La Ejecución Hipotecaria Española – Un procedimiento abusivo inservible frente a los abusos hipotecarios

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(Sentencia de 14.03.2013 del Tribunal de Justicia)

 

La Sentencia del 14 de Marzo pasado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea estima que la normativa procesal española, referente a las ejecuciones hipotecarias judiciales no respeta la Directiva Europea 13/93 de 5 de Abril sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores. Dicha Directiva obliga a los Estados miembros a velar porque existan medios adecuados y eficaces para que cese el uso de cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre profesionales y consumidores. Es de destacar que el Tribunal Constitucional Español ya había resuelto sobre la no inconstitucionalidad de esa normativa procesal hipotecaria Española (Auto del Pleno del T.C. de 19.07.2011).


Considera la Sentencia del Tribunal de Justicia que se viola esa Directiva en un doble sentido: por un lado, porque no se puede, en el marco de la ejecución judicial hipotecaria, formular motivos de oposición basados en el carácter abusivo de una cláusula del contrato de préstamo hipotecario, puesto que son dos los únicos motivos de oposición que se admiten en ese procedimiento sumario: el error en el cálculo de la cantidad reclamada y la cancelación de la deuda hipotecaria o la existencia de otra inscrita previamente. Ninguna otra cuestión puede oponerse en ese procedimiento. Y por otra parte, porque no permite que otro Juez competente para conocer en un procedimiento ordinario sobre el carácter abusivo de esas cláusulas pueda adoptar medidas cautelares eficaces que garanticen su decisión final; es decir, no puede suspender el curso del procedimiento de ejecución hipotecaria, por lo que no se puede impedir la pérdida de la vivienda por el deudor aunque finalmente se considerasen esas cláusulas abusivas. Solamente le quedaría en ese caso un derecho a ser indemnizado.

 

 

Esto ocurría en el caso que conocía el Juez de lo Mercantil nº 3 de Barcelona, promotor del Recurso, que tenía que decidir sobre las cláusulas abusivas planteadas por un deudor hipotecario cuya vivienda fue subastada poco después y él lanzado de la misma por un Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Martorell.

 

Se ha querido centrar la atención en lo vetusto de tal ley y ello no es cierto, por cuanto que la Ley de Enjuiciamiento Civil (Ley 1/2000) que es la que regula el Procedimiento de Ejecución Hipotecaria es de 7 de Enero del 2000. Esta Ley además supuso un empeoramiento con respecto a la Ley de Enjuiciamiento Civil anterior, que al menos para el remanente no amortizado en la subasta obligaba a ir a otro procedimiento de ejecución en el que las vías de oposición y las garantías eran más amplias.

 

Se planteaba también al hilo de ese Recurso del Juzgado de lo Mercantil de Barcelona el carácter abusivo de determinadas cláusulas entre ellas la cláusula de vencimiento anticipado de todo lo adeudado en contratos de larga duración, como son todos los hipotecarios; la fijación de los intereses de demora; así como la determinación unilateral, por las entidades prestamistas, de la cuantificación de la deuda reclamada. Se planteaba que esas practicas eran abusivas conforme a lo que señala el anexo de la Directiva 13/93 como cláusulas abusivas. La Sentencia, después de considerar que esa relación del anexo de la Directiva no es exhaustiva, introduce criterios para que esas cláusulas y prácticas no se den por buenas automáticamente, sino que sean analizadas con arreglo a pautas más equitativas y concordantes con el tratamiento que reciben en otros contratos.

Hasta aquí muy sintetizado lo que establece dicha Sentencia. Resta por ver cuál será su aplicación y cuáles serán los cambios legislativos. En principio parece que de inmediato deban paralizarse los procedimientos de ejecución hipotecaria mientras se decide sobre las cláusulas abusivas que se planteen, bien en ese mismo procedimiento o en otros ordinarios.

 

En síntesis la Sentencia declara abusivo el procedimiento judicial hipotecario por no permitir cuestionar en ese mismo procedimiento las cláusulas abusivas y porque si se plantean en otro procedimiento, éste último no suspende la ejecución hipotecaria. Destacamos ésto porque es importante no perder de vista que el origen, el problema de fondo, está en los abusos cometidos por las entidades financieras al conceder los créditos hipotecarios. Ahora, en esta Sentencia del Tribunal de Justicia se aborda el problema de cómo combatir judicialmente esos abusos tolerados durante años, al menos desde 1993, con flagrante vulneración de la normativa comunitaria.

 

Hace falta una clara declaración sobre las cláusulas abusivas, algunas de las cuales recordamos: Intereses de demora exagerados de entre el 18 y el 25% la mayoría de las veces; períodos de carencia en los que sólo se pagan intereses y no se amortiza capital; método francés para fijar el interés ordinario variable; cláusulas suelo para los intereses ordinarios variables; el vencimiento anticipado de todo lo adeudado aunque lo adeudado sea insignificante; la “obligación” de suscribir otros productos bancarios (Planes de pensiones, tarjetas de Crédito, …) que nada tenían que ver con el crédito hipotecario pero cuyo incumplimiento podía provocar la ejecución hipotecaria; hipotecas sobre varias viviendas cuando el valor de tasación de una de ellas cubría todo el principal prestado…

 

La Sentencia del Tribunal de Justicia no tiene ninguna referencia explícita a la Dación en Pago. (Recordamos eso sí, que la dación en pago está contemplada en la vetusta Ley Hipotecaria de 29.05.1946 como posibilidad, posibilidad nunca recogida en las hipotecas de los últimos 15 años). Pero creemos que sí puede considerarse abusivo el no poder zanjar la deuda entregando un bien cuyo valor es superior a lo prestado. Como también puede considerarse el primer abuso, el mayor de todos, el haber firmado unos contratos sin comprender la envergadura de lo que se estaba firmando, es decir, la nulidad de esos contratos por vicios de consentimiento.

 

Creo que hay que empezar por decir que “estas deudas hipotecariasinfladas artificialmente, al tiempo que se inflaban los precios de las viviendas, NO LAS PAGAMOS ASI. Los Bancos ya han hecho su negocio.

Y ya para terminar hablando de lo “viejo y bueno”, ahí va el artículo 1 de la “Ley de Represión de la Usura” de 23.07.1908 vigente hoy en día: “será nulo todo contrato de préstamo en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso o en condiciones tales que resulte aquel leonino, habiendo motivos para estimar que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales”. Ella habla por sí sola.

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Doris Benegas

Valladolid, 15 de Marzo de 2013

 

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