Veinte familias vallisoletanas de todas las clases sociales y procedentes de distintos puntos de la capital y la provincia solicitaron este jueves de forma simultánea ante los distintos jueces de primera instancia un aplazamiento de la ejecución inminente del proceso de desahucio en el que todas ellas están ahora inmersas. La iniciativa partió del grupo de desahucios del 15-M, cuyos abogados redactaron las alegaciones sobre la base de un documento elaborado por el Consejo General de la Abogacía Española. «Lo que pedimos es que se paralicen temporalmente los alzamientos a expensas de la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) sobre si los contratos hipotecarios españoles contienen cláusulas abusivas», resume uno de los portavoces de este movimiento, Luis Miguel Durán.
Los afectados, acompañados por integrantes del grupo de desahucios, se concentraron por la mañana ante la entrada de los juzgados de la calle Nicolás Salmerón para después presentar sus solicitudes ante los jueces que llevan sus casos.
«Sabemos que la resolución del tribunal europeo puede tardar dos o tres meses y que si dictamina, como parece, a favor de las conclusiones de su abogada general (Juliane Kokott), eso puede suponer una modificación de la ley procesal que permitiría plantear alegaciones a los desahucios sustentadas por la existencia de cláusulas abusivas», resume el integrante del grupo de desahucios, quien recuerda que «si no paralizan los desahucios y luego se resuelve esta cuestión es posible que acabáramos denunciando a los bancos por aplicar estas cláusulas». Este grupo del 15-M atiende en la actualidad a más de ochenta familias solo en Valladolid.