El juicio a cinco trabajadores desvela una chapuza judicial

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La defensa denuncia que los hechos ocurridos hace 5 años han prescrito y que un escolta del alcalde se extralimitó en sus funciones
Los trabajadores acusados ante la puerta de los juzgados de Valladolid

F. V.

Valladolid

Esperar una hora para que comience una vista oral señalada para las 11.30 horas no es nada, comparado con la demora de cinco años que han tenido que aguardar los cinco trabajadores acusados de un delito de atentado y faltas por desorden público que fueron juzgados hoy, martes día 5, en Valladolid.

Los hechos juzgados ocurrieron la mañana del 29 de febrero de 2008, en las inmediaciones de la plaza Mayor, donde había una exposición del vehículo Renault Modus y en la que se celebró un acto de solidaridad con Enrique Martínez, delegado sindical que había sido despedido por la dirección de la multinacional francesa. Enrique hoy se sentó en el banquillo acusado de desórdenes junto con Teodoro Garrido, Dionisio Alonso, Anselmo Tamayo y Joaquín Isabel, éste último con la petición de un año de prisión y dos meses por un supuesto delito de atentado.

A las puertas de los juzgados se concentraron más de doscientas personas en solidaridad con los acusados convocados por CGT y Bloque Obrero. Antes de la audiencia pública, las defensas expusieron a la jueza de lo Penal número 1, los incumplimientos de los plazos en dos ocasiones por parte del Ministerio Fiscal y que fueron reiterados en las conclusiones. “Un escrito que entró en Fiscalía el 28 de enero de 2009 no fue contestado hasta el 10 de febrero, cuando tenía tres días para recurrir… Los plazos tienen su importancia y velar por su cumplimiento es función del juzgado”, recordó la letrada Doris Benegas, defensora de Joaquín Isabel y de Teodoro Garrido.

El abogado Óscar Martínez, defensor de Anselmo Tamayo y Dionisio Alonso, también denunció que sus defendidos tardaron 2,5 años en saber de qué eran acusados. El letrado de Enrique Martínez se sumó a las críticas de sus compañeros, que plantearon la prescripción de los hechos y la nulidad del auto de acusación. El propio fiscal reconoció en sala que había habido “dilaciones indebidas”.

A los fallos en la instrucción, las defensas sumaron la “extralimitación” de funciones de alguno de los siete policías municipales que declararon en calidad de testigos. De manera muy especial del agente con carné 8535, que el 29 de febrero de 2008 estaba de paisano realizando labores de escolta del alcalde, Javier León de la Riva, que coincidió con algunos de los asistentes a la concentración en solidaridad con el despedido de Renault y fue objeto de abucheos, lo que dio lugar a la posterior detención de Joaquín Isabel, delegado de Trabajadores Unidos, e identificación de los otros cuatro acusados que, curiosamente, no fue realizada por ninguno de los municipales presentes, quienes tampoco recordaban haber utilizado las porras. Isabel y Garrido resultaron lesionados, cuyos informes fueron ratificados por un médico forense por videoconferencia.

El fiscal aprovechó para que se hiciera lo mismo con el parte de uno de los policías, lo que dio lugar a una protesta de la abogada Benegas, creándose un momento de tensión que zanjó la jueza con un “No voy a discutir más”.

Las defensas solicitaron la absolución de los cinco acusados, mientras el fiscal aludió a la existencia de “dos versiones discordantes” e introdujo una modifcación: “Donde decía que don Joaquín Isabel pegó un puñetazo al policía cambiar por que hubo un forcejeo, que es lo que ha declarado hoy”. Esto dio pie a la abogada Benegas a preguntar: “Qué credibilidad tiene un policía que dice en un atestado y en el juzgado una cosa y otra en el juicio”.

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