Hacienda autoriza hasta 52 millones en sobresueldos variables a 698 directivos de empresas públicas

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Sáenz de Santamaría dijo una verdad a medias cuando calculó en 9,7 millones el ahorro en salarios: se refería solo a la parte fija de los sueldos. El coste total autorizado para pagar al colectivo supera los 100 millones, unos 150.000 euros anuales por ejecutivo.

El Ministerio de Hacienda autorizó en 2012 unos sobresueldos variables de 52 millones de euros para los 698 altos directivos de las 141 empresas públicas dependientes de los ministerios de Fomento, Industria, Educación, Defensa, Agricultura, de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y de Patrimonio. Los ingresos totales previstos para este colectivo podían ascender a 105 millones de euros, una media de 150.000 euros anuales por ejecutivo.

La mitad de la cantidad total, hasta 53 millones, se entregaron en concepto de salarios fijos, con una horquilla desde 105.000 euros anuales para los primeros ejecutivos de las 11 grandes empresas del sector (RTVE, Renfe, Navantia, Loterías, entre otras), hasta 43.000 a los altos directivos de menor rango en las entidades estatales más pequeñas.

La otra mitad, hasta los 52 millones citados, se autoriza en base a la aprobación de dos complementos, uno dependiendo del puesto de responsabilidad que se ocupa (su cuantía máxima es del 60% del salario base) y el otro, denominado “variable”, otorgado en base al cumplimiento de objetivos (con un tope en el 40%). “En ningún caso la retribución total” -fija más variable- “podrá exceder el doble de la retribución básica”, según ordena Hacienda.

Para aprobar este régimen retributivo, el departamento que encabeza Cristóbal Montoro utilizó el sigiloso sistema de tres “órdenes ministeriales comunicadas” que tienen la peculiaridad de que solo se remiten a los organismos afectados y pueden ser difícilmente conocidas por la opinión pública. En ellas también se especifica que esta estructura de recompensas se “prorrogará para sucesivos ejercicios, salvo que se dicte una nueva orden ministerial que la sustituya o modifique”.

Media verdad

Soraya Sáenz de Santamaría, que en febrero de 2012 había comunicado la decisión del Gobierno de bajar el salario de los altos cargos de empresas públicas entre el 25% y el 35%, se apresuró a declarar el 17 de diciembre que el Estado ha ahorrado un total de 9,7 millones de euros en un año con la rebaja del sueldo de los directivos de las sociedades mercantiles empresariales.

La vicepresidenta del Gobierno decía sólo una media verdad ya que únicamente podía referirse a la parte fija de los salarios de los 698 ejecutivos de las empresas públicas dependientes del Gobierno central. Es más, las declaraciones de Sáenz de Santamaría delatan que el Gobierno ha elegido la parte alta de la horquilla de remuneraciones para este colectivo. Los 9,7 millones de ahorro a los que se refería tan solo suponen el 18% de los 53 millones en suelos fijos y se sitúan muy por debajo del objetivo de economizar hasta el 35% de las retribuciones. Por supuesto, si la vicepresidenta del Gobierno incluía en ahorro citado también la cuantía de los complementos, los ahorros anunciados apenas llegarían al 9% del coste total del personal directivo.

Tampoco parece demasiado riguroso que un cargo tan notable del Gobierno de la nación se apresure a mediados de diciembre a cuantificar los ahorros de una política salarial anunciada en febrero de 2012, pero articulada en las órdenes comunicadas del Ministerio de Hacienda en el mes de abril, máxime cuando la mitad de las remuneraciones se articulan mediante complementos variables.

Soraya Sáenz de Santamaría prometió al anunciar la rebaja salarial de hasta el 35% que los complementos variables del salario “estarán absolutamente ligados” al cumplimiento de los objetivos de cada una de las sociedades. Difícilmente los directivos públicos pueden haber mostrado sus habilidades en tan corto lapso de tiempo, y tampoco el Gobierno ha tenido tiempo para evaluar la consecución de los objetivos marcados, máxime cuando Sáenz de Santamaría ni siquiera esperó al final del ejercicio para cantar victoria.

Discrecionalidad

A todos los directivos se les ha bajado el sueldo fijo entre un 25% y un 35%, si atendemos a la comunicación de la vicepresidenta del Gobierno. Pero no todos los altos directivos reciben complementos variables, según ha podido saber eldiario.es de fuentes de las empresas del sector. Las ordenes ministeriales comunicadas de Hacienda ya dejaban claro que la cuantía de los sobresueldos “será fijada por quien ejerza el control o la supervisión financiera de la entidad o por el accionista”. Esta disposición otorga una gran discrecionalidad a los responsables políticos que controlan las administraciones para que decidan sobre una importante bolsa salarial según sus intereses. De hecho, Hacienda en sus órdenes comunicadas establece que “no tendrán consideración de máximo responsable o directivo quienes estén vinculados por relación funcionarial”.

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