El juzgado de instrucción número 45 de plaza de Castilla ha suspendido esta mañana la vista en la que se iba a juzgar a ocho activistas antidesahucios porque la Policía Nacional ha detenido a uno de ellos a las puertas de los juzgados minutos antes de empezar el juicio.
La arrestada ha sido Felícita Vázquez, de 56 años, que a las once de la mañana acudía a la plaza de Castilla para participar en la concentración de apoyo que les habían organizado indignados y miembros de la PAH. Según han relatado varios de los presentes a este periódico, la Policía Nacional ha identificado a medio centenar de asistentes. Felícita les ha mostrado la citación del juzgado pero, al negarse a mostrar su DNI los agentes la han detenido y trasladado a la comisaría de Moratalaz, según ha explicado el abogado de la PAH que lleva su caso, José Manuel Hernández.
Los ocho activistas están acusados de haber desobedecido supuestamente a los agentes de la Policía Nacional cuando intentaban impedir el paso de la comisión judicial que ejecutaba el lanzamiento de Olga Teresa Cabrero, en el distrito madrileño de Tetuán, el pasado mes de marzo. Es el segundo juicio de estas características que se celebra en Madrid, según precisa el portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de la región, Chema Ruiz.
Los activistas —que pertenecen a diferentes asambleas de barrio del 15-M y a la PAH— se enfrentan a multas de hasta 24.000 euros, según reza el comunicado que la plataforma ha colgado en su página web. Según el atestado policial, estas ocho personas trataron de evitar el paso de la comisión judicial intentando impedir así que se llevara a cabo el lanzamiento de un desahucio que fue finalmente ejecutado.
El tercer intento de desahucio de Olga Teresa Cabrero, una ecuatoriana 48 años gravemente enferma del pulmón, tuvo lugar el pasado 28 de marzo en el número 4 de calle de Berruguete. Como cualquier otro acto de Stop Desahucios, los activistas intentaron negociar la condonación de la deuda con Bankia, la entidad que concedió la hipoteca para la adquisición de su vivienda. Según relata Isabel, miembro de la asamblea del 15-M de Tetuán que no quiere dar su apellido, fue imposible. «Teresa quería volver a su país natal y pedía quedarse unas semanas más en su casa antes de emprender el viaje para no verse en la calle, pero la comisión judicial no cedió». Una de las activistas encausadas, Felícita Vázquez, ha contado a este periódico que Teresa mostró los volantes médicos que certificaban la enfermedad crónica que sufre —y por la que cobraba una pensión de 600 euros— junto al billete de avión a la comisión, pero sin ningún resultado.
Ante esta negativa, los activistas formaron un cordón para impedir la entrada del edificio de la comisión judicial. Felícita, miembro de la PAH, cuenta que los activistas esperaron la última palabra de Bankia hasta el último momento, cuando aparecieron dos furgonetas de la Unidad de Intervención Policial. En pocos minutos, los antidisturbios empezaron a disolver el cordón. «Pasé mucho miedo al ver cómo mis compañeros lloraban por el fuerte dolor que les provocaba la presión que los agentes les ejercían en las sienes», cuenta esta vecina de Leganés, de 56 años.
Un mes después, los ocho activistas recibieron la carta del juzgado de instrucción número 45 de plaza de Castilla, que les notificó su imputación por desobediencia a la autoridad.