Seis de los 19 acusados del asedio al Parlament catalán en 2011 se han acogido hoy a su derecho a la última palabra en el juicio y han dicho que el mismo se ha celebrado para que la población tenga miedo a manifestarse, pero han advertido de que las protestas seguirán.
Seis de ellos tomaron la palabra en el juicio y denunciaron la estrategia del miedo para que la población no se manifieste.
La Audiencia Nacional ha dejado hoy visto para sentencia el juicio, en el que la Fiscalía ha pedido para cada acusado cinco años y seis meses de prisión por delito contra las instituciones del Estado en concurso con atentado a la autoridad.
Los hechos se remontan al 15 de junio de 2011, cuando una concentración convocada por el movimiento 15M ante el Parlament, en Barcelona, derivó en situaciones de asedio a parlamentarios, entre ellos los presidentes de la Generalitat, Artur Mas, y de la Cámara, Núria de Gispert, que hizo necesario incluso trasladarles en helicóptero a la Cámara.
Al final del juicio han hecho uso de su derecho a la última palabra seis acusados, el primero de ellos Rubén Molina Marín, quien ha estimado que en esta causa se ha juzgado a personas que se manifestaron para luchar por cambiar el mundo y ha comentado que son jóvenes en paro o con trabajos humillantes, muchos de los cuales han tenido que abandonar sus carreras por el aumento de las tasas.
Rubén Molina ha dicho que por muchos procedimientos judiciales que haya como éste seguirán «luchando en la calle para que cambie este futuro negro».
El acusado José María Vázquez Moreno, que ha dicho que es profesor de universidad, ha calificado de «abusivo el juicio contra unas personas que protestaban por unos recortes que han supuesto excesivas tasas universitarias, disminución en la actividad de hospitales y contratos precarios».
El imputado Francisco José Cobos ha dicho que en el juicio ha sentido que se habían reído de él y que, aunque en el mismo se ha hablado de miedo -en referencia al que algunos parlamentarios dijeron pasar-, «miedo es cuando se va al contenedor porque no se tiene para comer», ha indicado.
El testimonio más emocionado ha sido el de la acusada María Durán Gurnsey, que entre lágrimas ha dicho que el juicio ha evidenciado el diferente trato que se recibe dependiendo de la clase social y que hay quienes viven cómodamente mientras otros son objeto de desahucios y despidos y pasan hambre.
La acusada Olga Álvarez ha estimado que se les ha juzgado para castigarles por oponerse a las políticas de las instituciones del Estado y para amenazar a la población para que tenga miedo a salir a la calle.
El sexto acusado que ha tomado la palabra, Álvaro Cano Santana, ha sido únicamente para hacer suyo el alegato de su abogada.
Los abogados defensores han denunciado una estrategia para que esta causa sirva de precedente como la primera por una acción de indignados que termine en sentencia condenatoria.
Las representaciones de algunos acusados han mantenido que el Gobierno de España ha fracasado en su intento de que escraches y acciones como «Rodea al Congreso» terminen en condenas judiciales y que por ello el Ministerio del Interior ha tenido que reformar la ley de seguridad ciudadana.
Las defensas han recordado que un Juzgado de Madrid archivó la causa por el escrache a la vicepresidenta del Gobierno de España, Soraya Sáenz de Santamaría, al estimar que no se produjo delito alguno en la protesta de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, y que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz hizo lo mismo respecto a ocho convocantes de una manifestación del 25S frente al Congreso.
La representación de algunos procesados han apreciado mala fe en la acusación ejercida por el sindicado Manos Limpias, al acusar no solo por el delito que aprecia el fiscal, sino también por asociación ilícita sin que a juicio de las defensas haya fundamentado esta imputación.
El Parlament pide tres años de cárcel aunque su abogado ya dijo en la sesión anterior del juicio que la institución «no vería con malos ojos» una petición de indulto para los acusados si finalmente son condenados, mientras que la Generalitat solicita la misma pena pero solo para los tres acusados de atacar a Artur Mas.