Los detenidos el 25S denuncian a más de 80 policías por torturas y detención ilegal

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Un total de 27 de los 35 detenidos el pasado 25S durante la concentración “Rodeo el Congreso” de Madrid han presentado este jueves una denuncia contra más de 80 policías por presuntas torturas y detención ilegal, entre otras infracciones penales.

Agencias

El abogado Eric Sanz Bremond ha especificado que la denuncia se dirige contra los agentes de la Policía Nacional que intervinieron en las detención, los que custodiaron a los detenidos, así contra todos ellos que resulten responsables en el marco de la investigación que se inicie.

Tras las detenciones por los altercados, la magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Madrid, en funciones de Guardia de Detenidos, acordó la libertad de 34 de los 35 apresados.

Cada uno de ellos se enfrenta a la imputación de la supuesta comisión de los delitos de atentado y/o desórdenes públicos, según el caso. Por otro lado, se acordó la prisión provisional, eludible bajo fianza de 1.000 euros, de un detenido más en relación con estos hechos y sobre el cual recaía una imputación de la supuesta comisión de dos delitos de atentados y de desórdenes públicos.

“Estuvieron mirando a la pared durante más de seis horas sin que se les facilitase asistencia médica ni agua; el Samur tuvo que rogar a la Policía para que les diera agua; se les negó la medicación prescrita; la ventilación de las celdas eran intermitentes, haciendo mucho calor o frío; se apagaron las luces durante el día y se encendían durante la noche; no se dieron mantas y la comida era un bote de fabada fría y un brick de leche; algunas personas hicieron sus necesidades dentro de la celda”, ha denunciado el letrado.

Asimismo, ha denunciado que los policías estaban sin identificar y que realizaban constantes mofas y actos de intimidación contra los apresados. Además, se ha quejado que incluso durante el traslado el conductor del vehículo policial tiraba de frenos para que los detenidos chocaran unos contra otros.

MANIFIESTO:

Vivimos tiempos de incertidumbre. Los que hoy estamos aquí hemos vivido una situación que viene a demostrar que aún perviven métodos y estrategias represivas que el sistema pretende convencernos de que están superadas. Por eso, además de la denuncia que hoy hemos tramitado, queremos reflexionar junto a la sociedad sobre una situación latente que nos afecta a todos: el constante e imparable deterioro de la democracia y el consiguiente aumento de la represión policial.

Nosotros hemos sido golpeados violentamente, detenidos injustificadamente y, una vez en el calabozo, hemos sido humillados, insultados, amenazados y amedrentados durante 48 horas, negándosenos incluso el agua o una manta. Estos graves acontecimientos no debería ocurrir en ningún lugar amparado por la democracia, sean los detenidos culpables de sus delitos o no. Este único hecho debería abrir ya un profundo debate en nuestra sociedad.
Pero más allá del trato sufrido, y de los posibles delitos que se hayan cometido sobre nosotros y que hoy hemos denunciado aquí, queremos incidir en que esta situación no representa para nada un hecho aislado o particular. La represión sobre el ciudadano la estamos viendo cada día, en pequeñas actuaciones que, sumadas, confirman una ideología de Estado que debe preocupar y movilizar a la sociedad:

