La ‘Plataforma en defensa del agua pública’ de Laguna de Duero ejemplifica la situación que vive el municipio: “Van a vender las zapatillas para comprarse los cordones”.
Y, además, el nombre compuesto de esa localidad refleja la importancia del agua en el lugar: “Es lo único que tiene el pueblo”. José María Ruiz es sindicalista de la Unión Sindical Obrera (USO) y miembro de dicha plataforma. Víctor Simón, concejal del PSOE, también: “Dicen que quieren privatizar el agua porque necesitan dinero. Es el único argumento”. Lo mismo que Jesús Salamanca, edil de Izquierda Unida: “El servicio no es perfecto, necesita mejoras. Pero es rentable tal y como está ahora”.
Hay argumentos de concepto, como que el agua es un bien público y no se debe privatizar, o simplemente económicos: según se desprende de un estudio de detalle encargado por el Ayuntamiento de Laguna de Duero, informa la plataforma, las facturas se encarecerán, en los próximos 5 años, del orden del 80%.
Ante la noticia no oficial de la posible privatización de la gestión del agua en Laguna de Duero, en julio de 2012, y a pesar de la existencia de un informe encargado por el Ayuntamiento a una empresa asesora sobre cómo sería esa privatización, se constituyó la ‘Plataforma en defensa del agua pública, en la que se integraron: la asociación de vecinos ‘La calle’, los partidos PSOE e IU y los sindicatos USO, CCOO y UGT. Tres meses después, en octubre, lograron reunir a 3.500 personas que salieron en una “manifestación histórica”, según Luis Miguel Pérez, miembro de la asociación vecinal ‘La calle’, y, al mes siguiente, presentaron al equipo de Gobierno presidido por Luis Minguela, del PP, 4.246 firmas en contra de la privatización del agua. “Todos empadronados en Laguna”, apunta Margot Rodríguez, concejala del PSOE. También han celebrado asambleas informativas, concentraciones, semanas culturales e, incluso, contaron con la presencia del naturalista Joaquín Araujo y con el apoyo de Manuel Sierra.
Río Duero a su paso por la localidad de Laguna de Duero. Foto: C. Arranz
La lucha de Laguna responde a la llamada ‘burbuja hídrica’, un círculo en el que han entrado multitud de municipios y ciudades en toda España y cuyo principal exponente es la Comunidad de Madrid y el canal de Isabel II. Pero, además, hay localidades que, si bien antaño lo estuvieron y se privatizó –como es el caso de Valladolid-, ahora hay varias que se mantienen en pie de guerra, como ocurre en el municipio de Candeleda, una localidad abulense de más de 5.000 habitantes (Laguna tiene más de 22.000) en la que su Consistorio ha decidido privatizar el agua.
LOS NÚMEROS
Una asesoría, Water & Parteners S.L., perteneciente a un grupo empresarial con capacidad para gestionar el ciclo del agua, realizó un estudio que le costó 24.000 euros al Ayuntamiento de Laguna de Duero en el que se explican detalladamente las consecuencias de la privatización de la gestión del agua en el municipio. De hecho, tal y como comenta Víctor Simón, el colectivo ha utilizado “la información procedente de dicho informe”, los argumentos numéricos del propio Consistorio.
El pasado año, la localidad obtuvo alrededor de 180.000 euros de beneficios salidos de la gestión pública del agua. Este año, aporta la plataforma, ese beneficio será mayor, de alrededor de 300.000, puesto que las tasas han subido.
El equipo de Gobierno apela al déficit de 6,5 millones que tiene el municipio y a la cantidad que, de golpe, podría recibir si se privatiza el ciclo integral del agua. Porque, según el estudio, el canon establecido y que debería cobrar el Ayuntamiento supera los 5 millones de euros, más una inversión obligatoria de casi 3 millones en los primeros 5 años en las instalaciones hídricas. Es decir, de un contrato valorado, según el informe, en 62,2 millones de euros, el Consistorio percibiría aproximadamente 9. “La diferencia de ese dinero lo pagaremos todos”, comentan desde la plataforma. De ahí las presumibles subidas del 80% en las tarifas.
Pero la concesión, sin embargo, se alargaría a 25 años “prorrogables”, apunta Margot Rodríguez. Es decir, ese dinero podría ‘salvar’ las cuentas este ejercicio, pero los ingresos procedentes de los impuestos del agua ya no existirían en un futuro, pues sería la empresa quien los cobrase. Que, “como en el caso de Valladolid, no es necesario pasar las subidas de la tarifa por el Pleno”, comenta Víctor Simón. Y, además, la inversión obligatoria quedaría en esos primeros años, puesto que la empresa ya no tendría, por norma, destinar más fondos a la mejora de las instalaciones.
Tal y como apunta el estudio, el Ayuntamiento recibiría el 5% de la facturación de la empresa al año. Esa cantidad asciende a 60.000 euros. Pero se abre un escenario nuevo: las instalaciones públicas gestionadas por el Consistorio actualmente no pagan por el agua, al tratarse de un bien propio. Al privatizarse la gestión y si sobrepasa un límite del 10% del consumo total de la localidad, sí debe abonar la cuantía expuesta en las facturas. El gasto estimado de esos edificios de gestión pública está estimado en un 40% del total, por lo que el pueblo deberá pagar al año 150.000 euros. Y 60.000 menos 150.000…
¿Dónde se sitúa gran parte del negocio para la empresa adjudicataria? Efectivamente, en cómo estén distribuidos los tramos de tarificación. Según datos extraídos del informe por la plataforma, los precios se subirán a 8.832 viviendas, la mayoría, que se sitúan en la media de consumo de 40 metros cúbicos. Por ejemplo, el metro cúbico cuesta 0,41 euros dentro de la horquilla de consumo 1 metro cúbico -60 metros cúbicos. Con una gestión privada, ese precio se situaría en 1-15 metros cúbicos, mientras que de 15 a 30 ascendería a 0,62 euros, de 30 a 45 serían 0,80 euros y más de 45 el precio del metro cúbico estaría en 0,90 euros, superior al precio máximo actual, 0,84, dirigido a consumos superiores a 80 metros cúbicos.
