber aprobado el 100% de los créditos para renovarla es la medida aprobada por real decreto en el verano de 2013.

Tasas

La subida de tasas fue regulada en el Real Decreto-ley 14/2012, de medidas urgentes de racionalización del gasto público. Este decreto establece que cada comunidad autónoma puede fijar los precios públicos del crédito universitario y castiga a los repetidores con incrementos de hasta un 100% en tercera matrícula. La mayor subida se produjo en la Comunidad de Madrid: un 65%.

3+2

Esta reforma, aun en borrador, establece que los rectores podrán decidir si imparten, como hasta ahora, grados de cuatro años y másteres de uno, o si optan por grados de tres años y másteres de dos, como hace la mayoría de los países europeos. El movimiento estudiantil considera que se trata de una maniobra para dar peso a la empresa en la universidad.

 

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