Millonaria transfusión para garantizar una rentabilidad de casi el 7% a las empresas que construyeron el hospital de Burgos

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Hospital de Burgos

Vista exterior del Hospital de Burgos. Foto: últimoCero

El canon que la Junta debe pagar hasta el año 2037 ha pasado de 37 a 71 millones de euros / El coste final de la instalación se ha incrementado en 157 millones / El PP ha rechazado crear una comisión de investigación para analizar el sobrecoste

Germán Vivas

Burgos

¿Qué empresario no firmaría a ciegas un contrato con una administración pública si ésta le garantiza una rentabilidad anual cercana al 7%? La respuesta, en tiempos de crisis, parece clara: posiblemente ninguno. Sin embargo, este planteamiento, que parece ciencia ficción, forma parte de las condiciones del contrato que la Junta de Castilla y León firmó con la UTE Nuevo Hospital de Burgos S.A. el 28 de abril de 2006 para construir y explotar, durante 30 años, el centro hospitalario burgalés.

Según la documentación oficial a la que ha tenido acceso últimoCero, el Pliego de Cláusulas administrativas particulares de la citada adjudicación, contempla que la administración regional debe garantizar una “Tasa Interna de Rentabilidad” a los promotores del proyecto. Promotores bien conocidos y que no son otros que la Caja de Ahorros Municipal de Burgos, la Caja de Ahorros y Monte de Piedad del Círculo Católico de Obreros de Burgos, Santander Infraestructuras F.C.R., Gerens Management Group S.A., Grupo Norte, Obrascón Huarte Laín S.A., Urbanizaciones Burgalesas S.L., Caja de Ahorros de Ávila, Caja de Ahorros de Salamanca y Soria, Corsán Corviam S.A. y la empresa Invergestión Sociedad de Inversiones y Gestión S.A.

Al amparo de esta cláusula, los promotores presentaron un plan de negocio que suponía una Tasa Interna de Rentabilidad del 7,11%. Sin embargo, la modificación del proyecto original y el retraso en la puesta en marcha del hospital redujo de forma considerable esa tasa hasta el 4,9%, por lo que los concesionarios pidieron a la Junta una revisión que finalmente fue autorizada y se situó en el 6,9%, con todos los parabienes de la Tesorería General de la Junta.

El canon inicial pactado ha tenido que ser modificado, no sólo para abonar “los costes por la modificación del proyecto de ejecución de las obras”, sino también para sufragar “el abono de costes por la reducción de ingresos netos por retraso en el inicio de la explotación”.

El tesorero general de la Junta dio su visto bueno el 13 de octubre de 2010 y tan sólo 15 días después, el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, estampaba su firma en el acuerdo adoptado en Consejo de Gobierno para aprobar un modificado en el contrato de nada menos que 157,6 millones de euros. Una cantidad más que considerable si se tiene en cuenta que el contrato inicial para construir el hospital burgales fue de 242,8 millones de euros.

Sin embargo, este sorprendente incremento presupuestario, no ha sido lo único que ha llevado al PSOE a solicitar sin éxito la constitución de una comisión de investigación para aclarar lo ocurrido.

El pasado 25 de septiembre de 2012, el consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, dio su visto bueno para que la Consejería de Sanidad modificara el contrato de concesión de obra pública para la construcción y explotación del nuevo hospital de Burgos. La documentación en poder de últimoCero pone de manifiesto que De Santiago-Juárez, en menos de un mes, dio luz verde dos veces al incremento del canon a pagar a la empresa adjudicataria. En sesión celebrada el 26 de julio de 2012, por ejemplo, incrementó un 139,53% la anualidad correspondiente a 2013 y poco después, en la sesión celebrada el 23 de agosto de ese mismo año, ese porcentaje, referido también a 2013, se había convertido en un 149,45%.

Algo parecido ocurría con el resto de años (hasta 2037) en esa sesión referida a julio, siendo el ejercicio de 2025 en el que ese porcentaje se incrementará por encima del 150%. En la sesión celebrada en agosto, los incrementos porcentuales sólo se refieren al periodo 2013-2022, superándose el 152% en la anualidad correspondiente al año 2021.

El pasado 20 de febrero, en el transcurso del último pleno celebrado en las Cortes de Castilla y León, el portavoz del PSOE, Óscar López, exigió al Gobierno del PP “conocer toda la verdad” sobre el coste final del Hospital Universitario de Burgos y llegó a denunciar que, gracias a la fórmula elegida por la Junta para su construcción y explotación, los ciudadanos de la Comunidad “estarán atados a un plan de negocio hasta el año 2036” que, en la práctica, supondrá “duplicar la inversión inicial de 1.000 a 2.000 millones de euros”.

Su petición de comisión de investigación cayó en saco roto. El portavoz del PP, Carlos Fernández Carriedo, la rechazó y justificó, por estar ajustadas a la Ley, todas las modificaciones que cuentan con informes técnicos favorables. Los socialistas, sin embargo, insisten en que a todo este proceso le vendría bien una buena dosis de transparencia, ya que recuerdan el baile de cifras referidas a los modificados del contrato (se ha hablado, según el PSOE, de 120, 65 y finalmente, de 157 millones).

Un baile que no debió producirse ya que en la memoria de cuentas anuales abreviadas de la Sociedad Anónima Nuevo Hospital de Burgos, referidas a los años 2009 y 2010, figura la firma, como “representante de la Junta de Castilla y León (Sacyl)” del ex delegado territorial de la Junta en Burgos y actual senador Jaime Mateu Isturiz. Junto a la suya, constan también las de los conocidos representantes de las sociedades que conforman esta UTE con rentabilidad garantizada por la Junta: José María Arribas (Caja Burgos), Roberto Rey Perales, Jesús Arranz Acinas, Antonio Miguel Méndez Pozo, Pablo Bel Rafecas, Rafael Martín de Nicolás Cañas, José Rolando Álvarez Valbuena, Luis Abraira de Arana, Fernando Pallares D’Ocon y Juan Manuel García Gallardo, este último, en calidad de secretario no consejero.

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