Pero, según Víctor Simón, “para maquillar la subida, la factura se enviaría cada dos meses en vez de cada cuatro, como sucede ahora”.
Laguna de Duero es, además, un pueblo si depuradora. Cuenta con una potabilizadora, pero las aguas las vierte al río Duero. Hace años surgió el proyecto de crear un colector que canalizase las aguas hasta la depuradora de Valladolid. O, también, necesita cambiar un tipo de tuberías no permitidas. “Los beneficios se pueden ir reinvirtiendo en mejorar las instalaciones”, sentencia Jesús Salamanca.
LA HISTORIA SE REPITE
Laguna de Duero es un ejemplo cercano, envuelto en números e intenciones, de lo que supone ese ‘boom hídrico’ actual, que parece una solución a corto plazo para los problemas deficitarios de los ayuntamientos y en el que están inmersos grandes conglomerados empresariales a nivel internacional, como Canal de Suez-Agbar. Sin embargo, los detractores no llegan a comprender cómo un bien público, un derecho reconocido por la ONU, puede delegarse en manos privadas, firmándose convenios que obligan invertir sólo los primeros años. Y luego, ¿qué?
Pero hace años que comenzó a privatizarse la gestión del ciclo integral del agua en ciudades más grandes. Por ejemplo, Valladolid estuvo envuelta en dos polémicas a la vez: la del rechazo de gran parte de la ciudadanía y la posición cambiante de un concejal del PP, Antonio San José.
“Asva era una empresa púbica con superávit, aunque dijeran que no. Y, a pesar de todo, la privatizaron”. Carmen González era en 1996 presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valladolid y estuvo al frente de las protestas contra la medida de un recién llegado Javier León de la Riva a la Alcaldía de Valladolid.
El PP “no llevaba en el programa electora la privatización”, apunta González. Y, sin embargo, en 1996 comenzó los trámites con Aguas de Barcelona para que Asva se convirtiera en Agualid, hoy Aguas de Valladolid. La Federación de Vecinos logró reunir 32.000 firmas en contra e, incluso, en una jornada histórica, el 25 de octubre de 1996, concentró, junto a partidos y sindicatos, a miles de personas en manifestación por las calles de la capital. El día en el que Miguel Induráin participaba en el V Critérium Ciudad de Valladolid en el Campo Grande, muchos ciudadanos prefirieron sumarse a la protesta al son de ‘Tranquilo majete’ de los Celtas Cortos, que sonaba por megafonía.
No obstante, la tramitación siguió adelante. Ni la vía judicial la paralizó, pues el Tribunal de Justicia de Castilla y León se posicionó en contra del recurso presentado por la Federación de Vecinos.
“Estábamos en contacto con representantes de vecinos en Barcelona, porque allí pasó lo mismo”, explica Carmen González, también concejala del PSOE en la pasada legislatura. “Y luego estaba el concejal del PP que al principio votó a favor y después quería votar en contra”, añade.
Ese era Antonio San José, un sindicalista que trabajaba en Fasa y militaba en el PP. Tras apoyar la privatización, al año siguiente y un mes antes de la adjudicación, decidió dar su voto a PSOE e IU para que no saliera adelante. El PP gobernaba con 15 concejales. La privatización, final y obviamente, salió adelante.
Lo que ha venido después, explica Carmen González, fueron consecuencias negativas: “subidas en la factura, falta de mantenimiento o inundaciones en días de lluvias”.
A LA INVERSA
Si en Madrid el objetivo de Esperanza Aguirre fue privatizar el canal de Isabel II, una empresa pública que ha venido dando unos 150 millones de euros de beneficios, ¿cuáles son los motivos que puede llevar a una administración a vender algo rentable? ¿Por qué venden en Laguna de Duero? ¿Y en Candeleda?
Los tiros pueden ir por esa necesidad de los ayuntamientos de liquidar su deuda a corto plazo, aunque suponga la pérdida de ingresos procedentes del agua en un futuro. También, una burbuja mayor a la hídrica: la neoliberal. Con esa mosca detrás de la oreja están muchos de los opositores a la privatización de la gestión del ciclo integral del agua, que no logran comprender cómo servicios rentables ‘vuelen’ de la propiedad pública.
Sin embargo, hay lugares donde la situación se extremó tanto que tuvieron que iniciar un proceso a la inversa. Eso ocurrió en Sevilla, donde la gestión privada de Aguas del Huesna, que controlaba el elemento líquido de dicho río, provocó la ausencia de suministro en muchas localidades por la falta de inversión.
Llegados a un punto en el que, con agua de sobra en el caudal del río y la obligación de utilizar camiones cisterna para abastecer varios puntos, la Diputación y una veintena de municipios tuvieron que tomar las riendas y convertir Aguas del Huesna en una empresa de gestión pública. Desde 2007 se han invertido 20 millones de euros y la empresa ya liquida en positivo. La población a la que suministra agua asciende a 250.000 habitantes.
Este es uno de los ejemplos que pone la plataforma lagunera para evitar la privatización en su localidad. Porque hay dos opciones: que los beneficios se los quede la empresa privada o, por el contrario, que el municipio los reinvierta para mejorar el servicio.