Admitida a trámite la demanda de las Brigadas Vecinales contra Delegación de Gobierno

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El colectivo Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos (BVODH), conocido por su trabajo de documentación y denuncia de los controles de identidad por perfil racial en Madrid, ha conseguido que se admita a trámite la demanda que presentaron el pasado 14 de septiembre contra la Delegación del Gobierno en esta comunidad por vulneración de derechos fundamentales ante el Tribunal Contencioso-Administrativo de Madrid.

Desde Brigadas Vecinales tienen claro cuál es el sentido de esta demanda: “Hay que ser capaces de dar respuesta a las medidas que intentan coartar la actividad de los colectivos y silenciarlos, sobre todo en un momento en el que se intenta acabar con toda respuesta social”.

La demanda se interpuso el 14 de septiembre como respuesta a las sucesivas sanciones administrativas (un total de catorce) que habían recibido diversos miembros del colectivo en el ejercicio de su labor de documentación de estas prácticas policiales. Para su interposición se tomó como caso específico una de estas sanciones, en la que se entiende que se vulneraron tres derechos fundamentales: libertad de expresión, asociación y los incluidos en el artículo 24 de la Constitución (tutela judicial efectiva).

Brigadas consideran que se ha violado su derecho a la libertad de expresión porque dicha sanción tiene como fin “silenciar una información cierta, veraz y conocida”, en este caso la existencia de las llamadas redadas racistas, que ha sido documentada no sólo por este colectivo sino por Amnistía Internacional, SOS Racimo, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU o la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI).

Alegan, en segundo lugar, que se ataca su derecho de asociación porque no se trata de una sanción individual contra una persona, sino que se engloba en un conjunto de sanciones similares contra diversos miembros del colectivo. Además, según explican desde BVODH, en ella el comisario en jefe de la brigada de información alega que, “como el acusado participa en Brigadas Vecinales, debe tenerse en cuenta la actividad de este colectivo para juzgarlo, y dicho colectivo se dedica a obstaculizar la labor policial y utiliza medios violentos”. El grupo vecinal también considera como prueba de la vulneración del derecho de asociación las declaraciones de la delegada del Gobierno Cristina Cifuentes en las que culpaba a las Brigadas de presionar a la policía. Estas declaraciones, destaca BVODH, coincidieron con el proceso de tramitación de las sanciones, proceso en que la propia delegación es una de las partes.

Por último, la asociación alega que dicha sanción vulnera el artículo 24 de la Constitución, referido a la tutela judicial efectiva, al derecho a presentar pruebas y a la presunción de inocencia. Desde el colectivo se explica que no ha habido ratificación de los hechos por parte del agente que los denunció, que habiendo grabaciones de las cámaras de videovigilancia del lugar donde tienen lugar los hechos, no se las han facilitado como prueba, y que, además, no hay pruebas objetivas que puedan desmentir sino meras opiniones.

Otras denuncias con Cifuentes

La admisión a trámite de la demanda supone un paso importante, teniendo en cuenta que sólo una minoría de las demandas por derechos fundamentales pasan dicha criba. Las Brigadas Vecinales no son las únicas que tratan de actuar judicialmente contra las actuaciones represivas de los últimos años. La Comisión Legal Sol está interponiendo demandas porque considera que las sanciones impuestas en concentraciones pueden ser constitutivas de delito y ya ha conseguido que se admita a trámite una de ellas. La misma suerte ha corrido la querella presentada por los diputados de IU Ricardo Sixto y Alberto Garzón por la persecución que se hizo a los manifestantes del “Rodea el Congreso” del 27 de octubre.

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