Jueces y fiscales niegan que su protesta sea por permisos o extras, sino que va “más allá” [Santander]

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Concentración de jueces y fiscales

Foto: EUROPA PRESS

Las Salesas acoge una nueva concentración y una paro contra las medidas legislativas del Gobierno para la Administración de Justicia

 

Los jueces y fiscales de Cantabria han vuelto a expresar su rechazo a las últimas medidas legislativas del Gobierno de España para la Administración de Justicia y han aclarado que “no es verdad” que las protestas de estos gremios en España sean por permisos o pagas extraordinarias de Navidad –como aseguró el ministro del área, Alberto Ruiz Gallardón, al que han acusado de intentar “desprestigiarles” para “justificarse”–, sino que van “más allá”.

Así lo han expresado este miércoles los representantes en Cantabria de algunas de las asociaciones de jueces y fiscales que respaldan las protestas que se están llevando a cabo a nivel nacional  durante la concentración celebrada este miércoles en el patio interior del Complejo Judicial de Las Salesas, en Santander.

En esta protesta contra la ley de tasas, la reforma de la estructura y competencias del Consejo General del Poder Judicial y el estatuto de la carrera judicial, los jueces y fiscales cántabros, que han estado respaladados por abogados y otros trabajadores de la Administración de Justicia, han opinado que las últimas declaraciones de Ruíz Gallardón son un “insulto a la inteligencia”.

En declaraciones a los medios de comunicación, el portavoz en Cantabria de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Jaime Anta, ha opinado que las últimas declaraciones de Ruíz Gallardón son un “insulto a la inteligencia” y ha reconocido que le “sorprende muncísimo” que un ministro de España “esté desprestigiando, para justificarse, a un poder del Estado”, como el judicial, con afirmaciones que –ha reiterado– “sencillamente no son verdad”.

Anta ha señalado que los jueces y fiscales no están defendiendo en estas protestas contra la ley de tasas, la reforma de la composición y funciones del Consejo General del Poder Judicial y el estatuto de jueces “intereses personales”, sino de los ciudadanos.

De hecho, ha asegurado que la ley de tasas les reduce el trabajo a los jueces, que, “si fueran cínicos”, tendrían –ha dicho– que estar “celebrándolo con champán”, y no afecta la labor de los fiscales, pero han dedicido protestar porque “son ciudadanos y no pueden admitir que se cercene la tutela judicial efectiva” de una manera “tan brutal”, impidiendo a la gente a que acuda a la Administración de Justicia.

Anta se ha referido a otro de los proyectos de ley contra los que protestan, a falta de aprobar por el Senado, que es el que, según ha dicho, “elimina prácticamente” la posibilidad de que sustituciones externas, incrementando la carga de trabajo a los titulares, y llevando el “colapso” a la Administración de Justicia.

Por ello, ha considerado “muy importante” una “reacción ciudadana” contra estas medidas legislativas del Gobierno de España y ha asegurado que es la “única esperanza” que tienen.

Anta se ha quejado de que España tiene la tasa de juez por habitante “más baja de Europa”, “minúscula”, que es “la mitad de la de Alemania” lo que, según ha dicho, significa que cada juez en España hace el trabajo de dos del país germano y ahora se pretende que haga el de tres.

Por su parte, la magistrada del Juzgado de los Social número 2 de Santander, Nuria Perchín, ha explicado que la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial en relación a la estructura y competencias del Consejo General del Poder Judicial pretender “desapoderar” a este órgano de las mismas y trasladarlas al Ministerio.

Por ello, en el comunicado que han leído han exigido que el CGPJ mantenga su actual estructura y competencias y han rechazo cualquier modificación que “mine la independencia del Poder Judicial”.

Al respecto, Anta, que ha criticado que es un “incumplimiento fragante” del programa electoral del PP en el que se comprometía a la despolitización de la Justicia, ha considerado una “vergüenza” que España ocupe la posición número 60 del mundo en independencia judicial, por detrás de países como Arabia Saudí, Suriman o Gambia.

Cuestionada por los medios de comunicación, y en la misma línea que Anta, Perchín ha rechazado también las declaraciones de Ruíz Gallardón y ha afirmado que “no se concentran” porque les reduzcan permisos ni pagas extras y ha recordado que la carrera judicial ha secundado dos huelgas en dos años sin que se les hubiera reducido estos permisos ni quitado la paga extra.

Según ha asegurado, las protestas tienen “más calado” y su motivación “más estructural”.

A preguntas de los periodistas sobre si Ruiz Gallardón podría dar marcha atrás con sus reformas legislativas, ha señalado que las protestas y paros –como el que también se ha llevado a cabo en todas las sedes judiciales desde las 12.00 a las 13.00 horas– pretenden hacerlo, si bien ha reconocido que su tramitación está “muy, muy avanzada”.

“Será decisión suya si tienen en cuenta las manifestaciones y opiniones de la carrera judicial y de la fiscal”, ha aseverado Perchín.

Aunque los jueces han asegurado que, por ahora, están protestando contra estas tres reformas legislativas creen que puede haber más contra otras.

Por su parte, en representación de las asociaciones de fiscales, Isabel Secada, ha asegurado que Ruíz Gallardón ha aportado una “interpretación bastante parcial” de las protestas de los trabajadores de la Administración de Justicia que van “mucho más allá” de perder la paga extra de Navidad o días de permiso.

“Protestamos por muchas cosas”, ha afirmado Secada, quien ha señalado que su servicio puede quedar “notoriamente empeorado” por las reformas legislativas del Gobierno.

Sin embargo, la representante de los fiscales ha reconocido que “no pueden negar” que también protestas por aspectos económicos, cono la paga extra, o sus permisos.

Por su parte, la portavoz de Jueces para la Democracia Esther Castanedo ha reclamado un “interlocutor válido que entienda que el derecho a la tutela judicial efectiva no se pude comprar”. “Si hay que pagar por ello no es efectiva”, ha añadido.

Castanedo ha asegurado que, desde Jueces por la Democracia, pueden “asumir” bajadas de sueldo o una mayor carga de trabajo, pero no pagar para acceder a la tutela judicial efectiva.

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