Análisis de Stop Desahucios 15M Valladolid de las medidas urgentes del Gobierno sobre desahucios

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LAS SOLUCIONES DE FONDO NECESITAN MÁS LUCHA Y MÁS MOVILIZACIÓN

El Gobierno por la vía del Real Decreto Ley 27/12 ha aprobado el 15 de noviembre pasado unas medidas que llama “para la protección de los deudores hipotecarios”.

Ello ocurre en medio de una gravísima situación en la que miles y miles de personas han perdido sus viviendas y otras miles están a punto de perderlas.

Ello ocurre tras importantes movilizaciones sociales frente a los desahucios y por el derecho a la vivienda y también a los pocos días de ocurridos los suicidios de varias personas que iban a ser desahuciadas.

Ocurre además cuando desde diversos ámbitos se alzan voces contra elementos intolerables de la situación y de la propia legislación hipotecaria y procesal, elementos estos que desde hace tiempo vienen siendo denunciados por las plataformas de afectados y por nuestro grupo de desahucios del 15M.

No nos llevamos a engaño porque sabemos que las hipotecas sobre vivienda han sido un elemento fundamental de la especulación financiera de los últimos años anteriores a la crisis y porque los sucesivos Gobiernos que han tenido la oportunidad de abordar este problema, no lo han hecho.

Desde el Grupo de Desahucios del 15 M creemos que conviene analizar a fondo lo que han decidido para saber afrontarlo y valorarlo.

Se acuerdan dos elementos principalmente, la suspensión del lanzamiento (expulsión judicial o extrajudicial de la vivienda) y la futura creación de un fondo social de viviendas.

En cuanto a la suspensión del lanzamiento de la vivienda

Se trata exclusivamente de que, en determinadas circunstancias las familias no puedan ser lanzadas de sus viviendas en aquellos procedimientos de ejecución hipotecaria que ya estuvieran iniciados a 16 de noviembre de 2012 y siempre que la vivienda se la hubiere adjudicado en subasta el Banco.

Esta medida de suspensión del lanzamiento tiene una duración de dos años, es decir, se podrá acordar hasta el 16 de noviembre del 2014.

No se paraliza, ni se modifica para nada el procedimiento de ejecución judicial o notarial que seguirá su curso normal conforme a la Ley de Enjuiciamiento Civil. Es decir, todo sigue su curso pero llegado el lanzamiento éste se paraliza, siempre que esto ocurra antes de 16 de noviembre de 2014.

Las familias que durante esos dos años podrían ser lanzadas deben reunir dos tipos de requisitos para poderlo evitar:

  1. En cuanto a la especial vulnerabilidad de las unidades familiares que deben  de hallarse en alguno de los siguientes supuestos:

a) Familia numerosa, de conformidad con la legislación vigente.

b) Unidad familiar monoparental con dos hijos a cargo.

c) Unidad familiar de la que forme parte un menor de tres años.

d) Unidad familiar en la que alguno de sus miembros tenga declarada discapacidad superior al 33 por ciento, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma permanente para realizar una actividad laboral.

e) Unidad familiar en la que el deudor hipotecario se encuentre en situación de desempleo y haya agotado las prestaciones por desempleo.

f) Unidad familiar con la que convivan, en la misma vivienda, una o más personas que estén unidas con el titular de la hipoteca o su cónyuge por vínculo de parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, y que se encuentren en situación personal de discapacidad, dependencia, enfermedad grave que les incapacite acreditadamente de forma temporal o permanente para realizar una actividad laboral.

g) Unidad familiar en que exista una víctima de violencia de género, conforme a lo establecido en la legislación vigente, en el caso de que la vivienda objeto de lanzamiento constituyan su domicilio habitual.

Se entiende por unidad familiar la compuesta por el deudor, su cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita y los hijos, con independencia de su edad, que residan en la vivienda, incluyendo los vinculados por una relación de tutela, guarda o acogimiento familiar. De esto parece deducirse que quedan excluidas las situaciones de las personas que vivan solas.

  1. Además de hallarse en alguna de las situaciones anteriores, en cuanto a las circunstancias económicas de los interesados deben de darse todos y cada uno de los siguientes requisitos:

a) Que el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar no supere el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples. (Actualmente 532,51 € al mes durante 2012).

b) Que, en los cuatro años anteriores al momento de la solicitud, la unidad familiar haya sufrido una alteración significativa de sus circunstancias económicas, en términos de esfuerzo de acceso a la vivienda. Se entiende que esto se ha producido cuando el esfuerzo que represente la carga hipotecaria sobre la renta familiar se haya multiplicado por al menos 1,5.

c) Que la cuota hipotecaria resulte superior al 50 por cien de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar.

d) Que se trate de un crédito o préstamo garantizado con hipoteca que recaiga sobre la única vivienda en propiedad del deudor y concedido para la adquisición de la misma.

En cuanto al Fondo Social de Viviendas.

Se contempla en términos muy ambiguos en el sentido de que el Gobierno y las Entidades Financieras promoverán un fondo social de viviendas para que a las personas que hayan perdido la suya y en las que concurran las situaciones familiares antes señaladas se les facilite el acceso a la vivienda con rentas asumibles en función de sus ingresos.

Hasta aquí las medidas acordadas con carácter urgente que si bien pueden servir para paralizar los lanzamientos en casos extremos, y si se ha conseguido ésto es gracias a la lucha, dejan sin resolver los problemas fundamentales relacionados con las hipotecas y el problema de la vivienda.

El Grupo de Desahucios viene exigiendo principalmente tres cosas que no se cumplen con el Real Decreto Ley:

  1. Una moratoria durante dos años

Una moratoria es un aplazamiento de la obligación de pago de los vencimientos durante ese período (de capital e intereses). Es decir una interrupción del contrato hipotecario durante ese tiempo sin que se devenguen intereses, y sin que se puedan iniciar procedimientos de ejecución hipotecaria.

Se solicita que sea de aplicación para todos los supuestos (familiares o individuales), de compara de primera y única vivienda habitual en la que se haya producido una insolvencia sobrevenida de buena fe (no buscada a propósito). La insolvencia sobrevenida es la que se provoca por cambio en las circunstancias económicas, debido a la pérdida de empleo o actividad, enfermedad, accidente, …

Lo aprobado no se trata de una moratoria en la que se interrumpe la obligación de pago de capital e intereses (o de alguno de los dos) por el deudor. No, todo sigue igual excepto que una vez concluido el procedimiento hipotecario no se podrá proceder a la expulsión (lanzamiento de la vivienda).

Por tanto, todos los defectos del procedimiento hipotecario, desde su sumariedad hasta la imposibilidad de intervención judicial, las nulas posibilidades de defensa, …., siguen igual.

Por tanto, hasta la subasta se seguirán generando intereses ordinarios y de demora para los plazos ya vencidos, y a partir de la subasta se despachará ejecución contra el deudor por la cuantía principal, intereses, costas y gastos) que no resulte amortizada por el precio pagado en la subasta (que como sabemos, cuando se trata de la vivienda familiar es del 60% del valor de tasación que se haya fijado en la escritura de hipoteca).

2.  La Dación en pago

Es decir, la entrega de la vivienda (primera vivienda), saldando con ello toda la deuda con la entidad Bancaria, siempre que el deudor lo solicite.

Hay que recordar que la “dación en pago” está contemplada en la Ley Hipotecaria, pero sólo como posibilidad. Es decir, que para que pueda exigirse hay que haberla pactado e incluido en las escrituras al constituir la hipoteca.

No se ha incluido porque no interesaba ya que el negocio estaba y está en el mantenimiento del endeudamiento y el cobro de intereses.

Por tanto la dación en pago es posible y de fácil solución, sólo hace falta voluntad política de hacerlo.

Solo habría que cambiar la Ley Hipotecaria en el sentido de que a partir de ahora es una cláusula obligatoria de los contratos de hipoteca sobre vivienda, y hacerlo extensivo a los contratos de Hipoteca constituidos anteriormente.

Así por ejemplo, se ha modificado por Decreto los contratos de trabajo por tiempo indefinido vigentes, modificando la indemnización por despido improcedente.

  1. Alquiler social. Se pide para las familias que han perdido su vivienda, y      preferentemente para permanecer en la misma con unos alquileres proporcionales a sus ingresos.

En las medidas del Gobierno se define como un compromiso genérico que probablemente tenga relación con lo que va a ser el “Banco Malo”. El alquiler social quedaría reservado a aquellas viviendas peores, periféricas, baratas, etc… que no tendrán salida para la venta en el mercado y que están en inminente riesgo de deterioro o de ocupación mientras estén vacías. Al Banco Malo irán a parar aquellas viviendas que puedan volver en condiciones aceptables al mercado, con buenas expectativas de nuevos negocios para la banca.

En conclusión, para nada se tocan los intereses de la Banca. Se pretende frenar el efecto social de los desahucios permitiendo que sus habitantes puedan permanecer un tiempo en las viviendas a la vez que pagan una renta y cuidan de ellas. Se está organizando como continuar con el negocio y la especulación en relación a las viviendas.

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