Madrid reafirma su plan privatizador tras la masiva protesta en sanidad

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La sanidad madrileña planta cara a los planes privatizadores

Ni dos días de huelga, ni la opinión unánime de la oposición ni la nutrida manifestación que recorrió ayer el centro de Madrid van a hacer que la comunidad dé marcha atrás a sus planes de privatización de la gestión de seis hospitales y 27 centros de salud. El presidente de la Comunidad, Ignacio González, dejó ayer claro que no renunciará al plan aunque los sindicatos “amenacen” con prolongar el paro, que está siendo masivo y prácticamente ha vaciado los ambulatorios.

El Ejecutivo “no tiene ningún plan de acoso, ni de derribo contra nada”, dijo. Sindicatos, trabajadores y oposición cometen “una irresponsabilidad” cuando “mienten” a los ciudadanos, continuó. “Nadie está privatizando la sanidad, es falso de toda falsedad (…) La sanidad va a seguir siendo universal y gratuita y de la máxima calidad”. Y añadió: “Se trata de mantener en funcionamiento los servicios públicos extraordinarios que se han construido en los años de bonanza” y que ahora corren peligro por la crisis.

Es el único que lo piensa. Los portavoces del Parlamento regional criticaron ayer el inmovilismo del Gobierno, que solo ha rectificado su plan de desmantelar el hospital de la Princesa para convertirlo en un centro para atender a personas mayores.

Se aferra González a que los ciudadanos no deben notar ningún cambio porque sean empresas privadas las que gestionen la sanidad y en que, de acuerdo con el vídeo que sacó el lunes el PP, seguirá siendo suficiente con la tarjeta sanitaria para tener derecho a la asistencia sanitaria (no ya a las recetas, para las que se prevé un copago de un euro). Por eso se niega a llamar privatización a que el servicio lo presten empresas que obtendrán un posible beneficio de esta atención. Sus argumentos no convencieron a los manifestantes ni a los huelguistas.

La protesta fue rotunda en primaria; el apoyo a la huelga estuvo por encima del 90%. Ese es el resultado de la prospección que realizó este periódico en casi una veintena de centros de salud de Madrid, Móstoles, Alcorcón, Fuenlabrada y Torrejón de Ardoz. Los datos hechos públicos por los empleados de los diferentes centros sanitarios se asemejan a los aportados por los sindicatos del ramo.

Por ejemplo, la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM) cifró en un 87% el seguimiento medio del primer día de huelga en los centros de primaria. Este porcentaje se mantuvo ayer con pequeñas variaciones. Por el contrario, la Comunidad de Madrid rebajó el porcentaje de huelguistas al 27,41% en Atención Primaria en el turno de mañana; y del 37,62% por la tarde. Además de la huelga, trabajadores de cerca de más de 150 centros de salud de la Comunidad de Madrid habían realizado durante la noche anterior encierros, bajo el lema Noche Blanca.

Los pacientes, principales perjudicados, oscilaban entre la compresión y la protesta. Por ejemplo, en el centro de salud Rosa Luxemburgo (San Sebastián de los Reyes), solo dos médicos de los 30 trabajadores acudieron a su puesto de trabajo. En el centro se llegaron a crear colas frente al mostrador a pesar de que es el segundo día de huelga. “Es normal que estén luchando por la sanidad. Es la de todos”, decía una señora en la cola. Otros no estaban tan de acuerdo. Y exigían que les atendieran. “Algunos nos apoyan de palabra, pero si les duele algo quieren pasar a consulta”, aseguró un trabajador.

En la manifestación de ayer no había dudas. “Este es el nuevo tratamiento: cura sana culito de rana, si no pagas hoy, pagarás mañana”, fue una de las proclamas más repetidas. No era solo personal sanitario. También había pacientes y sus familias. Paloma Martínez era una de ellas. “Tenemos un caso de cáncer en la familia. Los resultados de las últimas pruebas tardaron en llegar cuatro meses y el cáncer se había reproducido”, dice. “La atención médica es inmejorable, pero no puede ser que se produzcan estas demoras”, se quejó.

Lospolíticos vienen a la pública porque funciona”, dice una enfermera

Los trabajadores del hospital Gregorio Marañón encabezaban la protesta. Muchos empleados de este hospital se vistieron con sus batas o con sábanas de las camas, como si fueran fantasmas. El color predominante fue el blanco, pero los más jóvenes reconocieron ver su futuro “muy negro”. “No veo posibilidades de trabajo. Así que me tendré que ir fuera de Madrid o de España”, se lamentaba Marta Jiménez, de 30 años y médico residente en el servicio de Cirugía Torácica del hospital de La Princesa.

“¿Por qué los políticos vienen a la pública cuando tienen algo grave?”, se preguntaba Carmen Ignacio, enfermera del Gregorio Marañón desde hace 33 años. La respuesta, en su opinión, es porque “funciona estupendamente”. “Este plan va a degenerar en una premisa: o te gastas el dinero o te mueres”, añadió crudamente Mariam Jiménez, también enfermera. “Se va a perder la asistencia sanitaria de calidad”, subrayaba.

El temor compartido es que la gestión privada haga caer la calidad de la sanidad. Rian Villaseñor, de 30 años, sabe que ese miedo no es infundado. Esta enfermera trabajó hasta el pasado septiembre, cuando la despidieron, en el hospital de La Princesa; antes ejerció en una clínica privada, en la que asegura que atendía “al doble de pacientes”. “Y no los atiendes igual”, puntualiza.

Jaime García es técnico de Radiología. Lleva 10 años trabajando de noche en el Gregorio Marañón, pero antes trabajó 15 en un hospital de gestión privada. “No funciona, hay enfermos que no les interesa tratar porque son muy caros”, decía entre cánticos a favor de la sanidad pública. “Todos somos conscientes de que hay que recortar, pero no en Salud. Si hubiesen consultado al colectivo, probablemente les hubieran dado muchas ideas”, afirma.

Si, como decía el portavoz de UPyD, Luis de Velasco, no había datos para asegurar que la gestión en manos privadas sea más efectiva, el debate recibió nuevos alientos con un trabajo de la revista Journal of Health Policy, Politics and Law. En él, los autores, de la Universidad de Duke, afirman que “aunque los efectos variarán dependiendo de la forma de la financiación privada”, ellos concluyen que “es más fácil” que esta “perjudique que beneficie a los sistemas públicos”.

Lo que parece claro es que Madrid ha adoptado un camino que ya inició la Comunidad Valenciana y hacia el que se dirige también Castilla-La Mancha, aunque la protesta en Madrid, por unitaria, esté siendo la más visible. Lo que no es tan evidente es su ahorro.

 

La Federación de Asociaciones de Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) insiste en que, según sus cálculos, el modelo de gestión privada encarece a medio y largo plazo la atención en más del 25%. Para calcularlo, la FADSP ha dividido el presupuesto de cada centro por el número de camas y el resultado es que, por ejemplo, la plaza de un centro privado como el Infanta Leonor cuesta más de 500.000 euros al año, mientras que el más caro de los públicos, el del Clínico, está en 337.000.

A las 19.30, la cabecera de la manifestación llegó a Sol, donde una pancarta resumía el malestar ciudadano: “No enferméis por encima de vuestras posibilidades”.

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