1)    Estado de Derecho ficticio Es propio de regímenes autoritarios proteger a sus torturadores. Y hoy, vemos como el gobierno indulta, por segunda vez, a cuatro Mossos d’Esquadra condenados nada más y nada menos que por torturas a un ciudadano que, para colmo, resultó ser inocente.
2)    Omitir responsabilidades Y es propio de regímenes ajenos a la democracia mentir y no investigar aquellos hechos que ponen en evidencia su actuar contra derecho, o hacerlo sólo cuando la evidencia queda bochornosamente patente ante la sociedad. Así una mujer puede perder un ojo por un pelotazo de goma mientras la clase política niega la propia existencia de la pelota de goma; o una columna de policías puede irrumpir en la estación de Atocha de Madrid golpeando, amedrentando y atemorizando a los ciudadanos sin que ninguna responsabilidad sea exigida a sus ejecutores o incluso les condecoren.
3)    Criminalización de las legítimas protestas El Estado, que debiera amparar al ciudadano, ahora ha invertido sus funciones para amedrentarlo y coaccionarlo. Y lo hace identificando y multando sistemáticamente a todo aquél que apoya una protesta o que, simplemente, estaba allí; y lo hace además descalificando el legítimo acto de protestar, llegando incluso a criminalizarlo acusando a los manifestantes de atentado contra las altas instituciones públicas.
4)    Privatización de la justicia Como paso lógico de la represión se llega a un proceso para alejar la justicia del ciudadano a golpe de tasa, llenando así las arcas del Estado, depauperadas por la mala gestión de la clase dirigente.
5)    Presupuestar la represión Y el aumento de la represión queda a la luz con unos presupuesto generales que elevan en un 1.780% (sin errata) la partida destinada a la compra de material antidisturbios a la par que no se revalorizan las pensiones.
6)    Permeabilidad de los poderes Como característica innegable de regímenes autoritarios debemos citar al poder judicial como una mera extensión del poder ejecutivo, y no como su complemento. Así, los detenidos del 25-S salimos
de los juzgados con más cargos de los que la propia policía nos había imputado en sus atestados y después de pasar más tiempo del debido en el calabozo por el intento de no sé sabe qué instancia gubernamental de hacer que el poder judicial nos remitiera a la Audiencia Nacional, como si de terroristas nos tratáramos.

Pero también queremos denunciar aquí hoy las sanciones administrativas (multas) con las que se sanciona indiscriminada e injustificadamente a quien protesta o incluso a quien sin protestar pasaba por allí, persuadiendo así al ciudadano a que no se manifieste y sumando a la par miles de euros para las arcas del Estado. Denunciamos todas y cada una de las detenciones injustificadas que se pueden observar en casi cada concentración. Denunciamos las identificaciones arbitrarias. Denunciamos la brutalidad policial contra la ciudadanía que protesta por lo que considera por llo que es justo y legítimo.

Se podría seguir añadiendo ejemplos de esta deriva autoritaria del Estado, pero algunos de los puntos esenciales están ya reflejados.

Un gran porcentaje de ciudadanos, de todas las condiciones e ideologías, hemos llegado a un punto en el que, como ciudadanos, sentimos vergüenza: vergüenza al abrir los periódicos y ver cómo la corrupción campa a sus anchas, cómo el pueblo es ninguneado, cómo la codicia particular triunfa sobre el bien público y cómo los poderes públicos gobiernan de espaldas al pueblo, del que emana su legitimidad.

Queremos recordarles a esos mismos poderes públicos que la represión y la violencia no van a solucionar sus problemas, y que más bien es una muestra de debilidad de un Estado que languidece al no haber sabido o no haber querido estar a la altura de las circunstancias.

Denunciamos a la clase política que se preocupa de cómo engañar cada cuatro años para poder seguir sirviendo a los intereses oligárquicos del gran capital. Denunciamos cómo crean y utilizan cualquier asunto, incluído este, como cortina de humo y desvíar la atención sobre los problemas estructurales y de fondo.

Esta es una llamada de atención para que los poderes públicos rectifiquen su modo de actuar. Pero también es una llamada de atención para que la sociedad reflexione sobre hacia dónde nos dirigimos como sociedad y si el estado actual de las cosas es el que verdaderamente queremos. Porque si nuestros representantes no ejercen como tales, y sólo miran por la forma de perpetuarse, tal vez sea hora de que la sociedad despierte, no se deje amedrentar y refunde los cimientos de la democracia.

En definitiva, denunciamos a los autores materiales e intelectuales de esta POLÍTICA DEL MIEDO, cuyo objetivo es amedrentar y desactivar a las personas, tanto a las más activas como a las que empiezan a concienciarse.

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