Los médicos madrileños retoman la huelga indefinida

Comparte este artículo:

El objetivo es la retirada del Plan de Medidas de Garantía de la Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público, que incluye la privatización de la gestión de seis hospitales públicos y 27 centros de salud, entre otras. Y dado que tanto el presidente, Ignacio González, como el consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, siguen reiterando que no dan marcha atrás y que lo único que ofrecen es negociar cómo se va a aplicar la reforma, la huelga indefinida convocada por la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (Afem) continúa esta semana, de lunes a jueves. Mañana (en realidad empieza hoy a las diez de la noche) y pasado coincidirá además con la huelga total del sector sanitario convocada por todos los sindicatos.

El plan de González, presentado el 31 de octubre junto con los Presupuestos de 2013 supone un cambio radical del modelo sanitario, que avanza como nunca hacia la privatización de la gestión. Todo el sector sanitario público (75.000 trabajadores) está llamado a la huelga mañana. Por primera vez, los seis sindicatos de la mesa sectorial se han puesto de acuerdo, tanto los de clase (CC OO, UGT, CSIT-UP) como los profesionales (Satse, de enfermería; Amyts, de médicos, y Usae, de auxiliares de enfermería). Los servicios mínimos equivalen a los de un domingo o festivo, aunque unidades como diálisis, oncología, cuidados paliativos, urgencias o trasplantes funcionarán al completo.

La semana pasada los paros del sector sanitario tuvieron un seguimiento del 85%, según los sindicatos de la mesa sectorial, y del 26% según la Consejería de Sanidad. Parte de la discrepancia se debe al recuento de los servicios mínimos. Este diario hizo un muestreo el primer día según el cual un 80% de los trabajadores que podían hacer huelga en los centros de salud la hicieron y un 50% en los hospitales. La huelga de médicos convocada por Afem el miércoles y el jueves pasado volvió a tener cifras discordantes: 85% según los convocantes; 32% según la Consejería.

El viernes pasado la Plataforma de Trabajadores y Usuarios por la Sanidad Pública entregó en la sede de la Consejería de Sanidad casi un millón de firmas para exigir la retirada del Plan de Sostenibilidad. Ayer domingo la iniciativa Abraza tu hospital congregó a miles de sanitarios y ciudadanos alrededor de los centros públicos, que rodearon con una cadena humana en apoyo de la gestión pública.

El plan del Gobierno regional que ha incendiado la sanidad madrileña consiste, entre otras cosas, en la privatización total de la gestión de los seis hospitales que se inauguraron en 2008. Actualmente son empresas públicas de gestión mixta: toda la actividad no sanitaria depende de compañías que cobran un canon anual del Gobierno regional, mientras que el personal sanitario lo pone la Administración. La Comunidad de Madrid ha anunciado que disolverá las empresas públicas del hospital Infanta Leonor (Vallecas), Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes), Infanta Cristina (Parla), Hospital del Henares (Coslada), del Sureste (Arganda) y del Tajo (Aranjuez), y sacará a concurso la gestión sanitaria, lo que quiere decir que médicos y enfermeras pasarán a estar contratados por empresas.

Si bien la gestión privada ya no es una novedad en la región —los hospitales de Valdemoro, Rey Juan Carlos de Móstoles y Torrejón de Ardoz son concesiones administrativas—, el plan de Ignacio González la introduce por primera vez también en la atención primaria. Según sus planes, 27 de los 270 centros de salud se “externalizarán”: su gestión se sacará a concurso para adjudicarla a profesionales agrupados en sociedades o a empresas del sector. El objeto de las medidas es, según la Comunidad, el ahorro. La gestión privada, argumentan, es más eficiente.

Cerca de 600 jefes de servicio de una veintena de hospitales enviaron la semana pasada una carta al consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, en la que aseguran que “el cambio radical” en el modelo de gestión que se propone “no tiene evidencia previa ni garantía que vaya a suponer un ahorro real para los ciudadanos”. “Tenemos todas las razones para mantener dudas sobre la efectividad de esta medida, que nos parece aventurada, por incierta y arriesgada”, afirman, y añaden que “hay razones para pensar que puede conducir a una falta de equidad en el acceso a las prestaciones sanitarias de los pacientes”. Reiteran, por último, “el rechazo al conjunto de medidas del plan”.

Comparte este artículo: