UPA y COAG piden que se prohiba el «fracking» por los «riesgos» que conlleva

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La Alianza por la Unidad del Campo, integrada por UPA y COAG, reclamó hoy a las administraciones que no autoricen en Castilla y León el empleo de la técnica del ‘fracking’ o fractura hidráulica para la extracción de gas.

Las dos organizaciones agrarias se mostraron “radicalmente en contra” del uso de una “técnica agresiva en el subsuelo para la ruptura de rocas y piedras a través de una inyección de fluido a elevada presión que, supuestamente, contiene agua, arena y productos químicos”. Este fluido, matizaron en nota de prensa que recoge Ical desde la alianza, tiene “una fase de retorno que en parte emerge a la superficie junto al gas permaneciendo en el subsuelo desde donde podría migrar hacia la superficie o hacia los acuíferos”.

UPA y COAG consideraron que “no hay suficiente información y transparencia sobre las repercusiones que puede tener la mezcla de estos componentes químicos”, por lo que “ante el más mínimo riesgo que comporta para la población, el medio ambiente, y por lo tanto para actividades como la agricultura y ganadería no puede permitirse su uso”.

Los agricultores y ganaderos de las zonas en las que se están tramitando las solicitudes de los permisos de investigación se encuentran, en opinión de ambas opas, en “una situación de indefensión”, debido a “la falta de transparencia que rodea estas concesiones y al oscurantismo y poca disposición de las administraciones” para informar sobre los sondeos con profundidades de entre 3.000 y 5.000 metros que se realizan

De igual manera, criticaron la escasez de información sobre la composición exacta de la mezcla de agua y sustancias químicas -ácidos, bioácidos, bactericidas, inhibidores de la corrosión, reductores de fricción, fluidificantes, etc.- que se inyecta en la roca para fracturarla y liberar el gas que teóricamente se encuentra atrapado.

La “aplicación del principio de prudencia que parece imperar en otros países de nuestro entorno” es lo que desde UPA y COAG reclaman a la Junta de Castilla y León para que ésta, en consecuencia, “rechace las autorizaciones a las empresas que pretendan utilizar esta peligrosa técnica en la Comunidad Autónoma”.

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